La máxima jerarquía de la Iglesia Católica chilena se remece en la que es sin duda la más grave crisis de su historia. Los casos de corrupción moral, de complicidad y encubrimiento de abusos sexuales han traspasado las sacristías locales y el propio Vaticano ha tenido que hacerse cargo del escándalo y obligado a los hasta ahora herméticas muros de conventos y de la defensa corporativa de la institución a abrir las cortinas, someterse al escrutinio público de los feligreses y de la sociedad y poner a disposición de la justicia chilena a los abusadores.
Es mucho más que una crisis institucional, sino que moral y social.
Hoy es imposible ocultar los hechos, refugiarse en una cómoda misión divina, o imponer sanciones ficticias como traslado a otras parroquias, a otros países o cómodos conventos en otras latitudes, que les sirven a los depredadores de cómodos refugios o supuestos lugares de “penitencia y oración”.
Hasta ahora la llamada justicia canónica no se preocupaba de las víctimas. Y los entes eclesiásticos se parapetaban en la sujeción, pertenencia o jurisdicción de otro Estado, y por lo tanto a otros cánones judiciales, para impedir la acción de la justicia de los correspondientes países.
Pero las cosas cambiaron abruptamente, tras la visita del Papa Francisco a Chile en enero pasado, que lo desinformaron y le hicieron caer en la celada que le tendieron los obispos locales que le hicieron tomar partido a favor del ahora ex obispo de Osorno, Juan Barros, ex Vicario General Castrense y encubridor del prototipo de abusador sexual de menores, Fernando Karadima, este último condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, a retirarse, ”a una vida de oración y penitencia”.
Aún así en medio de vacilaciones, declaraciones alambicadas, francas reticencias a reconocer los hechos, argumentaciones para disfrazar las cosas, camuflar o tender cortinas de humo, la jerarquía vio desmoronarse eso que más bien parecía una estrategia para eludir el reconocimiento de la crisis y de la necesidad de una condena clara y contundente a los abusos.
Hoy los hechos parecen precipitarse. El Cardenal Ricardo Ezzati ha perdido su rostro interpérrito tras haber tenido que resignarse a la presión del propio presidente chileno, Sebastián Piñera que demandó a través de la prensa que no oficiara el llamado Te Deum (Acción de Gracias), tradicional celebración religiosa por la Patria, en el Día de la Independencia Nacional, el 18 de septiembre, y donde el Cardenal, cabeza de la Iglesia católica chilena, opina por lo común de la situación política, social y económica del país.
También renunció al cargo de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con lo que se hace más evidente la actitud del Vaticano en lo que ya se puede denominar “caso Ezzati”.
La conferencia de julio del episcopado en Punta de Tralca, reconoció el grave escenario que sigue abriéndose para la jerarquía eclesiástica chilena, tras el escándalo de los abusos sexuales de sacerdotes, y el encubrimiento de tales hechos por las más altas autoridades de la Iglesia chilena, para ocultarlos, para justificarlos y eludir las culpas de los involucrados, e ignorar de manera pertinaz reconocer a las víctimas de los abusos sexuales y de poder, practicados durante decenios.
El hecho de que el Cardenal Ezatti haya tenido que dejar el púlpito y dejar de presidir Te Deum, Acción de Gracias, del 18 de septiembre, y de dejar la responsabilidad de oficiar la ceremonia al Dean de la Catedral, habitualmente encargado del protocolo de recibir a los invitados oficiales, el obispo Juan de la Cruz Suárez, revela una baja en la categoría del acto que es percibido como el ejercicio del poder político que ha ejercido la Iglesia y revela que la crisis está siendo asumida en toda su magnitud.
Ezatti también dejó el cargo de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cargo que en el organigrama esta por sobre el rector y representa directamente a la Santa Sede, en una determinación con toda seguridad determinada también por el Vaticano.
Por su parte la Conferencia Episcopal, reunid extraordinariamente en Punta de Tralca, entregó el 3 de agosto, una declaración donde precisa:
“Después de este tiempo de escucha, oración y discernimiento, intentando , como señaló el Papa, “poner a Jesús en el centro” y “mirar de frente, asumir y sufrir el conflicto, queremos reconocer humildemente de que hemos fallado a nuestro deber de pastores al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos. A veces no reaccionamos a tiempo ante los “dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridaD”, y por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes”.
A Ezzati claro le llueve sobre mojado. Esta citado, para el 21 de agosto ante la Fiscalía de Rancagua, como imputado por eventual encubrimiento de abuso sexual.
Por otro lado, no deja dudas, la declaración entregada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica mundial, tras la conferencia del episcopado chileno a principios de agosto que ella ha actuado de forma “realista y concreta” y que “Quedé impresionado por el trabajo de reflexión, discernimiento y decisiones que han hecho”.
En realidad la Conferencia Episcopal chilena pareciera haber asumido el camino de la verdad, la justicia y la misericordia con las víctimas de los abusos sexuales y de poder y de castigo de los culpables.
Es un proceso que dignifica y compromete a la Iglesia y lo que debería venir es que la justicia haga su trabajo y las máximas autoridades que no cumplieron con su misión y deberes, por honor y dignidad, dieran un paso al costado.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
director de Crónica Digital
Santiago de chile, 13 de agosto 2018
Crónica Digital
