Por Omar Cid: LA APLICACIÓN BOLSONARO

El asesinato de Camilo Catrillanca, es un tema sensible para la administración Piñera. Porque desde su entorno se dijo, no hay imágenes y las había. Se aseguró que hubo enfrentamiento y no existió. Se dijo que eran delincuentes con prontuario y no lo tenían. El propio presidente aseveró ante todo el país el 28 de junio de 2018: «Hemos dado el inicio a un grupo especial de Carabineros, que ha sido preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo. Que cuenta con las mejores herramientas tecnológicas, como drones, sistemas de comunicación, etc., para cumplir con eficacia su rol«. Sin embargo, las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación, han exhibido un aspecto bastante desdibujado de lo que puede entenderse por preparación y eficacia.

Es posible imaginar el semblante inquieto de los cabecillas de La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, de los empresarios forestales, de los tecnócratas que propusieron la especialización en la selva colombiana, de los circuitos de poder fáctico ligados al conservadurismo, ante un accionar tan de aficionados, de las fuerzas destinadas a proteger sus intereses.

El incidente dejó entre sus víctimas, al General Director de Carabineros Hermes Soto, junto a cincuenta y dos generales. Por añadidura puso en tensión la institucionalidad democrática, porque obligó al presidente a recurrir a un decreto supremo explicativo. Incluso se instaló por parte del gobierno, la necesidad de buscar las herramientas legales que permitan la destitución de los comandantes en jefe de la Fuerzas Armadas y de Orden, sin grandes preámbulos: tema tabú para la derecha desde los inicios de la transición.

Con la remoción de Soto y la instalación de Rozas, el gobierno ha pretendido calmar los ánimos. Sin embargo, el margen de maniobra del Ministro del Interior y su Subsecretario, se encuentra reducido -es tan así- que una acción propia de sus facultades, como reunirse con el alto mando de carabineros, se presenta ante la opinión pública, bajo la modalidad de un trillado espectáculo de respaldo gubernamental.

Si el presidente tuvo que interrumpir su gira en el sur, si necesitó convocar un comité político a mediados de semana para luego decir al Ministro: haga su trabajo. Es exactamente porque el problema existe, es grave y lo obliga a arriesgar capital político, ante una ciudadanía que de manera sistemática, va creciendo en su descontento.   Las manifestaciones de rechazo a la presencia del ministro, en la región de Catrillanca, hablan por sí solas.

En el largo plazo, lo que parece desmoronarse, es la tesis de resolver por la vía de militarizar La Araucanía, el conflicto social de raíz civilizatorio que se palpa en la zona.   La propuesta, no solo es atribuible a esta administración, lo que ocurre es que los intereses en juego, las presiones de los circuitos de poder con llegada directa a La Moneda, han puesto el acento en más represión, bajo el principio  “del garrote y la zanahoria”.

Cuando todavía no ha transcurrido tiempo suficiente y las referencias que se poseen son parceladas, por momentos equívocas.  Lo que ronda en el ambiente, es la existencia de una crisis más profunda al interior de carabineros: particularmente en su alta oficialidad.   Se perciben resistencias de un grupo de ellos, al modo como el poder político ha pretendido relacionarse con la institución.  El nombramiento del General  Mario Rozas, es un llamado al orden, al maquillaje, lo que puede traducirse en el viejo principio de “se acata, pero no se cumple”.

Otro tema que no ha escapado al ojo de algunos analistas, es la posibilidad que existan  sectores –dentro de la propia alianza de gobierno- interesados en lesionar el ala liberal, minando las pretensiones de figuras como el Ministro de Desarrollo Social o de algún otro de esa línea, para abrir paso a otro tipo de liderazgo, ligado a visiones autoritarias.   La separación evidente entre la agenda de Piñera y José Antonio Kast, las conversaciones de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, con diputados de su partido entusiasmados con el aprendiz de Bolsonaro, pueden apuntar en esa dirección.

