AVANZAN FUERZAS DE CENTRO-DERECHA EN COMICIOS MUNICIPALES ITALIANOS

El aumento de la abstención, junto al predominio de las fuerzas de centro-derecha, emergen hoy como los aspectos más relevantes de los comicios en 761 municipios italianos.

 

Los resultados preliminares de la consulta concluida la víspera realizada la víspera en siete mil 995 secciones electorales, apuntan a un notable incremento de la presencia de las agrupaciones conservadoras al frente de los gobiernos locales, impulsadas por el impetuoso crecimiento de la Liga.

La asistencia a las urnas en esta ocasión fue de 61,19 por ciento de los seis millones 749 mil 654 electores convocados, seis por ciento menos que la cifra registrada en los comicios anteriores.

El objetivo de estos comicios fue elegir alcaldes, integrantes de concejos municipales y de dos circunscripciones de Roma con segunda vuelta, donde sea necesaria, el próximo día 24, en las ciudades de más de 15 mil habitantes en disputa.

En regiones con estatuto especial como Tretino-Alto Adige, Valle d’Aosta y Friuli-Venecia Julia, los comicios se efectuaron entre el 29 de abril y el 27 de mayo último.

Del total de municipios disputados la víspera, 109 poseen más de 15 mil habitantes, entre ellos las capitales provinciales de Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Téramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa y Trápani.

Roma, 11 junio 2018
Crónica Digital /PL

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Desde hace 28 años los Gobiernos transicionales han venido sistemáticamente pisoteando los derechos de las víctimas sobrevivientes, omitiendo y transgrediendo los tratados internacionales suscritos por Chile y desentendiéndose de su ineludible obligación de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN. Todo esto cómo consecuencia de impúdicos pactos de impunidad con la dictadura y sus verdugos. Pacto que es parte del juego político, que pone todo al servicio de voraces expoliadores, de los mercaderes insaciables de riqueza y poder, que han institucionalizado la corrupción y la inmoralidad, comprando votos y voluntades, instalando así en nuestro país, el neoliberalismo más brutal de todo el orbe.Estos dichos se respaldan en la cruda realidad que podemos observar hoy. Pasado ya 28 años de la vuelta a la “democracia”, no se ha logrado establecer el destino de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento sólo unos cuantos juicios han terminado con una condena y la mayoría de ellos a penas tan bajas en relación a los crímenes cometidos, que les permite cumplir la pena en libertad en sus casas, y aquellos que llegan a cumplir penas efectivas lo hacen en cárceles de lujo. Para ello los tribunales siguen aplicando argumentos como la “irreprochable conducta anterior”, además de aberraciones jurídicas, como la media prescripción, que al aplicarse bajan considerablemente las penas y permiten el cómodo cumplimiento de ellas en el seno de la familia. En el caso de los ex prisioneros políticos y torturados, gracias al artículo 15 de la Ley 19.992, la impunidad es completa ya que el Gobierno en vez de entregar las denuncias a los tribunales de justicia, para que se investigue y sancione los crímenes de tortura, ordenó en esa ley el secreto más estricto sobre los antecedentes denunciados por las víctimas de prisión política y tortura. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, es el Estado, quien tiene la obligación de denunciar estos hechos ante los tribunales de justicia, para que éstos a su vez puedan investigar y castigar a los responsables. Pero contrariamente, en Chile, desde el Estado se ha montado una maquinaria de encubrimiento y de impunidad, que ha impedido investigar a los criminales y torturadores. La falta de justicia, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, impide a la sociedad tener una correcta percepción ante los horrores cometidos durante los 17 años de dictadura; es la que permite la relativización moral: el negacionismo. La falta de justicia anima a sectores más conservadores y pinochetistas, a desarrollar una campaña para aumentar los niveles de impunidad; disfrazadas como campañas humanitarias que buscan la liberación de los pocos condenados que se encuentran recluidos en Punta Peuco. Criminales que disfrutan de una cárcel de lujo, perciben sus pensiones millonarias, acrecentadas con bonos por un supuesto estrés postraumático, de su “guerra sucia”. Detrás de este objetivo se ha logrado alinear a políticos e instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional (TC), al paralizar algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, o la Contraloría General de la Republica, entregando, un cheque en blanco al presidente Piñera para indultar a los criminales […]

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