CONCEJALA IRACI HASSLER BUSCA QUE MUNICIPIO DE SANTIAGO ESTABLEZCA ORDENANZA CONTRA EL ACOSO CALLEJERO

La concejala de Santiago, Iraci Hassler, quien Preside de la Comisión de Género del Concejo Municipal, elaboró una propuesta de Ordenanza Contra el Acoso Callejero, la cual fue ingresada el día 16de este mes ,  para ser sometida a aprobación por parte del Alcalde de Santiago.

Para la elaboración de la Ordenanza, la concejala solicitó la opinión y sugerencia de más de 100 mujeres que asistieron a un foro contra el acoso callejero, celebrado el mes de noviembre, donde se expuso la necesidad de contar con una ordenanza que regule la relación que se establece entre los individuos en la vía pública, principalmente buscando que prevalezca el respeto, la tranquilidad y la seguridad al estar en espacios públicos.

Lo novedoso de esta ordenanza, es que recoge desde la propia sociedad civil, las experiencias y las sugerencias para mejorar estas relaciones, yendo más allá de la sanción, buscando que el Municipio de Santiago, se involucre y se  haga cargo de sensibilizar, informar y educar en escuelas, liceos y universidades de la comuna, al igual que en trabajo conjunto con Carabineros, capacitar a funcionarios de la institución y de la Municipalidad, respecto a temas relacionados con la convivencia respetuosa, lo dañino del acoso callejero y la adecuada contención de las víctimas.

La presentación de la Ordenanza, se realizó en compañía de representantes de 10 organizaciones de mujeres de la sociedad civil y con el  apoyo de la concejala de Santiago, Rosario Carvajal.

Adjuntamos declaraciones de la concejala Iraci Hassler,  María Soledad Acuña de la Coordinadora transversal de mujeres organizadas, Karen Baeza de la Red feminista de Maipú y Virginia Palma de la ONG Acción mujer y madre.

Santiago de Chile, 18 de noviembre 2018
Crónica Digital

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La muerte de Camilo Catrillanca nos llega desde el presente, nos llega desde el actuar del Comando Jungla y desde la decisión del gobierno de turno; un proceder que se construye al interior del poder político, respondiendo a la necesidad de darle tranquilidad al poder económico. Cualquiera que haga una rápida revisión de documentos, de los registros y las creaciones culturales, y hasta de los manoseados medios de comunicación, comprenderá que no nos enfrentamos solamente a una problemática coyuntural. Este no es sólo un dolor del presente, no solo refiere al actual proceder de la derecha, que en su lucha por “mantener el orden” militariza la Araucanía y resguarda la propiedad privada de unos pocos.  Todos los gobiernos anteriores, la dictadura cívico militar y muchos de los gobiernos pre dictadura suman muertes y decisiones contra el pueblo mapuche a su haber -esto sin considerar a otras culturas presentes en el territorio-. La sola revisión de la letra de la composición grabada por Violeta Parra entre 1961 y 1963 en París, Arauco tiene una pena, nos da cuenta de la larga data de este accionar del Estado de Chile: “Arauco tiene una pena, que no la puedo callar, son injusticias de siglos, que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar”. La letra sigue con la misma claridad que hoy nos golpea: “Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer, le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto, y el afuerino de pie”. Pero la comprensión de este actuar y accionar que desde la cultura popular se expresa tan llanamente, también se evidencia desde su contraparte: el medio institucional del poder económico y político chileno, El Mercurio, que el 24 de marzo de 1859 señala en su editorial que “[…] Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización […]”. Esto que podría parecer increíble, ha tenido otras especiales interpretaciones, de cómo el Estado de Chile debe enfrentar -desde la perspectiva del poder-  al ‘enemigo mapuche’. Un buen reflejo de dicho actuar se presenta en la dictadura cívico militar, cuando se adopta el Decreto Ley 2.568 del año 1979 sobre división y subdivisión de las tierras del pueblo mapuche. Este decreto sostenía que, “al momento de aplicarse la división de las tierras dejan ser indígenas las tierras y sus ocupantes”. La naturaleza de esa norma jurídica tenía por objeto eliminar jurídicamente la condición de ‘mapuche’. Norma que calza directamente con la definición de genocidio que estipula la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. A su vez, el mentado decreto divide en propiedades individuales los Títulos de Merced, generando una división interna en los territorios. Tal como señala en […]

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