Desde otra óptica, lo acontecido es la expresión más profunda de un estado de ánimo en el seno de la élite económica y política, de ahí las señales emitidas al mundo laboral, con su comportamiento en la huelga de LAN, donde prefirieron asumir pérdidas millonarias a negociar con sus trabajadores, la misma conducta se repitió en el conflicto con los portuarios.

En un sentido más amplio. las medidas sancionadoras que buscan controlar al mundo estudiantil, el uso del tema migratorio como recurso comunicacional, expresado en un avión que sale con migrantes haitianos, otro que ingresa pasando por Venezuela, no hace otra cosa que exacerbar conductas xenófobas, originando división en la sociedad chilena y en especial en el mundo de los trabajadores.

Resulta enternecedor en este contexto, ver a un vástago como Pablo Ortúzar, traducir a pensadores liberales, para ver si el “jet set” de su sector político, se abre a su lectura… No obstante la ilustrada invitación, la flor y nata de los representantes del conservadurismo -y con particular vehemencia- la senadora de una comarca del sur llamada “Ablehnung” se han vuelto fanáticos de una nueva App costo cero: llamada Bolsonaro.

Por Omar Cid
Escritor
Crónica Digital
Santiago de Chile, sábado 12 de enero 2018

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OBISPOS VUELVEN AL VATICANO

Sáb Ene 12 , 2019
El tema de los numerosos casos de abusos sexuales cometidos por clérigos chilenos vuelve hoy a la palestra ante la inminente reunión del Papa con cinco obispos de este país. Los obispos, quienes viajan este sábado a Roma, se reunirán el lunes con el papa Francisco para, según informó la Conferencia Episcopal de Chile, informar al sumo pontífice sobre lo avanzado en los compromisos asumidos por la Iglesia chilena desde el anterior encuentro celebrado en mayo de 2018. También le informarían sobre la marcha de los procesos judiciales y eclesiásticos que se siguen en contra de los sacerdotes denunciados por cometer abusos sexuales. El pasado año la jerarquía católica chilena en pleno fue convocada por  el Papa al Vaticano para analizar la crisis por la que atraviesa la iglesia en Chile como consecuencia de las denuncias de abusos sexuales y su encubrimiento por las máximas autoridades religiosas del país. En esa ocasión Francisco desvinculó de la Iglesia a una decena de obispos de la Conferencia Episcopal chilena, mientras que los demás se comprometieron a colaborar con los procesos judiciales en marcha. Sin embargo las expectativas sobre este nuevo encuentro han aumentado aquí pues entre los convocados ahora figuran dos obispos que son investigados por encubrir delitos sexuales, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva. Ya se escuchan reacciones ante la reunión del lunes, y al respecto Juan Carlos Cruz, víctima del excura Fernando Karadima, declaró a una emisora radial que «los obispos chilenos son de una soberbia que no tiene nombre» y sostuvo que irán a defenderse de las críticas, ante el mal manejo de los casos de pederastia cometidos por miembros del clero. En cuanto a los procesos que están en marcha, Cruz dijo esperar que le sea negado el sobreseimiento definitivo al cardenal Ricardo Ezzati por una acusación de encubrimiento y acusó al clérigo de intentar escapar de una investigación que apenas comienza. En tanto, Marcial Sánchez, experto en temas de la Iglesia, consideró que los obispos chilenos están en deuda con las tareas encomendadas por el Papa y calificó de deficiente su labor para hacer frente a lo relacionado con los múltiples casos de abusos sexuales. Sánchez advirtió que algunos obispos han asumido con responsabilidad sus compromisos con el Vaticano, pero otros «solo están preocupados por ellos mismos»  y opinó que la Conferencia Episcopal aún no se ha puesto en el lugar de las víctimas, con las cuales ni se ha reunido, y no ha colaborado efectivamente con la justicia, como pidió el Pontífice. El más reciente informe de la Fiscalía de Chile da cuenta de 148 casos de abusos sexuales en los que está involucrada la Iglesia Católica, con ocho obispos en la mira, y en total son 255 las víctimas de delitos sexuales cometidos por miembros del clero, 10 más que en un informe precedente presentado en la segunda mitad del 2018. Santiago de Chile, 12 de enero 2019 Crónica Digital /PL

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