Los encargados de gestionar la consulta recibirán una preparación a nivel territorial en la mayor de las Antillas, que tiene 15 provincias y 168 municipios.
En aras de facilitar el dominio del proyecto aprobado el 22 de julio en la primera sesión ordinaria de la IX Legislatura del Parlamento, las autoridades esperan distribuir esta semana 600 mil ejemplares, documento también disponible en sitios de Internet.
La víspera concluyó en esta capital un seminario nacional de dos días sobre el proceso de consulta popular, calificado de sin precedentes en Cuba para una carta magna.
De acuerdo con la Asamblea Nacional, participaron en la preparación más de 280 representantes del Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, las instituciones armadas y la Cancillería, entre otras entidades de la sociedad.
El texto que será sometido al criterio de todos los cubanos se compone de un preámbulo, 224 artículos (87 más que la actual Constitución, vigente desde 1976), divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones.
Después de la consulta, el proyecto regresará al Parlamento para las discusiones destinadas a establecer un documento final, el cual sería sometido a un referendo popular para su aprobación o no, que pudiera tener lugar a principios de 2019.
El proyecto fue elaborado por una comisión de 33 diputados a la Asamblea Nacional, grupo encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro, e integrado por dirigentes como el segundo secretario de esa organización política, José Ramón Machado Ventura, y el presidente, Miguel Díaz-Canel.
En un discurso pronunciado en ocasión del Día de la Rebeldía Nacional, el 26 de julio en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, Raúl Castro, convocó a los habitantes del país caribeño a emitir criterios y aportar elementos sobre el documento analizado hace apenas unos días por los parlamentarios, debates en los que se emitieron más de un centenar de opiniones y propuestas.
La iniciativa llevada a consulta popular ratifica el carácter socialista de Cuba y el papel rector en la sociedad del Partido Comunista, y prevé cambios en la estructura del Estado, entre ellos la creación de los cargos de presidente y vicepresidente de la República, y de primer ministro, en reemplazo del actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.
También amplia los derechos de las personas, con cuestiones como las garantías del debido proceso, el Habeas Corpus, la presunción de inocencia y la reinserción social de los privados de libertad.
Además, recoge varias formas de propiedad, entre ellas la socialista de todo el pueblo, la mixta y la privada; y cambios en la institución del matrimonio, ya que lo define como la unión entre dos personas, mientras que la carta magna vigente lo refleja como la unión concertada voluntariamente entre un hombre y una mujer.
La Habana, 31 de julio 2018
Crónica Digital /PL
