CARTA A LOS CRIMINALES ESTÁN EN LA CALLE

Este lunes 30 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a cinco reos de Punta Peuco y Colina 1. Gamaliel Soto Segura (73), Felipe Luis González Astorga (79), Hernán Ernesto Portillo Aranda (66), Manuel Antonio Pérez Santillán (67) y José Quintanilla Fernández (67), saldrán de los centros penitenciarios engrosando la lista de beneficiados a la que ingresó el 17 de julio pasado el ex piloto Luis Polanco Gallardo (73).

La decisión contradice los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos,  que exige  que la concesión de  beneficios no se transformen en formas encubierta de impunidad, que se debe considerar especialmente la gravedad de los delitos de desaparición forzada de personas y la obligación del Estado de sancionar los crímenes de lesa humanidad de manera proporcional.

El giro de la Sala Penal de la Corte Suprema revoca la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y concede finalmente la libertad condicional a los cinco reos, estimando que no era necesario que los condenados cumplieran los dos tercios de la pena como lo había establecido previamente la Corte Suprema, ni considera  el tipo de delitos que los privaba hasta hace poco de libertad.

La decisión se da con la nueva conformación de la Sala, con ausencia del ministro Haroldo Brito y del emblemático Ministro Milton Juica, quien dejó su cargo hace algunas semanas.

La Corte ni siquiera tuvo  en consideración la existencia de procesos pendientes para determinar la libertad condicional de los criminales de lesa humanidad, e inclusive teniéndolos presente, como en el caso de Quintanilla Fernández, el tribunal igualmente  concedió la libertad con el voto disidente Ministro Valderrama.

A estos casos se suman el recurso de amparo acogido a favor de Emilio de la Mahotiere, piloto de la Caravana de la Muerte e involucrado en lanzamiento de personas al mar, que obliga a la Comisión de Libertad Condicional a un nuevo pronunciamiento y el recurso de amparo acogido en primera instancia a favor de otro piloto de la Caravana de la Muerte, Felipe Polanco, que está pendiente de fallo ante la Corte Suprema.

Esta decisión se suma a la campaña mediática promovida por la derecha y el propio presidente de la República, sectores de la oposición y de la iglesia católica que, bajo el argumento de una  preocupación «humanitaria», han promovido el otorgamiento de beneficios a criminales de lesa humanidad, preocupación que no alcanza a las víctimas para quienes aún no se han obtenido bases mínimas en materia de verdad y justicia.

En efecto, en paralelo a esta campaña, los procesos judiciales se han venido cerrando sin avances significativos en materia de verdad, especialmente en el caso de las personas detenidas desaparecidas, con escasos procesamientos y bajas condenas: menos del 10 por ciento de los procesados se encuentra cumpliendo una condena.

La señal que se da a la sociedad y a las propias fuerzas armadas y de orden es muy grave, es una señal de impunidad, particularmente cuando estas están siendo objeto de investigación por delitos de megacorrupción y violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones sociales y políticas firmantes, rechazamos esta decisión de los tribunales que, una vez más, incurren en un acto de denegación de justicia para las víctimas que hace recordar las conductas de otros jueces, que fueron la norma durante la dictadura.

Londres 38, espacio de memorias
Agrupación Providencia
Corporación Memoria Borgoño
Corporación Memoria Lonquén
Comisión FUNA
Desclasificación Popular
Comisión Ética Contra La Tortura
Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad
Mesa Unitaria de exPres@s Polític@s – Chile
Corporación Casa La Morada
Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres
Coordinadora 8M
FEMChile
Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile
Fundación Ciudadana de DDHH
Corporación La Serena Dieciséis de Octubre
Observatorio de la Escuela de las Américas
Archiveros sin Fronteras – Chile
Agrupación de exPresas y exPresos Políticos V Región
Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile (OCAC)
Familiares de los 119 D.D. de Bélgica-Liege
Corporación Humanas
CINTRAS
Jornadas de DD.HH. y Salud Pública- Escuela de Salud Pública U. de Chile

Santiago de Chile, 4 de agosto 2018
Crónica Digital

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Sáb Ago 4 , 2018
La agrupación Londres 30, Espacio de Memorias, envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice la liberación de siete criminales de la dictadura en Chile. Londres 38, que fue un inmueble utilizado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como centro de detención y tortura, ahora como grupo defensor de los derechos humanos pidió el pronunciamiento de la CIDH. La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles de esta semana ofrecer libertad condicional a siete sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990). Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973. Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993. Por último, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975. En su nota, Londres 38 solicitó a la CIDH informarse sobre la liberación de quienes cumplían penas de cárcel por participar en delitos de lesa humanidad, amparándose los jueces de la Corte en resquicios dentro de los recursos legales de Chile. Al respecto, la organización señaló que no se otorgó la libertad condicional a ninguno de los criminales de lesa humanidad, pasando por alto informes de la penitenciaria de que los reos no manifestaban conciencia del daño, empatía con las víctimas o arrepentimiento. «La decisión del máximo tribunal constituye un vuelco jurisprudencial; la Corte denegaba la libertad condicional cuando los informes sicológicos eran negativos, mientras que ahora sostuvo que éstos atendían a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal», explicó. Luego de detallar una serie de aspectos que subrayan las contradicciones del ente jurídico y deslizan su incapacidad o presiones recibidas, Londres 38 recalcó los desmanes cometidos por el grupo de los beneficiados de salir de prisión. «La gran mayoría de las condenas de los liberados son por desaparición forzada de personas, secuestros calificados de Alonso Lazo Rojas, Eduardo González Galeno y de los tres ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy», anotó. Manifestaciones de protesta y una marcha efectuada este viernes, se sumaron a la iniciativa de las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados que presentarán una acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Santiago de Chile, 4 de agosto 2018 Crónica Digital /PL

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