DENUNCIAN A CANAL 13 ANTE EL CNTV POR MONTAJE EN EL REPORTAJE DEL LICEO 1

Crónica Digital 23 octubre, 2018

La concejala por Santiago Irací Hassler, la Presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), Dafne Concha, y el Presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, realizaron una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión acusando manipulación y montaje en el reportaje de Canal 13 sobre supuesto “adoctrinamiento” de “grupos extremistas”.

En este sentido, la concejala Irací Hassler manifestó que “el reportaje busca de manera evidente desinformar en un tenor injurioso y con una argumentación falaz, interviniendo de manera irregular en un debate democrático en torno al tan cuestionado proyecto de ley “Aula Segura”, al que casualmente el Gobierno el día de ayer da la suma urgencia”. Asimismo, agregó que “denunciamos esta situación porque estamos cansadas y cansados de la manipulación, de los montajes y mentiras a través de los medios de comunicación masiva”.

La Presidenta de la CORPADE, Dafne Concha, aseguró que “esto es un burdo montaje que quienes conformamos el movimiento social por la educación debemos salir a denunciar y rechazar; aquí están buscando criminalizar de forma generalizada a nuestros niños y niñas, y aquello no lo podemos permitir”.

Finalmente Camilo Sánchez, Presidente de las JJCC, dijo que «resulta a lo menos sospechoso que, luego de un reportaje donde se manipula la información para justificar la existencia de un supuesto adoctrinamiento, el gobierno anuncie la discusión inmediata del proyecto aula segura». «Esperamos que el Consejo Nacional de Televisión tome medidas. Esto no es libertad de prensa, es montaje y está dirigido a intervenir en la tramitación de un proyecto de ley», sentenció el dirigente.

Santiago de Chile, 23 de octubre 2018
Crónica Digital

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EL COMPLEJO ESCENARIO ACTUAL EN POLÍTICA MIGRATORIA

Mar Oct 23 , 2018

La migración es parte constitutiva de la historia de las sociedades y sus respectivos tejidos sociales, de la construcción de los Estado-Nación y la identidad de los territorios. A la vez, la dignidad e integridad de las personas no se puede condicionar a la nacionalidad o situación migratoria. En consecuencia, la migración no debe ser utilizada con fines políticos que no contribuyan a la inclusión y desarrollo social. Bajo esta mirada de derechos e inclusión, que debiésemos incorporar respecto de las migraciones en Chile, resulta bastante incompatible con esta visión el “Plan de Políticas Migratorias”, mediante el cual el actual gobierno ha aumentado las restricciones para la residencia de migrantes en Chile: por un lado, ha impuesto barreras en el ingreso a través de medidas administrativas, mientras que por otro lado, para los extranjeros residentes en Chile, se llevó a cabo un proceso de regularización que implicó una etapa inicial de control migratorio en términos procedimentales y un posterior proceso de expulsión. Con relación a las medidas administrativas que comenzaron a regir el 1 de agosto de 2018 y que buscan aumentar las barreras al ingreso, son discriminatorias, toda vez que solo a las y los haitianos se les impone la tramitación de visa consular para poder ingresar como turistas y, si bien se crea una visa humanitaria de reunificación familiar, se genera, por otra parte, un plan retorno para esta misma población. Respecto de la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, ésta también corresponde a una visa consular, por lo que también se imponen restricciones de ingreso para este flujo migratorio. Del mismo modo, las visas de Orientación Internacional y de Oportunidades, tienen un carácter consular y ambas están dirigidas a extranjeros con cualificación comprobable. Se suma a lo anterior la eliminación gubernamental de la Visa por Motivos Laborales, que para los trabajadores migrantes implicará que solo puedan solicitar la Visa Sujeta a Contrato, quedando en una situación laboral de vulnerabilidad, ya que esta indica que si el empleador finiquita el contrato, la visa caduca. Ello, a la vez, fomenta el trabajo irregular ya que el empleador debe pagar el pasaje de regreso al trabajador y su grupo familiar si este renuncia o es despedido. Actualmente, según datos de CASEN 2015, el 72% de los inmigrantes trabaja de manera regular en el país, lo cual significa que cotizan, pagan AFP, FONASA o ISAPRE, contribuyendo por sobre el promedio de los nacionales que corresponde a un 53%. Respecto del proceso de regularización en el que se inscribieron 155.707 personas y en el que se regularizaron 108.550, no se establecieron los criterios para la obtención de la visa y no se entregaron certificados provisorios de trabajo, condiciones que eran fundamentales para que los trabajadores migrantes comenzaran a desempeñar funciones con los empleadores que dieron origen a la solicitud de visa, en un escenario en donde los plazos en la entrega de los resultados de una postulación de visa es de 1 año. Esta situación genera incertidumbre y desincentivos a […]