“Bienes Nacionales recupera único inmueble que CEMA Chile mantenía en La Araucanía”, señalaba a comienzos de septiembre pasado una nota del portal digital de Radio Bío Bío. Añadía que “un acuerdo firmado entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y CEMA Chile puso fin a la controversia judicial entre el Fisco y la Fundación”. Todo ello en el contexto de una ceremonia encabezada por el actual Ministro Felipe Ward.
En términos precisos, el Ministerio de Bienes Nacionales recuperó el referido inmueble en La Araucanía como producto del acuerdo que estableció el traspaso al Estado de un total de 108 inmuebles que se encontraban en poder de la entidad que presidía Lucía Hiriart de Pinochet, el cual fue rubricado en marzo por CEMA y el CDE en la 12º Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y ello es producto de la labor que se realizó en esta materia en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y en el marco de nuestra gestión ministerial.
Como se sabe, 10 de diciembre de 2015 solicitamos al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, que el organismo interpusiera acciones judiciales para la recuperación de los bienes inmuebles originalmente fiscales que entonces aún pudiesen estar en manos de la Fundación CEMA Chile. Para esos efectos, proporcionamos todos los antecedentes que habíamos logrado acreditar como resultado de amplia la investigación que realizamos en el Ministerio de Bienes Nacionales.
En Bienes Nacionales había instruido la elaboración de un catastro oficial, con búsqueda acuciosa en los archivos históricos (Formulario H y Sistema Nacional de Catastro) y en el Sistema de Catastro del Ministerio. También se realizaron consultas en el Archivo Nacional y el Servicio de Impuestos Internos. Ello arrojó una lista de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Solicitamos además al Servicio de Impuestos Internos el envío de los Roles y los avalúos de los inmuebles, a fin de efectuar tasaciones comerciales y estimar el perjuicio económico posible con la enajenación de los inmuebles. Solamente con 118 casos, llegamos a determinar $ 80.849.812.342. También instruimos a todas las Seremis fiscalizar de los inmuebles transferidos y otorgados en concesión.
Nuestro convencimiento era que la entidad presidida por Lucía Hiriart de Pinochet había incumplido gravemente el compromiso asumido en su momento con el Estado de Chile, en cuanto a destinar dichos bienes inmuebles fiscales a los fines sociales, consistentes con su objeto social. Ello fue la justificación del amplio uso del mecanismo excepcional de la transferencia gratuita para beneficiar a CEMA Chile. Las evidencias mostraban que parte significativa de los inmuebles fiscales transferidos gratuitamente habían sido enajenados.
Así las cosas, el CDE solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que la Causa 1618–2004, más conocida como “caso Riggs”, se repusiera al estado de sumario en lo referido a CEMA, solicitando un conjunto de diligencias orientadas a “indagar a fondo” si los bienes que el Estado entregó a esta entidad, para el desarrollo de su objeto social, seguían o no en poder de ella, y si fueron enajenados conocer las circunstancias de su venta y el destino de los fondos obtenidos. Luego, el 8 de abril, el tribunal de alzada acogió por unanimidad la solicitud del CDE y se inició una investigación por malversación de caudales públicos.
En la presentación del CDE se recogían los antecedentes que habíamos logrado recoger en Bienes Nacionales en relación a los 135 inmuebles fiscales, pero se advertía que era mayor la cifra de bienes estatales que CEMA había recibido en tiempos de la dictadura militar, originados además en los SERVIU y municipalidades, llegando a una cifra mayor a las 200 propiedades.
El 13 de abril de 2016 sostuvimos una nueva reunión de trabajo con el presidente del CDE, junto al equipo jurídico del organismo que se había hecho cargo del asunto. Concordamos en solicitar un ministro en visita, lo que fue acogido positivamente el 25 de abril siguiente, responsabilidad que se encuentra en manos del ministro Guillermo de la Barra.
Otro antecedente de enorme importancia: en la presentación que realizamos al CDE el 10 de diciembre de 2015, señalamos que, siempre en la búsqueda de la mejor protección del interés fiscal, pedíamos solicitar medidas precautorias, específicamente la prohibición de actos y contratos respecto de los inmuebles que permanecieran en el patrimonio de la Fundación CEMA Chile, a fin de evitar eventuales maniobras y simulaciones que intentaran sustraer dichos bienes raíces del resultado de la acción judicial. Es lo que el 16 de agosto de 2016 solicitó el CDE al ministro en visita y que devino en que el magistrado resolviera el embargo preventivo de inmuebles y activos financieros en manos de CEMA Chile.
Unos pocos días antes de esa decisión judicial, Lucía Hiriart renunció a la presencia de la Fundación CEMA Chile. Con todo, fue interrogada en su casa por el magistrado.
En estas circunstancias, al año siguiente el directorio de la Fundación CEMA Chile decidió aprobar su disolución gradual, así como también traspasar parte de los bienes inmuebles en su poder y que fueron entregados por el Fisco.
Ahora bien, considerando que en la investigación judicial existían antecedentes claros de una cifra superior a los 200 bienes originados en organismos del Estado que habían sido apropiados por CEMA en tiempos de dictadura, ¿cómo es que los inmuebles ahora entregados al Fisco sólo son 108, de los cuales exclusivamente 84 son bienes originados en el Fisco?
Lo que salta a la vista es que no será devuelto alrededor de un centenar de inmuebles originados en el Estado y que fueron entregados a CEMA. Estamos hablando de bienes que fueron patrimonio público y cuyo valor monetario asciende a miles de millones.
Al respecto, el Ministro Felipe Ward ha señalado: “Creo que hay que valorar el esfuerzo que hizo CEMA Chile en poder devolver estas propiedades al Estado que no pagó un peso. Son 108 que fueron devueltas. Tenían más propiedades, pero las fueron enajenando por distintas razones. Uno tendrá su juicio de valor de cómo lo hizo, pero creo que en general prestaron una función bonita en muchas regiones (sic), pero más allá de la opinión que la historia se vaya a formar, estas propiedades llegaron sin ningún costo para el Estado”.
Más allá de que el Fisco no debiera haber pagado un peso por recuperar propiedades que le pertenecían, el Secretario de Estado no se hace cargo del destino de los inmuebles que no fueron devueltos. ¿Fueron todos enajenados? Si ello fuera así, ¿la defensa del interés fiscal, obligación irrenunciable de las autoridades de Bienes Nacionales, no amerita que se persevere en la persecución penal de las eventuales responsabilidades que existan en los posibles ilícitos de apropiación indebida y malversación de caudales públicos?
El Ministerio de Bienes Nacionales ha anunciado recientemente una “Operación Rescate”, un programa con el cual se buscará recuperar inmuebles fiscales que están en condición irregular o ilegal. Respecto a la Fundación CEMA Chile hay tarea pendiente.
En modo alguno, el caso no pudiera considerarse cerrado. Lo que corresponde es que las autoridades colaboren con la investigación judicial para agotar las diligencias y establecer las sanciones penales que correspondan.
Víctor Osorio
Periodista
Ex Ministro de Bienes Nacionales
Santiago de Chile, 26 de noviembre 2018
Crónica Digital
