El diputado del PPD y miembro de la Comisión de DD.HH de la Cámara, Tucapel Jiménez, señaló que “me parece extraño que la Contraloría se omita voluntariamente de ejercer el control de legalidad de una de las herramientas menos republicanas que existen, como es el indulto presidencial, propio de las monarquías”.
“Es por eso que es bueno transparentar si fue la Contraloría quién solicitó esta exención o hubo algún tipo de presión por parte del gobierno. Y también quisiéramos saber si el gobierno está abierto a indultar a internos de Punta Peuco. Si es así, se iría en contra del derecho internacional”, afirmó el diputado Jiménez.
El parlamentario indicó que “puede ser que no hayan indultos masivos como dice el ministro Larraín, pero basta el indulto de un solo asesino de Punta Peuco, para que como país vivamos un tremendo retroceso en materia de DD.HH”.
Finalmente, el legislador sostuvo que “la Contraloría da un cheque en blanco al gobierno para eventualmente poder liberar a condenados de lesa humanidad y pagar favores políticos. Un indulto no debe tener menos controles, por el contrario, debe tener más mecanismos de fiscalización para evitar su uso abusivo e inadecuado. Sólo hay que recordar lo ocurrido con PPK y Fujimori en Perú”.
Santiago de Chile, 17 de mayo 2018
Crónica Digital
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Jue May 17 , 2018
El papa Francisco sostendrá hoy las dos últimas reuniones con 34 obispos chilenos con quienes reflexiona desde hace dos días sobre los abusos de poder, sexuales y de conciencia, ocurridos en la iglesia católica de ese país. En línea con lo anunciado previamente por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los encuentros se realizan en la más ‘estricta confidencialidad’, sin otra información posterior que la ofrecida al concluir la audiencia del primer día, a través de un escueto comunicado de su director, Greg Bruke. Al indicar que el encuentro se realizó a las 16:00 hora local, el funcionario señaló que el sumo pontífice entregó a cada obispo el texto con los temas de meditación, pues desde ese momento y hasta la reunión siguiente, efectuada la víspera a las 18:00, se abría un tiempo dedicado exclusivamente a meditar y orar. Muchas son las conjeturas sobre el saldo de estas jornadas, de las cuales se derivarán inevitablemente medidas ‘a corto, mediano y largo plazo para restaurar la comunión eclesial en Chile, con el fin de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia’, como expresó Francisco en carta a los obispos en abril. Para llegar a ese punto será necesario ‘determinar la responsabilidad de todos y cada uno en esas heridas devastadoras, así como el estudio de los cambios adecuados y duraderos que impidan la repetición de actos siempre reprobables’, según lo planteado en el llamado a Roma. En opinión del reconocido vaticanista del diario La Stampa, Andrea Tornielli, como consecuencia del proceso de investigación y análisis es de esperar medidas contra los cuatro obispos pertenecientes a la confraternidad sacerdotal del pedófilo en serie Fernando Karadima, suspendido de por vida de la actividad sacerdotal en 2011. El cuarteto mencionado por Tornielli está integrado por los obispos Juan Barros, de Osorno y figura central del escándalo, acusado de encubrir los desmanes de Karadima; Horacio Valenzuela, de Talca; Tomislav Koljatic, de Linares; y el auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, quien está gravemente enfermo. Entre otros posibles involucrados, el periodista incluye a prelados quienes rebasaron la edad canónica y prestan servicio en condición de prórroga, como el cardenal arzobispo de la capital chilena, Ricardo Ezzati, el nuncio apostólico, Ivo Scapolo, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, emérito de Santiago. Errázuriz estuvo en Roma para asistir el 24 y 25 de abril últimos, a la vigésimocuarta reunión del Consejo de Cardenales asesores del Papa para el gobierno de la iglesia católica y la revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, del cual será miembro hasta junio próximo al cumplir su mandato de cinco años. La mira de analistas y periodistas interesados en el tema está centrada también sobre el jesuita español Germán Arana, a quien se atribuye la investigación sobre Juan Barros antes de su nombramiento por Francisco como obispo de Osorno, el 15 de enero de 2015. Acciones ejemplarizantes exigieron Juan Carlos Cruz, James Hamilton Sánchez y José Andrés Murillo, víctimas de abusos por miembros del clero chileno, al considerar […]