La ‘extradición por la acusación de malversación de fondos públicos es admisible; una extradición por la acusación de rebelión no es admisible’, indicó en un comunicado la citada corte del norte de Alemania, según diversas versiones periodísticas.
Con esta decisión, los jueces cumplen en parte con el pedido realizado por la Fiscalía General regional.
Siguiendo la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena, instructor de la causa en el TS, el Ministerio Público solicitó a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político secesionista como su extradición a las autoridades de Madrid.
Sin embargo, el tribunal de Schleswig-Holstein reiteró los argumentos expuestos previamente, en los que apuntó que no se produjo el grado de violencia ‘suficiente’ para imputarle a Puigdemont el delito de rebelión.
Tampoco aceptó el cargo de perturbación del orden público, planteado por Llarena en el caso de que no se admitiese, como finalmente sucedió hoy, la principal acusación que figuraba en la orden de detención europea emitida por el Supremo.
La audiencia territorial sí dio luz verde a la petición de extradición por presunta malversación de fondos públicos, en relación con la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, celebrado por las autoridades catalanas pese a su prohibición.
No obstante, decidió que el líder separatista no entre en prisión preventiva, como propuso la fiscalía, pues ‘siempre’ cumplió con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.
Puigdemont fue destituido por el otrora gobierno central de Mariano Rajoy tras impulsar la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña, aprobada el 27 de octubre de 2017 por el parlamento de esa rica comunidad autónoma nororiental.
El 25 de marzo fue arrestado en un área de servicio del norte de Alemania, en virtud de una orden de captura europea emitida dos días antes por el TS.
La decisión de la audiencia territorial de desestimar el delito de rebelión, al no apreciar violencia en el plan secesionista, supuso un revés para el ejecutivo español, que recurrió al frente judicial con el fin de frenar las aspiraciones independentistas en Cataluña.
Madrid, 12 julio 2018
Crónica Digital /PL
