VINCULAN A KEIKO FUJIMORI CON RED JUDICIAL CORRUPTA EN PERÚ

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 Uno de los 15 testimonios que inculpan a la dirigente neoliberal peruana Keiko Fujimori apunta a que ella se reunió meses atrás con César Hinostroza, señalado como jefe de una red judicial corrupta, fugado a España, donde está preso.

 

El declarante, cuyo nombre se mantiene en reserva, asegura que Fujimori, jefa del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), sí habló con Hinostroza.

Según trascendidos previos y análisis de prensa, Fujimori buscaba el apoyo de Hinostroza para que acogiera un pedido con el fin de detener una de las investigaciones de la fiscalía en contra suya por lavado de activos, que la mantienen a punto de ser sometida a prisión preventiva hasta por tres años.

El recurso fue admitido por Hinostroza, aunque la Corte Suprema denegó el pedido, que planteaba eliminar el carácter de criminalidad asignado al caso por la fiscalía, lo que le permitía un plazo mayor para investigarlo, por su complejidad.

Ella niega haber conocido al entonces poderoso juez y cabecilla de una red corrupta con contactos con miembros de las bancadas de FP y su aliado menor, el Partido Aprista.

Niega también ser la ‘señora K’, de ‘Fuerza Uno’, mencionada en un diálogo telefónico grabado por orden judicial, con el empresario Antonio Camayo, quien fue liberado previo ofrecimiento de colaborar con las investigaciones.

De otro lado, ayer, en una audiencia sobre el pedido de prisión preventiva, el fiscal José Pérez señaló que Jessica León Yarango, jueza integrante de una corte de apelaciones, la cual la semana pasada anuló la detención preliminar de Fujimori por 10 días, integra la red judicial corrupta que encabeza Hinostroza.

Según los fiscales que ven el caso de la red, ella es una de ocho jueces de la corte superior del vecino puerto del Callao, presidida por el magistrado hoy fugitivo, todos señalados como miembros de la organización delictiva, que cobraba sobornos por sentencias y nombramientos de magistrados y fiscales, entre otras acciones ilegales.

Ocho de los testimonios en manos del fiscal, además, son confesiones de participación en el lavado del dinero recibido de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Fujimori de 2011.

El caso específico por el que la fiscalía pide prisión preventiva por 36 meses de prisión preventiva es el de enmascaramiento de fondos de oscuro origen, como si fueran producto de rijas y otras actividades públicas de recaudación de fondos.

Lima, 22 de octubre 2018
Crónica Digital /PL

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