Con ese plan, entre otros puntos, se cerraría gran parte de la acera frente a la mansión ejecutiva a las manifestaciones públicas y se limitaría la capacidad de las diferentes agrupaciones para realizar actos espontáneas sin permisos en esa área y en la Explanada.
Además, se dejaría abierta la posibilidad de cobrar costos y tarifas a los organizadores de ese tipo de actos.
La propuesta presenta más de una docena de cambios en la forma en que el NPS facilita las protestas, incluida la cantidad de manifestantes que pueden reunirse en las tierras de los parques nacionales sin un permiso, las áreas en las que tienen permitido congregarse y si deberán reembolsar a la agencia por el apoyo y la seguridad que proporciona.
Según el NPS, pretende que las modificaciones brinden mayor claridad al público sobre cómo y dónde se pueden realizar demostraciones y eventos especiales de una manera que se proteja y preserve la integridad cultural e histórica de estas áreas.
Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos consideran que tales medidas van en contra de la Primera Enmienda constitucional, que defiende la libertad de expresión, y en los últimos días desplegaron una amplia campaña para evitar que se apliquen.
El corazón del asunto es claro: al presidente Donald Trump no le gustaría tener manifestantes en su puerta, pero la Primera Enmienda garantiza su derecho a estar allí, expresó Arthur Spitzer, codirector legal de la ACLU en Washington DC.
Previo al cierre del periodo de comentarios este lunes, el sitio digital destinado a ese objetivo experimentó un aumento importante en las respuestas, y según la revista The Atlantic, la mayoría de las opiniones son contrarias a la aplicación de los cambios.
‘Estas son nuestras tierras y tenemos derecho a protestar en ellas. El cobro de tarifas onerosas, el aumento de la burocracia ya complicada y la limitación severa de los espacios disponibles es inconstitucional y antiestadounidense. Punto’, se lee en uno de los criterios emitidos.
Aunque entiendo que hay costos asociados con las reuniones de libertad de expresión, hacer que los manifestantes paguen por eso va en contra de lo que nuestros fundadores imaginaron y expresaron en nuestra Constitución, señaló otro comentario.
Washington, 15 octubre 2018
Crónica Digital /PL
