El asesinato del joven mapuche Camilo Castrillanca continúa hoy a debate en Chile, entre declaraciones incongruentes de los implicados y protestas de esa comunidad indígena en el país austral.
Durante un operativo policial Catrillanca, de 24 años, recibió un balazo en la cabeza el 14 de noviembre mientras conducía un tractor en la comunidad de Temucuicui, su muerte provocó protestas y disturbios en el país, así como la destitución de dos altos funcionarios.
Por el caso resultaron detenidos los cuatro carabineros que participaron en la muerte del mapuche, uno de ellos, el sargento Carlos Alarcón quien en su declaración inicial -a solo tres días del hecho-, aseguró que desde el tractor donde viajaba Castrillanca «no nos dispararon», amplió convenientemente su testimonio.
Recibí información que los tres perseguidos habían subido al tractor donde viajaba el joven ultimado, declaró Alarcón.
Otro de los implicados en la acción, el sargento segundo Raúl Ávila reconoció que destruyó evidencias del caso, al cortar con una tijera la tarjeta de memoria de la cámara de video que llevaba en su casco el día del suceso.
Mientras los cinco tripulantes del helicóptero de carabineros que sobrevoló el sector de la comunidad Temucuicui, aseguraron -casualmente- que ninguno vio el momento exacto cuando la bala terminó con la vida del nieto de un conocido defensor de los derechos del pueblo mapuche.
En otro orden, tras la muerte de Castrillanaca se reavivaron los conflictos con el pueblo mapuche que desde hace décadas está marcado por las tensiones debido al reclamo de las comunidades originarias a empresas agrícolas o forestales de la devolución de la propiedad de tierras ancestrales.
En la jornada anterior líderes mapuche se reunieron en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla, con el objetivo de evaluar un conjunto de acciones y el trato que tendrán con el gobierno.
De acuerdo con el werkén Jorge Huenchullán se iniciará un proceso de movilización por restitución territorial, las forestales deberán abandonar paulatinamente el territorio mapuche el cual deberá ser entregados a las comunidades.
Las restantes demandas son el fin de la militarización en la zona, que implica la salida del Comando Jungla; la libre determinación del pueblo mapuche, y una comisión de verdad histórica «para esclarecer los crímenes de lesa humanidad» contra el pueblo mapuche,
subrayó.
Santiago de Chile, 3 de diciembre 2018
Crónica Digital /PL