DIPUTADO NÚÑEZ DENUNCIA PRIVATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)

Un panorama más adverso en la lucha por el agua se avecina para los Comités de Agua Potable Rural (APR) y pequeños campesinos si el Congreso aprueba el proyecto de ley del gobierno que, en la práctica, privatizará la labor fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA).

Así lo denunció el diputado comunista Daniel Núñez, quien explicó que la medida del Ejecutivo modifica el artículo cuarto del Código de Aguas para externalizar trámites que actualmente realiza la DGA. Añadió que la mencionada propuesta crea la polémica figura de revisores externos, quienes fiscalizarán en terreno permisos y solicitudes.

“Quiero denunciar que el proyecto pro inversión que el gobierno ha presentado al Congreso contempla una situación extremadamente grave que es la privatización de la Dirección General de Aguas. Este proyecto que se ha presentado al Congreso entrega a privados funciones que hoy realiza este organismo público, la DGA, a revisores externos, es decir, a privados que van a ser pagados por las propias empresas que demandan agua, ya se mineras o empresas de la agroindustria y que van a verse beneficiadas con la tramitación de los derechos de aguas o en las polémicas o litigios que tengan por la propiedad del agua”, enfatizó.

Según el parlamentario por la Región de Coquimbo, una de las zonas más golpeadas del país por la escasez hídrica, la propuesta del gobierno se traducirá en “una captura total del organismo público por los poderes económicos y sin lugar a dudas va a perjudicar al pequeño campesino, a comités de agua potable rural y todos quienes hoy día son propietarios del agua y que luchan por defender este recurso básico”.

La mencionada modificación al artículo cuarto del Código de Aguas forma parte de las medidas legislativas pro inversión del Gobierno y ya fue aprobada por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Se estima que el próximo martes será vista en la sala.

Por otra parte, el diputado Núñez lamentó el retraso por parte de La Moneda del reglamento de la ley que modifica el Código de Aguas y que, precisamente, aumenta el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas (DGA) al darle peso probatorio en calidad de ministros de fe. Esta iniciativa fue una ley corta que impulsó el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet al final de su administración.

Santiago de Chile, 23 de noviembre 2018
Crónica Digital

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PROYECTO DE SUBVENCIÓN A OCAS: DIPUTADAS PC/PRO CRITICAN POCA FISCALIZACIÓN A RED DE COLABORADORES DE SENAME

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Este miércoles 21 de noviembre, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley con origen en mensaje presidencial, que duplica el rango del aporte fiscal a los organismos colaboradores del Sename (OCAS). Tras la votación las diputadas de la bancada Comunistas/Progresistas criticaron que en la Sala  se haya aprobado el proyecto sin aquellas indicaciones que permitían mayor fiscalización y que impedían a los centros que han vulnerado los derechos de niños y niñas seguir recibiendo recursos del Estado. Una polémica aprobación se generó con el proyecto que modifica la ley 20.032, estableciendo el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de Colaboradores del Sename, y su Régimen de Subvención, que en términos generales amplía el rango de recursos entregados a estas instituciones. En la discusión en Sala, desde la bancada PC/PRO se buscó generar a través de indicaciones una mayor fiscalización a los recursos entregados a estos centros, que finalmente no tendrán verificación sobre el buen uso o destino de los montos que se entregará a los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS). Para la diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, detalló que a pesar de los esfuerzos por sacar adelante este proyecto de ley, que en términos concretos aumenta 1.800 pesos por niño institucionalizado, “metió en el mismo saco a las instituciones colaboradoras que hacen bien su trabajo, con aquellas instituciones colaboradoras que lo que han hecho es vulnerar los derechos de niños y niñas de nuestro país”. “Estos recursos no va a distinguir entre aquellos que incluso han vulnerado derechos, como los niños que han sido abusados sexualmente. Hay aquellos organismos colaboradores que han sido sancionados, que han estado vinculados a adopciones irregulares en el exterior y que van a recibir la misma cantidad de recursos y no van a tener limitaciones. Hicimos propuestas para mejorar el proyecto, pero en la derecha no fueron siquiera capaces de aprobar, por dignidad, por ética, para que estos recursos lleguen a quienes realmente tienen que llegar”, afirmó la diputada. “No estamos disponibles para que aquí se hagan aumentos indiscriminados para limpiar la imagen de aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos de niños y niñas”, agregó la diputada Cariola. Por su parte la diputada Progresista, Marisela Santibáñez, los 1.800 pesos de aumento “no viene más que a avalar el descuido de los niños”. De la misma forma saludó a la agrupación No Más Abuso Infantil, “que ha trabajado enormemente para que nunca más un pedófilo siga trabajando cerca de un niño. Eso no se garantiza con esta votación. Lamentamos que se haya votado en contra de la fiscalización, que era lo más necesario en este tema, sobre todo con el cuestionamiento que han tenido las OCAS con la protección de nuestros niños. Es una irresponsabilidad contra los niños de nuestra nación”, concluyó la diputada Santibáñez. Santiago de Chile, 23 de noviembre 2018 Crónica Digital

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