Confirma, además, su negativa a reconocer los comicios de ayer, para lo cual alegan que la elección no se ajusta a lo que esos gobiernos consideran ‘estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente’.
Anuncia que los citados países tomarán también represalias diplomáticas, pues ‘llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela’, a modo de protesta por las elecciones de este domingo.
El nuevo texto plantea solicitar a las autoridades respectivas de cada país para notificar al sector financiero y bancario del posible riesgo de realizar operaciones con el gobierno de Venezuela sin el aval de la opositora Asamblea Nacional.
La medida supone un boicot a operaciones como pagos y créditos recíprocos de comercio exterior, similar al que practica ya Estados Unidos, lo que tiende a agudizar la crisis económica venezolana.
Anuncia también gestiones ante organismos financieros internacionales y regionales para que nieguen préstamos al gobierno de Venezuela, sin el aval de su Asamblea Nacional.
Sin embargo, los gobiernos firmantes expresan estar preocupados ‘por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela’.
El anuncio incluye intercambiar información sobre casos sobre supuesta corrupción de personas o empresas venezolanas y hacer ‘análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo’, lenguaje que suele usar Washington contra el gobierno bolivariano.
La declaración informa, además, de la presentación de un proyecto de resolución contra el gobierno de Venezuela y reuniones sobre temas migratorios y de salud referidos a la nación bolivariana.
Adelanta también que el grupo seguirá haciendo seguimiento a la situación venezolana para ‘adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva’ para que Venezuela renuncie a su sistema político y establezca el de los países firmantes.
Lima, 21 de mayo 2018
Crónica Digital /PL