Esa Corte fue incluso más allá y siguiendo el voto del relator del caso, ministro Luis Roberto Barroso, resolvió dar un plazo de 10 días a la alianza electoral para reemplazar el nombre de Lula en la fórmula presidencial.
Ante esa decisión, los abogados de Lula presentaron al Supremo Tribunal Federal (STF) una medida liminar (orden judicial provisoria) para suspender la inelegibilidad de éste hasta que sea juzgado allí un recurso extraordinario interpuesto en abril pasado contra la condena proferida por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre.
Además, también interpusieron el martes un recurso extraordinario para contestar la decisión del TSE que, aún cuando va dirigido a la Corte Suprema, debió ser puesto en manos de la presidenta de la justicia electoral, Rosa Weber, para que esta juzgue su admisibilidad o no.
La víspera fue presentando un tercer pedido, igualmente liminar, ante el STF, pero en este caso para que suspenda la determinación del TSE (de rechazar el registro de la candidatura de Lula) hasta que sea juzgado el recurso extraordinario que la contesta y sobre cuya aceptación todavía no se pronunció la ministra Weber.
En todos los casos, indicaron medios de prensa, la actuación de la defensa de Lula se sustenta en la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el pasado 17 de agosto indicó al Estado brasileño que Lula debe tener garantizado el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial.
Según anunció este lunes en Curitiba el portavoz del ex presidente, Fernando Haddad, el PT recurriría no solo al STF, sino al propio Comité de Derechos Humanos, con tal de asegurar el derecho de Lula a ser candidato presidencial en las elecciones del 7 de octubre próximo.
Citado por el diario digital Brasil 247, Haddad explicó que Lula ‘decidió continuar defendiendo su candidatura en respeto a la soberanía del pueblo de escoger el próximo presidente de la República’.
El fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil cumple hoy 153 días como preso político en la Superintendencia de la Policía federal (PF) en la ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná.
Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel en abril pasado por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, que contraviniendo lo dispuesto en la Constitución Federal ordenó además el cumplimiento anticipado de la pena, aun sin agotarse los recursos en todas las instancias judiciales.
A pesar de su encierro, Lula continuó liderando con amplio margen todas las encuestas de intención de voto, que parecían asegurarle un triunfo cómo de el primer turno y arrasador de ser necesaria una segunda vuelta.
Brasilia, 6 de septiembre 2018
Crónica Digital /PL
