El Gobierno boliviano cumplió el fallo dictado por el Ciadi y firmó contrato para el pago de 42,6 millones de dólares a favor de la empresa chilena Quiborax, informaron hoy fuentes oficiales.
El procurador general del Estado, Pablo Menacho, comunicó que con esta actuación Bolivia cumple estrictamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, bajo el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre Bolivia y Chile.
«Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países» mencionó.
Menacho explicó, además, que se firmó un Contrato Transaccional para el pago de 42,6 millones de dólares a favor de Quiborax, con el cual se logró reducir un 72 por ciento del monto inicial que pretendía cobrar la empresa chilena, que ascendía a 150,8 millones de dólares.
También, dijo, se logró una disminución de 25 por ciento al laudo del Ciadi, de 57,2 millones de dólares, tomando en cuenta que Quiborax renunció voluntariamente al 20 por ciento de la indemnización total, 50 puntos porcentuales de los intereses y a 100 por ciento de los costos por el laudo.
Por tanto, significó, el monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es 42,6 millones de dólares en total.
La controversia surgió en julio del año 2004, a raíz de la revocatoria de concesiones mineras a la empresa boliviana (con mayoría de capitales chilenos) Non-Metallic Minerals S.A., durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa.
Tal medida se llevó a cabo vulnerando las disposiciones de la Ley 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías previas a la declaratoria de nulidad de dichas concesiones, proceso que debió realizarse en un plazo de 60 días que no fue cumplido.
Por su parte, el Tribunal Arbitral del Ciadi concluyó que la medida adoptada por el ex presidente Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso y no se llevó a cabo de conformidad con la Ley.
En ese sentido declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
La Paz, 8 de junio 2018
Crónica Digital /PL
