El Estudio se desarrolló enfocado en la integridad personal de los/as privados de libertad, midiendo así los niveles de ocupación de los recintos, su infraestructura, su higiene y salubridad, las condiciones de preparación y distribución de la alimentación, y las condiciones laborales que se registran en ellos.
También la aplicación de regímenes disciplinarios, la segmentación de la población penal, las riñas y agresiones entre personas privadas de libertad, las muertes de personas bajo la custodia del Estado y la asistencia médica para quienes están en la cárcel.
De las visitas a los centros llaman la atención algunos de los datos obtenidos, por ejemplo, en materia de higiene y de acceso a agua potable, no hay acceso al elemento vital las 24 horas en 22 cárceles, es decir en la mitad de los recintos visitados. Además, es recurrente que las personas se vean expuestas a problemas tales como la inadecuada circulación de aire de las celdas, instalaciones eléctricas artesanales, colapso de las infraestructuras sanitarias, limpieza insuficiente y plagas, entre otras.
Es común que las personas privadas de libertad se vean obligadas a orinar y defecar en tarros o botellas plásticas, con las consecuencias que prácticas de este tipo generan, como malos olores y enfermedades.
Llamó la atención también que en 24 de las unidades penales visitadas (61,5%) no hay camas para toda la población penal, y que 11 no cuentan con venusterios, es decir, dependencias en las cuales los /as internos pueden sostener relaciones sexuales.
En materia de seguridad aún subsisten al interior de las cárceles malos tratos y el uso de la violencia por parte de algunos funcionarios/as, y una falta de confidencialidad para la interposición de denuncias por posibles abusos cometidos. Todo sumado a prácticas de amedrentamiento y castigo.
Ejemplo de lo anterior es el alto número de allanamientos que se realizaron en los años 2014 y primer semestre de 2015 en los penales de Antofagasta, Illapel, Valparaíso, Chillán, Biobío, y Concepción) , y el caso de la cárcel de Puerto Natales en donde existía una ejecución diaria de esta práctica de revisión.
Se evidencia una leve disminución en el número de celdas de aislamiento, que pasan de 269 el año 2014 a 257 el primer semestre del año 2015.
En cuanto a las cifras de fallecimientos a causa de riñas y/o agresiones se registran en el periodo medido que éstas son más frecuentes en la población masculina, registrándose 52 en 2014 y 18 en 2015.
El Instituto constató también que hay una carencia en la dotación general de médicos y especialistas, y que las dolencias de los/as internos/as no son tomadas en cuenta con la debida seriedad, siendo frecuente que vuelvan a sus celdas sin ningún tipo de tratamiento, por ejemplo para el dolor.
El INDH observó que existe una limitada y casi nula atención de salud mental para quienes están privados/as de libertad.
Destacan avances en las condiciones de aseo y salubridad de las cocinas, ya que se observaron en diversas unidades espacios y ambientes aptos para la manipulación de alimentos.
En años anteriores el INDH publicó el Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile 2011 – 2012, a propósito de la tragedia que se produjo en la cárcel de San Miguel en 2010 y que terminó con la vida de 81 personas. En este sentido el Estudio 2014-2015 da seguimiento a situaciones presentadas en el anterior documento, buscando contribuir a la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.
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Santiago de Chile, 19 de mayo 2018
Crónica Digital
