ESTADO DE CHILE DEBERÁ INDEMNIZAR A 29 TORTURADOS DE DICTADURA

El Estado de Chile deberá pagar alrededor de 166 mil dólares a cada uno de 29 presos políticos, víctimas de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), incluidas en el llamado Informe Valech.

El Informe de la Comisión Valech, creada en 2003 y que adoptó su nombre por quien la presidía, el obispo Sergio Valech, cifró en más de 35 mil los expedientes de torturas en Chile, a manos de la junta militar pinochetista.

Sin embargo, el estimado se incrementó en 2011 a 40 mil 18,un año después de la muerte del obispo Valech.

Este miércoles la jueza Claudia Donoso Niemeyer, jefa del 18 Juzgado Civil de Santiago, desestimó la petición de exceptuar el pago, junto con la prescripción, planteadas por el fisco en el proceso y sostuvo el «carácter general, buscando una solución uniforme, abstracta».

La magistrada dijo que sin considerar la situación específica y particular de los familiares, «cuyo dolor fue causado por agentes del Estado en dicho período», ni tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se adoptó este dictamen.

«Dado que los derechos humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible sostener que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria (…)», apuntó.

Según datos oficiales, la dictadura de Pinochet asesinó a unas tres mil 200 personas y existe una lista de alrededor de mil 200 detenidos desparecidos.

Santiago de Chile, 30 de aogsot 2018
Crónica Digital /PL

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EXPERTOS SOSTIENEN QUE EMERGENCIA EN QUINTERO REVELA NEGLIGENCIAS EN MONITOREO Y FISCALIZACIÓN DE CONTAMINANTES

Jue Ago 30 , 2018
El doctor en ingeniería medioambiental y académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, Dr. Luis Díaz Robles, considera que la ausencia de una normativa de calidad del aire y emisiones impide controlar concentraciones como las que provocaron la intoxicación de centenares de personas la semana pasada. “Las estaciones de monitoreo no miden esas sustancias, porque no están legisladas. Mientras no haya legislación, no habrá obligación de monitorear esto por parte del Estado ni de las empresas”, critica.  En tanto, el experto en contaminación ambiental y académico del Departamento de Física del plantel estatal, Dr. Patricio Pérez, apunta al Estado como responsable, junto a las industrias, de esta situación. “No es tan extraño este tipo de contaminantes en la zona y es algo que se pudo haber previsto controlando una colección más grande de gases que se monitorean regularmente”, enfatiza.  Emanaciones por gas dejaron alrededor de 300 personas intoxicadas en Quintero, en la región de Valparaíso. Los episodios, ocurridos la semana pasada, obligaron a las autoridades a decretar alerta amarilla. El Gobierno culpó a Enap por la emergencia química, en una zona donde también se encuentran firmas como Oxiquim, Codelco, GNL Quintero, AES Gener y Gasmar. Independiente de quién sea el responsable del hecho, el doctor en ingeniería medioambiental y académico del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago, Dr. Luis Díaz Robles, sostiene que el hecho deja al descubierto la falta de un plan de descontaminación en la zona (recién ayer se anunció la implementación de uno) y la ausencia de una normativa que permita monitorear y fiscalizar contaminantes que son normales en un sector tan industrializado como este, como isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo. “Tiene que haber mayor control de las emisiones y mayor fiscalización de parte del Estado, pero para eso, tiene que legislarse respecto de esas sustancias porque, actualmente, no tenemos normativa secundaria de calidad del aire ni de emisiones”, afirma. “Las estaciones de monitoreo no miden esas sustancias, porque no están legisladas, solo material particulado, dióxido de azufre, monóxido de carbono e hidrocarburos totales. Ni siquiera los específicos. Mientras no haya legislación, no habrá obligación de monitorear esto por parte del Estado ni de las empresas”, critica. Por otra parte, el ingeniero civil químico, experto en gestión de la calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, considera que culpar a Enap es “apresurado”, ya que el monitoreo de contaminantes que no se miden normalmente debiera ser más extendido en el tiempo, a fin de tener resultados concluyentes. “Lo ideal es que haya una red permanente de monitoreo en un sector industrial tan complejo como el que hay y que es estratégico”, sostiene. “Nadie quiere que haya una Freirina 2, donde debido a un mal manejo ambiental se le tuvo que colocar candado a la empresa Agrosuper, lo que generó un impacto social al disminuir las posibilidades de conseguir empleo”, advierte. Responsabilidad compartida Comparte la opinión del Dr. Díaz el experto en modelos de pronóstico de contaminación atmosférica y ambiental, […]

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