A CASI TRES DÉCADAS DEL INFORME RETTIG: FUERZAS ARMADAS AÚN NO DEVUELVEN RECINTOS UTILIZADOS EN VIOLACIONES A LOS DDHH

Destrucción de espacios físicos, dificultades para recuperar inmuebles, y la restricción en los accesos a los Sitios de Memoria por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, son algunas de las dificultades detectadas por el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”.

El INDH recomienda devolver los recintos utilizados como centros de detención y tortura para habilitarlos como espacios de memoria, tal como lo sugirió la Comisión de Verdad y Reconciliación hace ya casi tres décadas, en virtud de los  compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile.

La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse. La Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.

Desde el primer informe han pasado casi 30 años y la deuda del Estado en esta materia aún está pendiente. El Informe Anual de Derechos Humanos 2018, elaborado por el INDH, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, detalla una serie de dificultades de diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles, utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, que todavía permanecen en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El estudio de carácter exploratorio analizó, entre otras materias, la respuesta del Estado respecto a las políticas públicas sobre Sitios de Memoria a través de una encuesta digital realizada a 21  organizaciones, entrevistas a directivos de instituciones que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible de diversas entidades públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los integrantes de diversos sitios de memoria -lugares que recuerdan hechos vinculados a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, cuyo presente interpela a la sociedad sobre hechos ocurridos en el pasado-, coinciden en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Miguel Lawner, arquitecto y ex preso político, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”.

La falta de recursos humanos y financieros, coinciden los especialistas entrevistados, ha derivado en una actuación reactiva por parte del Estado y sus órganos técnicos, que se han limitado a tramitar las solicitudes presentadas por organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Monumentos Nacionales impidiendo que muchos sitios no recibieran una protección oportuna. José Piga, experto en conservación y restauración de monumentos, asegura en el informe que algunos casos terminaron en la destrucción de los inmuebles por parte de sus nuevos propietarios  con evidentes “intereses políticos”, como sucedió con la Casa Memoria José Domingo Cañas (Ex cuartel Ollagüe de la DINA), ubicada en la comuna de Ñuñoa.

En la actualidad se ha logrado recuperar el 46% de los inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales para sitios de memoria y se ha entregado protección legal a 40 centros de detención y tortura utilizados durante la dictadura, gracias al arduo trabajo de diversas agrupaciones de derechos humanos durante los últimos 22 años.

Los registros más altos de visitas mensuales a sitios de memoria durante el año 2017 lo encabezaron Londres 38 con 2.380 visitantes y Villa Grimaldi con 2.042, relevando la importancia que tienen estos recintos en materia de educación y cultura en derechos humanos. El promedio de visitas a nivel nacional en estos espacios de memoria es de 406 visitantes al mes, mientras aquellos que siguen en manos de las Fuerzas Armadas, y que cuentan con protocolos de acceso durante algunos días, registran apenas 21 visitas en el mismo periodo.

La escasa colaboración de las Fuerzas Armadas, desafiando la jurisprudencia internacional y los marcos que rigen las políticas en materia de verdad, justicia y reparación, es otra de las barreras detectadas en el Informe. También la falta de voluntad política de los gobiernos, asegura Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria, “para enfrentar decididamente a quienes buscan que los hechos ocurridos queden en el olvido”.

El diagnóstico realizado en el Informe elaborado por el INDH no sólo concluye  el escaso esfuerzo del Estado en responder a las demandas de las organizaciones respecto a los sitios de memoria, sino también la inexistencia de una política pública de protección para estos recintos y de un órgano competente para coordinar y planificar “las acciones necesarias para ejecutar las propuestas de patrimonialización de inmuebles emanadas de la comisión Rettig y Valech”. La escasez de recursos del Ministerio de Bienes Nacionales para adquirir propiedades es otro factor que ha impedido la recuperación de centros de detención y tortura utilizados en dictadura, encontrándose hoy en manos de personas y entidades de derecho privado.

Recomendaciones

En virtud de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomienda al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que soliciten la entrega de los inmuebles fiscales utilizados en la comisión de delitos en contra de los derechos humanos en la dictadura, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad. El objetivo es que estos recintos puedan ser habilitados como sitios de memoria para el desarrollo de actividades pedagógicas que contribuyan a la no repetición de hechos de esta naturaleza. Se recomienda, además, que los organismos cumplan con las acciones comprometidas con el Plan Nacional de Derechos Humanos, respecto a la colocación de placas y la creación de protocolos de acceso a los sitios de memoria que se encuentren bajo su jurisdicción.

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NAVARRO POR PUENTE BICENTENARIO: “LO DE CONCEPCIÓN, SE DECIDE EN CONCEPCIÓN

Sáb Ene 19 , 2019
“La construcción de los puentes sobre río Biobío ha revelado diversas anomalías a lo largo de los años; la peor, es que se siga decidiendo en Santiago lo que es mejor para la Región del Biobío”, manifestó molesto el senador Alejandro Navarro, ante el anuncio del Subsecretario de OOPP por el Puente Bicentenario. Para el parlamentario, “una vez más, se toma una decisión que le corresponde a Concepción, a la Provincia, a la Región del Biobío, en Santiago, cuando viene Lucas Palacios, Subsecretario de Obras Públicas, a anunciar que el Puente Bicentenario se conectará con Chacabuco por sobre nivel”. “¿El MOP le preguntó a los penquistas?, ¿a la ciudadanía?, ¿al alcalde de Concepción?, inquirió el senador por la Región del Biobío. “Pues es muy fácil venir desde Santiago a anunciar una inversión de 5 mil millones y a señalar que el Puente Volador conectará con Avenida Chacabuco, sin haber consultado con los residentes, con quienes se verán afectados”, agregó. Para Navarro, “esta decisión confirma que este Gobierno, pese a hacer anuncios de descentralización y de dar poder a las regiones, en los hechos sigue la tendencia de cada administración: toman las decisiones desde La Moneda sin consultar con los directamente involucrados”. Falta de Estudio Ambiental “Por otra parte”, recordó Navarro, el año 2017 hicimos una presentación a Contraloría, en la que solicitamos paralizar los trabajos del Puente Bicentenario sobre el río Biobío, por falta de un Estudio de Impacto Ambiental”. “Pues aquí hay ciudadanos afectados en ambos lados del rio, particularmente en la población Aurora de Chile, cuya relocalización ha significado grandes alteraciones a la vida y costumbres de quienes han vivido en la zona por décadas”, señaló. “Además, hay un impacto en la biodiversidad, en las diferentes plantas, animales y microorganismos que albergan los ecosistemas del Biobío”, señaló el senador por la Región del Biobío Navarro afirmó que, “la ley es clara en el artículo 7 del decreto 40: el titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”. “Pero el SEIA se sigue negando a un estudio de impacto ambiental, lo que carece de toda lógica e incluso va contra la Constitución, pues la Ley Nº 19.300 en su artículo 10, señala que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, tales como autopistas y caminos públicos, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental”, dijo. “Por ello me reuniré con el Superintendente de Medio Ambiente y con la Directora Regional del SEIA del Biobío; es claro que aquí existen anomalías que deben ser resueltas y un estudio ambiental que debe ser elaborado, por lo que exigiremos respuestas claras; de otra forma, la investigación deberá ser de carácter judicial”, afirmó el senador por la Región del Biobío. Santiago de Chile, 19 de enero 2019 Crónica Digital 

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