Por José Orellana: DEPREDACIÓN DEL RECURSO ESTRATÉGICO LITIO: UN ASUNTO NEOLIBERAL

Por José Orellana

Cuando los hermanos Ponce Lerou hicieron reingreso a SOQUIMICH en condición de asesores, se evidenció la muy ‘mala negociación que había realizado el Estado Chileno vía CORFO con la minera privada, donde la cabeza de turco, Eduardo Bitrán, fue descubierto en un muy mal logro de contrato para impedir todas las posibilidades de reingreso de los mismos a su propia empresa para tomar decisiones estratégicas o repetir conductas de financiamiento ilegal u otras que no vislumbró.

Intensamente, durante una semana, los medios de comunicación expusieron el desaguisado, quedando la sensación de que Bitrán fue un carente negociador por no impedir el reingreso de los Ponce Lerou y la de un gobierno incapaz de meterse en la ejecución de un contrato público-privado mientras SOQUIMICH permanece incólume por su decisión de permitir la operación que dejó las reservas de un recurso natural estratégico como el litio en manos de capitales privados. Si bien, SQM informó que finalmente Julio Ponce Lerou finalmente no será asesor de la empresa  “para así poner término a las referidas discrepancias de opinión”.

La pregunta posterior que se instala, entre varias, es ¿cómo se pronunció el sistema político en general sobre esta situación?, y la respuesta inmediata es que bien livianamente, más bien parece una ‘gárgara política por obligación’ respecto de una preocupación real y de fondo. Por otra parte en el Congreso y el sistema de partidos no se observaron muy proactivos por asumir otra conducta sobre este recurso natural estratégico. Algunos comentaristas críticos indicaron que debe entenderse así, producto de las acciones de corrupción que aún son vigentes en relación al  financiamiento ilegal de la política, siendo posible y hasta entendible.

También preocupa que desde la Sociedad Civil no existan mayores pronunciamientos sobre este escándalo fuera del estupor, rabia o ira que provoca la acción y el trato de pusilánimes que se nos endosa como sociedad ante la valoración del recurso. Es decir, “Démosle no más hasta dónde nos aguantan, además rápido se olvida”. Pero no hay más. De pronto, una convocatoria a marcha por nacionalizar el litio sin mayor convocatoria ni cobertura mediática del duopolio.

La invitación de autoimposición es cómo derivamos a otro modelo de desarrollo, donde la nacionalización de los recursos naturales estratégicos sea asumida y valorada en las grandes mayorías populares, como ya ocurrió con el cobre, vía chilenización y nacionalización. Es decir, el futuro de este recurso natural estratégico se encuentra definitivamente perdido en las dinámicas neoliberales, no sólo de forma mayoritaria en el actual gobierno, sino que también en parte importante del sistema de partidos, por defecto lo mismo en el Congreso. Además, y más preocupante aún, ante una Sociedad Civil indolente por lo que implican los hechos en cuestión y que se declara desafectada y en anomia participativa ante estos casos de corrupción.

Qué buena sería la articulación de varias Geografías de la Multitud por los Recursos Naturales, como sí ha ocurrido con la cuestión educacional, o bien, con las problemáticas feministas, o los conflictos socioambientales. Quizás, haciendo sentidos comunes populares por concepto de bono individual gracias a estos recursos (la recurrente lógica del voucher), la nacionalización de este recurso natural, como otros, sí active la siempre necesaria y natural inquietud de colectivo. ¡Qué paradójica situación!, recomendando un instrumento neoliberal para el logro de la nacionalización de los recursos naturales.

(*) Geógrafo, cientista político. Académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Candidato a Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH.

Santiago de Chile, 29 de junio 2018
Crónica Digital

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Este miércoles 27 de junio, la Corte Suprema acogió el recurso de revisión y anuló la sentencia dictada por el Consejo de Guerra realizado en octubre de 1973 en la ciudad de Temuco, luego de establecer que las confesiones de los condenados fueron obtenidas bajo tortura. El fallo reabre el debate en torno a la necesidad declarar la nulidad de dichas sentencias por estar enmarcadas en un contexto de represión y genocidio, tal como lo planteara el diputado Hugo Gutiérrez en un moción parlamentaria que presentó en el año 2016. El fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte Suprema que anuló la sentencia del juez militar Héctor Bravo Muñoz, y que absolvió a los 23 condenados al comprobar su completa inocencia por considerar que los consejos de guerra convocados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 estuvieron enmarcados en una política de represión implementada por la Dictadura, reabrió la discusión sobre el término definitivo de las sentencias emanadas de dichos consejos. De hecho, fue el diputado Hugo Gutiérrez quien recordó a través de sus redes sociales que fue en septiembre del 2016 cuando presentó un proyecto de Ley que declara la nulidad de las sentencias de los Consejos de Guerra con motivo y ocasión del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y de los hechos que se produjeron a continuación de éste. El diputado Gutiérrez sostuvo al respecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha obligado al Estado chileno a revisar los fallos dictados por dichos consejos, dictados durante la dictadura militar, que terminaron en muchos casos en sentencias de muerte a cientos de chilenos. “Es el momento de que ese fallo de la Corte Interamericana se haga realidad, por eso presenté este proyecto de ley que lo que hace es cumplir lo que nos dice la Corte y que es anular todos los fallos emitidos por los Consejos de Guerra que juzgaron a miles de ciudadanos por traición a la patria, por hechos ocurridos con anterioridad al 11 de septiembre de 1973”, sostuvo Gutiérrez. Gutiérrez concluyó que “hay que pensar en chilenos que fueron acusados de traición a la patria por haber sido parte del Gobierno de la Unidad Popular. Eso no puede seguir siendo tolerado, por lo que la Corte pidió que se revisaran todos los fallos. En ese sentido, lo más oportuno es que de una vez por todas señalar por vía legal que todos los fallos dictados por los Consejos de Guerra que fueron los que primero aplicaron el exterminio de chilenos, tienen que ser anulados”. Proyecto de ley: https://bancadapc.files.wordpress.com/2016/09/proyecto-de-ley-que-declara-la-nulidad-de-las-sentencias-de-los-consejos-de-guerra.docx Santiago de Chile, 29 de junio 2018 Crónica Digital

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