Por Cindy Aracena Rojas: INCLUSIÓN EDUCATIVA

La inclusión hace referencia a la forma en que las escuelas dan respuestas a la diversidad, sin exclusión alguna. Se entiende por tanto que la diversidad implica atender en espacios comunes diferencias de tipo cultural, socioeconómicas, intelectuales, entre otras, considerando así la heterogeneidad como lo normal y donde el centro de la preocupación es el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.

Es importante entonces reflexionar en torno a cuáles son las barreras que existen para que niños y niñas accedan a aprendizajes significativos  y lo más trascendental aún, reflexionar y tomar medidas para eliminar o minimizar dichas barreras, ya que si se habla de escuela sin exclusiones a priori se sabe que quienes acuden a ella tienen diferencias de todo tipo y que a pesar de ello se debe luchar para que tenga la posibilidad de acceder a los aprendizajes… a lo mejor de diferente manera… a lo mejor en tiempos diferentes.

Para crear condiciones en que funcionen escuelas para todos y todas resulta fundamental transformar sistemas y políticas educativas, además del funcionamiento propio de las escuelas y las prácticas docentes. Es necesario crear progresivamente condiciones que  permitan llevar a la práctica modelos de enseñanza que faciliten la participación y por sobre todo los aprendizajes de los estudiantes. Cabe entonces preguntarse: ¿Qué competencias queremos que nuestros estudiantes logren? ¿Qué cambios en el estilo de enseñanza se deben producir? ¿Cómo debería orientarse el trabajo colaborativo al interior de las escuelas? ¿Qué aspectos son importantes evaluar?.

Sí, gran desafío, avanzar hacia escuelas que den cabida a niños y niñas donde se valoren sus diferencias y ellas se consideren como una oportunidad de aprendizaje para todos. El primer paso para ello lo hemos de dar cuando aceptamos las diferencias al interior de las aulas promoviendo el trato equitativo de quienes allí asisten, cuando asumimos la responsabilidad de un cambio, cuando nos comprometemos con el otro, todo a pesar de las ya sabidas exigencias de nuestro  sistema educativo.

Cindy Aracena Rojas
Académica
Universidad Central La Serena

Santiago de Chile, 26 de julio 2018
Crónica Digital

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A raíz de las llamadas viviendas sociales de Lavín, las que por lo demás no lo son, tal como lo hemos acreditado en columnas de opinión publicadas en medios digitales y en la radio Bio Bío, y ya que ahora está de moda hablar de inclusión e integración en las ciudades, esperaríamos que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, imponga con actuaciones concretas en la agenda pública el gravitante asunto de la igualdad en la utilización del recurso suelo disponible.  Así las cosas, esperamos que las actuales autoridades lleven a la práctica el proyecto de ley que Patricia Poblete, cuando era ministra del ramo, envió al Congreso Nacional para que todo proyecto inmobiliario a ejecutarse contemplara al menos que el 5% de sus inmuebles fueran viviendas sociales, pero de verdad, propuesta que se archivó rápidamente porque, según sus detractores, lesionaba los intereses comerciales de la industria de la construcción. ¿se atreverá Monckeberg ha activarlo? Ya que estamos hablando de viviendas sociales y dado que la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, las ha emprendido en contra de las numerosas familias que habitan en la Comunidad Ecológica de Peñalolén porque un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia anuló una modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) respectivo que buscaba aumentar la densidad habitacional en ciertos sectores de esa comuna, entregando incluso normas de edificación para un área verde, estadio El Sauzal, lo que no podía hacer por imperativo legal, tenemos la obligación de desmentirla ya que ella dice que esa sentencia impedirá la construcción de viviendas sociales para allegados que viven en su territorio jurisdiccional. Un poco de historia : Cuando Claudio Orrego ejercía el cargo de Alcalde de Peñalolén, quien asumió esa responsabilidad después del arquitecto Carlos Alarcón, le solicitó a la consultora del arquitecto Daniel Jadue, hoy alcalde de Recoleta, que se hiciera cargo de los estudios para aumentar la densidad habitacional en algunos sectores de esa comuna, lo que fue rechazado de plano por un combativo movimiento ciudadano liderado por el concejal Lautaro Guanca. Para zanjar la discusión se convocó a un plebiscito ganado en buena lid por quienes no querían los cambios propuestos por la autoridad municipal. Mientras tanto, esperando ansiosamente el cambio en las reglas del juego, un reconocido actor inmobiliario con buena llegada a la institucionalidad, se puso de acuerdo con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), dependiente del Minvu, para venderle su predio de 4 hectáreas en el precio máximo fijado para las compras de terrenos que hace ese servicio de la administración del Estado : en este terreno, si el aumento de densidad hubiera sido legal, estaba previsto levantar viviendas sociales. Conocemos a diversas familias que viven en esa Comunidad Ecológica, como también conocemos su territorio y por ello estamos en condiciones de contradecir a la alcaldesa Leitao, quien no ha perdido oportunidad para asegurar en la prensa que los titulares de la acción judicial, llevada a cabo por el abogado Luis Mariano Rendón, no querían tener como vecinos a familias que ocuparan esas viviendas sociales. Los fundamentos del fallo de la máxima instancia judicial del país estableció que : 1) la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) […]

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