Con sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana, Texaco, ahora parte de Chevron, extrajo más de mil millones de barriles de petróleo de Ecuador y ocasionó una de las mayores catástrofes ambientales de la historia de la humanidad, 80 veces superior a los daños por el derrame del British Petroleum en el golfo de México y al de Exxon Valdez en Alaska.
En la diligencia, la instancia rechazó la acción de protección interpuesta por la compañía, que pedía revocar sentencias de primera y segunda instancia emitidas por la Corte Provincial de Sucumbíos y la Corte Nacional de Justicia, según las cuales, Chevron debe pagar una indemnización por nueve mil 500 millones de dólares.
De acuerdo con el fallo de última instancia, no existe vulneración de derechos constitucionales a la compañía, para anular la condena de 2013.
Sobre el dictamen, el Frente de Defensa de la Amazonía afirmó que en la resolución de la Corte Constitucional prevalecieron los derechos de las comunidades afectadas y alertó sobre acciones, en Canadá, para cobrar a la transnacional.
‘Esa persistencia de los pueblos, esa unidad, da sus frutos y aquí estamos para decirle al país y al mundo que es posible lograr justicia cuando el pueblo se une, no importa cuan grande sea el oponente’, señaló Pablo Fajardo, el abogado que lleva el caso a favor de los indígenas.
El letrado enfatizó en que tardó 25 años, ‘un cuarto de siglo’, lograr la victoria en esa lucha, la cual, aún continúa.
Igualmente, precisó que Chevron ha gastado en ese caso más de dos mil millones de dólares para evitar el triunfo de los pueblos, pero resultaron vencidos.
‘La sentencia emitida por la Corte no es únicamente una sentencia contra Chevron, es contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero, contra el crimen corporativo global directamente’, afirmó.
En esa misma línea, añadió que la determinación sienta un gran precedente en el mundo: ‘que los pueblos indígenas unidos, son capaces de lograr acceso a la justicia’.
‘No queda dudas, ya no hablamos jamás del supuesto daño ambiental de Chevron. Hablamos del crimen social, ambiental y cultura comprobado judicialmente’, sentenció.
Según datos del Centro de Derechos Económicos y Sociales, son más de 30 mil los damnificados por lo que consideran crímenes de la corporación.
Quito, 12 de julio 2018
Crónica Digital /PL
