Este miércoles 21 de noviembre, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley con origen en mensaje presidencial, que duplica el rango del aporte fiscal a los organismos colaboradores del Sename (OCAS). Tras la votación las diputadas de la bancada Comunistas/Progresistas criticaron que en la Sala se haya aprobado el proyecto sin aquellas indicaciones que permitían mayor fiscalización y que impedían a los centros que han vulnerado los derechos de niños y niñas seguir recibiendo recursos del Estado.
Una polémica aprobación se generó con el proyecto que modifica la ley 20.032, estableciendo el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de Colaboradores del Sename, y su Régimen de Subvención, que en términos generales amplía el rango de recursos entregados a estas instituciones.
En la discusión en Sala, desde la bancada PC/PRO se buscó generar a través de indicaciones una mayor fiscalización a los recursos entregados a estos centros, que finalmente no tendrán verificación sobre el buen uso o destino de los montos que se entregará a los Organismos Colaboradores del Sename (OCAS).
Para la diputada Karol Cariola, integrante de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, detalló que a pesar de los esfuerzos por sacar adelante este proyecto de ley, que en términos concretos aumenta 1.800 pesos por niño institucionalizado, “metió en el mismo saco a las instituciones colaboradoras que hacen bien su trabajo, con aquellas instituciones colaboradoras que lo que han hecho es vulnerar los derechos de niños y niñas de nuestro país”.
“Estos recursos no va a distinguir entre aquellos que incluso han vulnerado derechos, como los niños que han sido abusados sexualmente. Hay aquellos organismos colaboradores que han sido sancionados, que han estado vinculados a adopciones irregulares en el exterior y que van a recibir la misma cantidad de recursos y no van a tener limitaciones. Hicimos propuestas para mejorar el proyecto, pero en la derecha no fueron siquiera capaces de aprobar, por dignidad, por ética, para que estos recursos lleguen a quienes realmente tienen que llegar”, afirmó la diputada.
“No estamos disponibles para que aquí se hagan aumentos indiscriminados para limpiar la imagen de aquellos que han vulnerado sistemáticamente los derechos de niños y niñas”, agregó la diputada Cariola.
Por su parte la diputada Progresista, Marisela Santibáñez, los 1.800 pesos de aumento “no viene más que a avalar el descuido de los niños”. De la misma forma saludó a la agrupación No Más Abuso Infantil, “que ha trabajado enormemente para que nunca más un pedófilo siga trabajando cerca de un niño. Eso no se garantiza con esta votación. Lamentamos que se haya votado en contra de la fiscalización, que era lo más necesario en este tema, sobre todo con el cuestionamiento que han tenido las OCAS con la protección de nuestros niños. Es una irresponsabilidad contra los niños de nuestra nación”, concluyó la diputada Santibáñez.
Santiago de Chile, 23 de noviembre 2018
Crónica Digital
