La justicia chilena acogió un nuevo caso de denuncia contra un sacerdote por abuso sexual de un menor, en el contexto de una escalada de expedientes que salpican a la Iglesia católica.
Por instrucciones directas del propio papa Francisco, la Iglesia católica de Chile está obligada a colaborar con la Fiscalía Nacional en numerosas investigaciones, a partir de los escándalos ocurridos en el país austral durante años.
En esta ocasión se trata de un expediente abierto en la norteña ciudad de Calama, donde la Diócesis San Juan Bautista entregó los antecedentes necesarios a la justicia civil, tras recibir una denuncia.
La acusación se hizo el 5 de julio del año en curso contra el presbítero Jordi Jorba Navarro, quien ejercía funciones en la parroquia Asunción de la Virgen, por una violación a un menor ocurrida en 2003.
El caso se añade a 119 expedientes bajo pesquisa de los persecutores en todo Chile. Ahora fue el propio obispo de Calama, Oscar Blanco Martínez, quien determinó dar curso al asunto y enviar los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma.
La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, con 79 menores de edad.
Mientras tanto, víctimas de abusos sexuales y expertos aguardan por la ratificación de la condena de la Corte de Apelaciones de Santiago que obliga a la Iglesia católica de Chile a pagar indemnizaciones.
El abogado que estableció la demanda contra la Iglesia a nombre de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, explicó a medios locales que no hará un pronunciamiento definitivo hasta tanto no conozca el fallo.
Según fuentes concordantes, la justicia fijó la compensación en 450 millones de pesos (alrededor de 671.000 dólares) a favor de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, quienes habían demandado a la Iglesia.
Sin embargo, la propia Corte desmintió el hecho y afirmó que no hay un pronunciamiento definitivo en torno a la cuestión, en la cual se involucra al defenestrado cura Fernando Karadima.
Hermosilla presentó ante la Corte de Apelaciones la carta que escribió en 2009, el cardenal Francisco Javier Errázuriz (arzobispo emérito de Santiago), al entonces nuncio apostólico, Giuseppe Pinto.
En la misiva, Errázuriz señaló que «por respeto al P. Karadima, no le pedí al promotor que lo interrogara, solo le pedí a Mons. Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación».
El clero podría haber evitado todo esto, y en lugar de hacerlo lo escondieron y hoy día tienen que empezar a responder por estos casos, recalcó el abogado Hermosilla.
Santiago de Chile, 24 de octubre 2018
Crónica Digital /PL
