En la audiencia realizada este martes, la empresa buscaba dejar sin efecto el cierre del proyecto -aprobada por el mismo tribunal en octubre pasado-, y frente a todas las pruebas presentadas negó todos los cargos que se le imputan.
La SMA reiteró su convicción de que la clausura total y definitiva es la sanción más adecuada y proporcional en este caso.
Así lo expuso el abogado de la Superintendencia, Emanuel Ibarra, quien aseveró que Pascua Lama es el primer proyecto que en su etapa de construcción ha sido objeto de cinco sancionatorios ambientales, y en dos de ellos se determinó daño ambiental en el ecosistema andino, afectando la flora y fauna, la calidad de las aguas, y puesto en riesgo la salud de la comunidad.
«¿Qué estamos esperando, nuevos daños ambientales? Para esta Superintendencia es claro que frente a esta situación, donde la contumacia y displicencia de una empresa ha demostrado que este proyecto, en las condiciones que está, no es capaz de convivir con el medio ambiente y la comunidad y por lo tanto la única respuesta sancionatoria es la clausura total y definitiva», afirmó Ibarra.
El asesor jurídico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), abogado Álvaro Toro, representante de las comunidades de Alto del Carmen y de Chollay-una de las zonas más afectadas por los impactos socioambientales de la empresa-, informó que en la audiencia se expusieron las cinco sanciones de la SMA en contra de Barrick, de un total de 33 cargos, de suficiente gravedad para decretar un cierre definitivo, pero recordó que solo una infracción fue acogida por el Tribunal Ambiental en octubre pasado, referidaal incumplimiento del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto.“Tenemos la esperanza que el Tribunal va a ratificar esa sanción y modificar su criterio respecto de las otras cuatro que no consideró en su momento”, precisó el jurista.
En concordancia con lo planteado por la SMA, Álvaro Toro señaló que “logramos demostrar que el accionar de la empresa desde el 2007 ha sido muy premeditada para incumplir sus obligaciones ambientales. Con todos los antecedentes que se entregaron en la audiencia, el Tribunal debería ratificar la clausura definitiva del proyecto”.
La decisión de clausura definitiva de la faena minera se sustenta en la intervención de vegas altoandinas, la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes, la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado.
El impacto a la sustentabilidad local
El abogado Toro aseguró que desde el punto de vista de los campesinos y crianceros lo más grave es la contaminación permanente al río Estrecho y de todos sus afluentes. Las comunidades no han podido cultivar sus tierras con la intensidad y productividad que tenían hasta hace poco tiempo.
En este mismo sentido, Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, afirmó que la resolución de la SMA es suficientemente contundente en demostrar que la empresa ha sido contumaz, dolosa y que ha generado graves daños ambientales a los eccosistemas, puesto en riesgo la salud de la población, afectando la calidad de las aguas que riegan todo el Valle de cordillera a mar, donde se requiere agua para 70 mil personas y para las actividades productivas tradicionales, como son la agricultura y la criancería, base fundamental para la economía del Valle y las familias campesinas.
La dirigenta describió que el Valle históricamente -sobre todo la parte alta- ha sido una comunidad agricultora y criancera, y con más fuerza hoy que están rescatando sus raíces con productos como el pisco y el pajarete, con denominación de origen en el país, siendo reconocidos internacionalmente. En el Valle crecen frutos, mangos, nisperos, distintos tipos de legumbres, se producen aceite de jojoba y de oliva. “Esto demuestra una posibilidad sostenible de desarrollo para la región, que no es la minería, y que está en riesgo justamente al contaminarse las aguas”.
Constanza San Juan denunció que la empresa ha tenido la capacidad de entrar a la comunidad, con apoyo del Estado, a través de una serie de mecanismos tendientes a dividir, e incluso generando quiebres familiares, que son muy dolorosos. “Lo valorable que tras una lucha de 18 años, con todo el cansancio que eso significa y los abatares que ha sufrido la población, en medio de una intervención muy potente, voraz y cruel de Barrick para dividir el tejido social, existe una comunidad empoderada que sigue unida”.
Tras la audiencia Constanza San Juan, dijo que la empresa intenta victimizarse, dar vuelta la situación ante los graves incumplimientos, y llegar a decir que son una empresa responsable (…) cuesta estar ahí, porque están jugando con la vida de las personas y da impotencia”.
Según la dirigenta, el Estado de Chile por primera vez está defendiendo a las comunidades del Valle del Huasco. Aunque debió ser mas rigurosa, más potente en ciertos puntos, la SMA está defendiendo cuestiones cruciales para la vida del Valle.
“Barrick no puede seguir operando en el país, pues es una compañía irresponsable que no es capaz de cumplir y se sigue esmerando en desarrollar megaproyectos en la alta cordillera en la naciente de las aguas sobre ecosistema glaciar”. Alertó que la minera transnacional cuenta con cinco proyectos más en el Valle del Huasco.
Constanza San Juan dijo que la comunidad tiene absoluta confianza en la fuerza de los argumentos presentados por la Superintendencia de Medioambiente y los abogados que representan a las comunidades, por lo que el Tribunal no tendría razón para dar pie a lo que Barrick está pidiendo que es rebajar las sanciones y dejar sin efecto el cierre definitivo.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, planteó que en este proceso está en juego la legitimidad e independencia de la institucionalidad ambiental respecto al futuro de un proyecto minero inviable y que ha cometido daños sociales y ambientales irreparables, que atentan contra el patrimonio natural y cultural de la humanidad.
Santiago de Chile, 9 de noviembre 2018
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