Otros dos criminales condenados por delitos de lesa humanidad recibieron libertad condicional por la Corte Suprema de Chile, mientras familiares de víctimas de la dictadura reaccionaban con indignación.
Suman ahora siete los casos de sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet, instalada de forma sangrienta en 1973 hasta su final en 1990.
El tema provocó una airada protesta de grupos de derechos humanos y asociaciones de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, que realizaron una manifestación en las afueras de los Tribunales de Justicia de Chile.
Los nuevos liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; y el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) que encabeza Lorena Pizarro, entregó una carta de repudio a lo sucedido a la Corte Suprema, que, dijeron, «violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el Nunca Más».
«Permítanos recordarles a los ministros (de la Corte), que la legislación internacional (…) si fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio que considere la libertad anticipada», señaló la misiva.
Entre ellas, prosiguió, haber manifestado su voluintad de cooperar con la justicia y facilitar espontáneamente sus decisiones.
En el texto, la AFDD y otras organizaciones puntualizaron que el hecho de que 28 años después del fin de la dictadura, «sigamos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de los perpetradores no hayan sido juzgados» habla por sí mismo.
Criticó a todos los gobiernos pasados y en particular al actual por ser incapaces de adecuar la legislación interna a los estándares de derechos humanos y a convenciones de las cuales Chile es signatario.
En declaraciones a la prensa, la abogada de derechos humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, aseguró que el dictamen del máximo tribunal infringe la jurisprudencia internacional y es una vergüenza para el país austral.
Opinó que el fallo de la Corte Suprema es peligroso para la institucionalidad del país pues estable una fórmula de impunidad a esos criminales.
Lorena Pizarro consideró que lo ocurrido, muestra a un poder del estado que no respeta el derecho internacional humanitario y que no tiene ningún pudor en complacer a un gobierno que busca liberar a trasgresores de derechos humanos».
Fustigó directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, de fomentar acuerdos para enviar a sus casas a criminales sentenciados a largas penas.
Santiago de Chile, 2 de agosto 2018
Crónica Digital /PL
