Por Sinay Céspedes Moreno
La reunión sobre migración venezolana recién concluida aquí despertó nuevas críticas entre quienes consideran que detrás del compromiso de apoyar a los ciudadanos de ese país en situación de movilidad humana, podría haber segundas intenciones.
El encuentro de dos días, efectuado en la cancillería ecuatoriana contó con la presencia de representantes de 12 estados latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana como observador, mientras que Venezuela, blanco del debate, estuvo ausente.
También asistieron al intercambio de información y presentación de propuestas para atender el flujo de venezolanos en el área, miembros de instancias internacionales como la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Si bien hubo algunos comentarios adversos, previo a la cita de carácter técnico, la mayor polémica se desató en las redes sociales tras la publicación de la Declaración de Quito, suscrita por la mayoría de los participantes, excepto Bolivia.
Tampoco firmó República Dominicana, pues su representante se ausentó al cierre del evento, pero en ese caso el viceministro ecuatoriano de movilidad humana, Santiago Chávez, adelantó a medios de comunicación que espera la pronta adhesión del estado caribeño.
Antes del foro, Venezuela consideró que el tema debía tratarse con Ecuador a través de mesas bilaterales y organizaciones sociales rechazaron la iniciativa, pues a su juicio la meta era «posicionar la urgencia de una «intervención humanitaria» que disfrazaría una velada intervención militar contra el pueblo de Venezuela».
Tal afirmación quedó plasmada en una carta enviada por el Comité Ecuatoriano de
Solidaridad entre los Pueblos a entes como la OIM y Acnur, asistentes al encuentro.
A esos temores se sumaron criterios de intelectuales y analistas como el periodista uruguayo Aram Aharonian, quien dejó abierta la posibilidad de que la cita pudiera servir como escenario para pactar «un inicio de hostilidades, como amenazas de uso de la fuerza militar con carácter preventivo, con el pretexto de defender la seguridad de los países
vecinos y de Estados Unidos».
Un total de 18 puntos contiene la Declaración de Quito, en la que, si bien los estados firmantes ratifican el compromiso de ayudar a las personas en condición de movilidad humana, piden a organismos internacionales asistencia financiera y de otros recursos para atender el problema.
Así lo indica el punto cuatro: Urgir a que dicha cooperación y recursos se incrementen sustancialmente, de acuerdo a los requerimientos del volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región, y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria.
También llamó la atención el hecho de que en vez de recurrir a bloques integracionistas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), quienes suscriben el texto apelaron a la Comunidad Andina de Naciones y al Mercado Común del Sur (Mercosur).
Por otra parte, la declaración resalta la labor realizada por los gobiernos de la zona para acoger a los ciudadanos venezolanos, sin embargo en Twitter muchos coinciden en que han sido blanco de maltratos, humillaciones y vejaciones en esos países.
Mientras el documento se firmaba en Quito, en Caracas la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un decreto en respaldo y acompañamiento al Plan Vuelta a la Patria, para promover el retorno de los emigrantes y en repudio a lo que denominaron nuevos planes injerencistas contra el pueblo y las instituciones democráticas de Venezuela.
Como parte de esa iniciativa, la embajada de Venezuela en Ecuador confirmó el regreso a Caracas de un grupo de 80 personas.
El decreto de la ANC, también hace alusión a la campaña de manipulación del tema migratorio venezolano, por parte de los medios de la derecha, grupos oligárquicos y algunos gobiernos, que según el ejecutivo dirigido por Nicolás Maduro, constituyen brazos ejecutores de Estados Unidos.
Quito, 6 de septiembre 2018
Crónica Digital /PL
