CEPAL: CHILE ENCABEZO DISMINUCION DE LA POBREZA EN EL CONTINENTE ENTRE 2015 Y 2017

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La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó en 2017 el nivel máximo dentro de los últimos 10 años, afectando a 62 millones de personas, es decir un 10,2% de la población latinoamericana, según informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En su informe “Panorama Social de América Latina 2018”, consigna que la proporción de pobres se mantuvo, siendo 184 millones o un 30,2% de la población.

Dentro de los países que más redujeron la pobreza entre 2015 y 2017 se encuentra Chile, pues según detalla el informe pasó de un 13,7% a un 10,7 por ciento, seguida por Argentina (21,5% al 18,7%) y El Salvador (42,6% al 37,8%). Por otro lado Brasil, aumentó de un 18,8% a un 19,9%.

Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.  “Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.

El informe destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares.

Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.

En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la Comisión.

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.

La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo. “Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento.

Santiago de Chile, 17 de enero 2019
Crónica Digital

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