La Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos, Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, APROJUNJI, rechazó hoy el Proyecto de Ley Mensaje N° 12.026, que dice relación con la creación del Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna a través de Fondo Solidario, destinado a trabajadoras y trabajadores, dependientes o independientes, a través de un financiamiento solidario, compartido entre el Estado, empresas y trabajadoras/es.
COMUNICADO PÚBLICO
En un contexto histórico, en proceso de tránsito a una reforma de educación parvularia que tiene como fin, elevar los estándares en calidad integral e inclusiva de la enseñanza, con una reciente promulgación de Bases Curriculares, con un elaborado Marco de la Buena Enseñanza para el nivel, el que esperamos pueda ser aprobado prontamente, con un proceso de Reconocimiento Oficial y con un pendiente proceso de Desarrollo Profesional Docente, aparece esta iniciativa de proyecto que desestabiliza el avance sostenido que se ha implementado a través de las políticas públicas para la educación parvularia. Pensando en los niños y niñas, vemos que es una seria amenaza a los derechos de la niñez, toda vez que se establecen criterios de orden numérico, economicista, que reafirman el modelo de mercado imperante.
¿Quién asegura calidad en la educación y sustentabilidad de los procesos educativos en el mediano y largo plazo, si no existe especificación desde el punto de vista educativo? Además, si sus madres y padres no cuentan con contratos estables, ¿de qué modo se asegura contención sostenida, apoyo y mediación permanente a niños y niñas? ¿De qué modo las familias pueden proyectar su desarrollo y estabilidad con contratos laborales que vulneran la estabilidad mínima que ellas requieren para planificar su crecimiento?
El proyecto no hace referencia al tipo de educación que se debe proveer, se puede desprender que puede ser de “cuidados” tipo “guarderías” o jardines infantiles sin la normativa actual vigente en relación a infraestructura, proyecto educativo, alimentación equilibrada, material de la enseñanza y personal idóneo ¿Qué nos queda pensar para procesos de preparación y ejecución de la enseñanza? ¿Comunidades profesionales de aprendizaje, liderazgo transformacional, que promueva la reflexión, la observación, análisis de la práctica y evaluación? ¿Quién asumirá este rol mediador, garante de derechos, promotor de múltiples inteligencias, con enfoque en equidad de género, educación inclusiva, educación intercultural, para la formación de niños y niñas de modo integral y ciudadanos del mundo?
De la manera en que está presentado el proyecto se deduce que los niños y niñas entran al mercado de la educación desde la cuna, pues con la subvención que se asignaría ($245.000) no alcanzarían a cancelar la sala cuna privada de $301.298 pesos promedio a nivel nacional, (datos Educación 2020), por la atención de los lactantes. Ese diferencial debería ser compensado por las familias, lo que deja de inmediato una rebaja a sus sueldos de 56.298. Para familias que cuentan con un sueldo mínimo de $301.000 (a partir del año entrante) se trata de una merma sustantiva que reduce el sueldo mínimo a $244.702, generando copago y segregación. Se consagra con ello que quienes tienen más pueden tener y contar con mejores ofertas de sala cuna. Mujeres y hombres necesitan, sin discriminación, que se les brinde estabilidad, no solo con un empleo digno y decente, sino en condiciones de seguridad y bienestar para la atención de sus hijas e hijos.
De acuerdo a lo que señala el proyecto, el financiamiento solidario contempla a tres estamentos, a saber, la empresa, que hará un aporte sustancialmente menor al que está obligado actualmente por el Código del trabajo, artículo 203, que es el pago total de la sala cuna; las/os trabajadoras/res con un aporte de sus propias cotizaciones, además de una cuota de copago y, finalmente, el Estado, el que trasladará los recursos de derecho social de subsidio de cesantía para este fondo social y común, no asumiendo integralmente la gratuidad y por ende, la responsabilidad social que le compete. De esta manera, esta ley promueve un ahorro significativo a la empresa privada, ya que institucionaliza el lucro al incentivar la creación de sociedades anónimas para administrar los fondos del Estado, generando un símil a la modalidad de las AFP, junto a la proliferación de empresas que venden servicios de sala cuna (ya cuestionadas muchas en su calidad).
Apelamos a las instituciones que trabajan con y para la infancia, como a la ciudadanía, a que puedan manifestarse y rechazar este proyecto; del mismo modo, llamamos a los parlamentarios y comisiones respectivas a tomar conciencia de que este proyecto requiere reformularse en aspectos que garanticen que la educación parvularia sea, efectivamente, un bien de calidad, gratuito, inclusivo y que responda a directrices de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas.
Quienes suscribimos esta declaración lo hacemos en cumplimiento de nuestro mandato gremial, como deber ético y social de defender la educación parvularia pública, gratuita y de calidad para la infancia.
Invitamos a que se adhieran a esta declaración, a quienes han trabajado y trabajan para la educación y a todas y todos los que creen que la infancia es la etapa crítica donde se establecen las bases para el desarrollo, la democracia y la creatividad, teniendo como horizonte la esperanza de seres humanos íntegros.
Directorio Nacional
APROJUNJI
Santiago de Chile, 6 de septiembre 2018
Crónica Digital