PRO Y PC RECHAZAN HOMENAJE A KRASSNOFF Y SOLICITAN PROYECTO QUE CASTIGUE LA APOLOGÍA A LA DICTADURA 


Líderes y las directivas nacionales del Partido Comunista yPartido Progresista se pronunciaron contra el homenaje realizado al violador de Derechos Humanos, Miguel Krassnoff, en un acto al interior de la Escuela Militar del Ejército.

 

Al respecto, el presidente Progresista, Camilo Lagos, realizó tres propuestas. En primera instancia, “si Piñera quiere gobernar para todos, que ingrese un proyecto de ley que castigue cualquier apología a la dictadura”. En segundo lugar, “un proyecto que obligue a las FFAA a eliminar cualquier vestigio cultural de la dictadura en sus instituciones”.

 Al mismo tiempo, agregó que “Piñera siempre ha hablado de la unidad. Este es el momento de demostrar si de verdad es su compromiso. Tendrá todo nuestro apoyo. El Presidente anda por el mundo dando cátedra sobre derechos humanos y criticando supuestos abusos en otros países. Mejor que comience por casa y termine ya con estos homenajes violentos”.

 Al mismo tiempo, realizó el siguiente diagnóstico: “Los valores patrióticos no se levantan con homenajes de esta calaña, sino que, por el contrario, abriendo las puertas de la reconciliación con justicia”, para luego hacer una tercer propuesta: “Es trascendental pensar en las Fuerzas Armadas del futuro. Los Derechos Humanos deben ser parte de su formación fundamental“.

 El líder Progresista concluyó que “un país se reconstruye con instituciones republicanas que piensan en sanar las heridas, no en abrirlas”.

 Por su parte, el timonel del PC, Guillermo Tellier señaló que “nosotros exigimos la destitución del coronel Germán Villarroel. Él está dentro de un listado de 50 oficiales de alto rango para conformar el nuevo estado del Ejército”.

 Tellier agregó que “de ser así, ese listado se debe revisar con mucha mayor detención. No corresponde usar un recinto del Estado para homenajear a responsables de crímenes de lesa humanidad, ni tampoco es posible ampararse en la institución castrense para ello”, concluyó.

AFDD Y COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, convocó para mañana Martes 16 de octubre,  a entregar una carta a la Comandancia del Ejercito, exigiendo la renuncia de todos los involucrados en el homenaje a Krassnoff. Condenado por la Justicia Chilena a más de 100 años de prisión por tortura ejecuciones y desapariciones de cientos de chilenos.

Cabe recordar que en la víspera se realizó un homenaje a exoficiales en una de las sedes el Ejército, ocurrió en la Escuela Militar de esta capital, cuyo director aceptó acoger el acto en el que se rindió tributo, entre otros, a Miguel Krassnoff, quien cumple penas de más de 600 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Krassnoff fue una de las principales figuras de la tenebrosa policía secreta de la DINA, y recibió condenas por torturas, desapariciones y asesinatos de numerosas personas durante la dictadura (1973-1990).

El acto fue difundido en un video de CNN Chile y lo encabezó el hijo de Krassnof, quien hizo una loa a su padre y a otros exoficiales. Nada extraño en un país donde algunos parlamentarios y políticos no esconden su admiración por Pinochet.

Miguel Krassnoff Martchenko, quien fue agente de la DINA durante la dictadura militar y que ha aparecido en 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados. La última pena que recibió fue la dictada en agosto de este año por la Corte Suprema, luego que condenara a 24 ex agentes de la DINA por el secuestro y desaparición de Jorge Arturo Grez Aburto, detenido desaparecido desde el 23 de mayo de 1974, en el marco de la “Operación Colombo”.

Santiago de Chile, 15 de octubre 2018
Crónica Digital

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CIERRAN COMENTARIOS SOBRE REGLAS PARA PROTESTAR EN CAPITAL DE EE.UU.

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El periodo de comentarios públicos sobre un plan de la administración estadounidense para imponer nuevas reglas a las protestas en esta capital concluye hoy tras registrarse más de 17 mil opiniones acerca de tales medidas.   En agosto pasado el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), presentó una iniciativa que llama a revisar las regulaciones especiales relacionadas con demostraciones y eventos en ciertas zonas de Washington DC como el área cercana a la Casa Blanca y la Explanada Nacional. Con ese plan, entre otros puntos, se cerraría gran parte de la acera frente a la mansión ejecutiva a las manifestaciones públicas y se limitaría la capacidad de las diferentes agrupaciones para realizar actos espontáneas sin permisos en esa área y en la Explanada. Además, se dejaría abierta la posibilidad de cobrar costos y tarifas a los organizadores de ese tipo de actos. La propuesta presenta más de una docena de cambios en la forma en que el NPS facilita las protestas, incluida la cantidad de manifestantes que pueden reunirse en las tierras de los parques nacionales sin un permiso, las áreas en las que tienen permitido congregarse y si deberán reembolsar a la agencia por el apoyo y la seguridad que proporciona. Según el NPS, pretende que las modificaciones brinden mayor claridad al público sobre cómo y dónde se pueden realizar demostraciones y eventos especiales de una manera que se proteja y preserve la integridad cultural e histórica de estas áreas. Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos consideran que tales medidas van en contra de la Primera Enmienda constitucional, que defiende la libertad de expresión, y en los últimos días desplegaron una amplia campaña para evitar que se apliquen. El corazón del asunto es claro: al presidente Donald Trump no le gustaría tener manifestantes en su puerta, pero la Primera Enmienda garantiza su derecho a estar allí, expresó Arthur Spitzer, codirector legal de la ACLU en Washington DC. Previo al cierre del periodo de comentarios este lunes, el sitio digital destinado a ese objetivo experimentó un aumento importante en las respuestas, y según la revista The Atlantic, la mayoría de las opiniones son contrarias a la aplicación de los cambios. ‘Estas son nuestras tierras y tenemos derecho a protestar en ellas. El cobro de tarifas onerosas, el aumento de la burocracia ya complicada y la limitación severa de los espacios disponibles es inconstitucional y antiestadounidense. Punto’, se lee en uno de los criterios emitidos. Aunque entiendo que hay costos asociados con las reuniones de libertad de expresión, hacer que los manifestantes paguen por eso va en contra de lo que nuestros fundadores imaginaron y expresaron en nuestra Constitución, señaló otro comentario. Washington, 15 octubre 2018 Crónica Digital /PL

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