EXPERTO CONSIDERA “IRRELEVANTE” REFORMA PARA FACILITAR LA REMOCIÓN DEL DIRECTOR DE CARABINEROS

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El especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, estima que la modificación constitucional anunciada por el Presidente Piñera es innecesaria, porque ya existe un mecanismo para remover a la máxima autoridad de la institución. “La reforma más urgente debe ser una ley especial que defina específicamente cuáles son los procedimientos policiales adecuados en cada tipo de situación”, afirma.

Debido a falencias en el tratamiento del caso Catrillanca, el Presidente Sebastián Piñera decidió remover al entonces general director de Carabineros, Hermes Soto. Sin embargo, ante la negativa de este, el Mandatario debió dictar un decreto, donde por primera vez se debió informar al Congreso y esperar la toma de razón de Contraloría para concretar la determinación. Por eso, el Jefe de Estado anunció este miércoles el envío de una reforma constitucional para facilitar la remoción de la máxima autoridad de la institución policial.

Especialista en seguridad y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya

Para el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, este anuncio es “muy irrelevante en el contexto en el que estamos, de crisis institucional en una de las instituciones más importantes del país, que enfrenta el desafío de implementar un profundo proceso de modernización tanto a nivel de su estrategia operativa como de su estructura orgánica o administrativa”.

De acuerdo al ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, la modificación es “secundaria y no tan necesaria”, en circunstancias de que ya existe un mecanismo que, a su juicio, es “suficiente”. “El Presidente ya tiene esa facultad y el hecho de que tenga que informar al Congreso me parece que también es pertinente y positivo”, considera.

Para Araya, la principal y más urgente reforma a implementar en Carabineros es una norma donde autoridades políticas y la sociedad civil puedan definir y fiscalizar el actuar de la institución policial.

“Por hechos como la muerte de Camilo Catrillanca y otros episodios de maltrato o uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, se genera la sensación de una institución desbocada, perdida o sin pautas respecto de lo que tiene que ser su labor profesional”, explica. “La reforma más urgente debe ser una ley especial que defina específicamente cuáles son los procedimientos policiales adecuados en cada tipo de situación”, señala.

El especialista toma como referencia a Uruguay, país donde ya existe una ley sobre procedimientos policiales que especifica qué debe hacer exactamente la Policía ante distintos procesos, como detención, custodia, etcétera. “No puede ser una autocracia donde Carabineros defina por sí y ante sí cómo estiman que debe realizarse el procedimiento policial. Eso debe ser revisado por las autoridades y el mundo civil para que al país le parezca aceptable”, sostiene.

Finalmente, estima que también es necesario que los efectivos policiales vuelvan a formarse en materias donde evidencian falencias. “En la actualidad, tenemos 60 mil funcionarios de Carabineros, pero a la luz de los últimos acontecimientos, queda la sensación de que tienen vacíos en su formación. Por eso, propongo que se defina cuanto antes un proceso de recapacitación que dure uno o dos años, para reformular ciertos temas, como derechos humanos, por ejemplo, y certificar así los estándares adecuados”, concluye.

Santiago de Chile, 27 de diciembre 2018
Crónica Digital /usach.cl

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