CUANDO LA DERECHA CHILENA CREÍA EN LOS PRINCIPIOS DE LA NO INTERVENCIÓN Y LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS

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Apenas cuatro días después del derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba, el nuevo Gobierno revolucionario solicitó el reconocimiento formal de Chile, el cual se otorgó, sin mayores objeciones, el 7 de enero de 1959 por medio de un mensaje del canciller Germán Vergara Donoso, quien había iniciado su carrera en el servicio diplomático en 1921. Era el período presidencial de Jorge Alessandri, un empresario de derecha, aunque sin militancia partidaria, que entonces contaba con el respaldo de liberales y conservadores, y que más tarde incorporaría a su Gobierno al Partido Radical. Era una expresión de las convicciones de fondo del Mandatario: respetar los principios de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado y de la autodeterminación de los pueblos (1).

Jorge Alessandri Rodríguez fue el Presidente de la República entre 1958 y 1964, e intentó regresar a La Moneda en 1970, cuando fue derrotado por Salvador Allende. Sin duda, fue una de las figuras más relevantes de la derecha política y económica en Chile en el Siglo XX y su influencia puede rastrearse incluso hasta hoy mismo. Su entorno estuvo poblado por la derecha tradicional de conservadores y liberales, por Jaime Guzmán y el gremialismo de la Pontificia Universidad Católica, por los empresarios que fueron los primeros en adoptar el proyecto del neoliberalismo (encabezados por “El Mercurio” y el Grupo Edwards), por la ultraderecha de Patria y Libertad. 

En 1959, pese a la orientación antisocialista del Gobierno chileno, Alessandri no tuvo la menor duda de la necesidad de preservar, frente al proceso revolucionario cubano, los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención, los que siempre habían definido la política exterior del país.

El enfoque de Alessandri frente a la Revolución Cubana fue delineado claramente en el discurso que pronunció con motivo de la inauguración de la Quinta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, que se celebró en Santiago de Chile entre el 12 y el 18 de agosto de 1959, convocada para considerar “la situación en la región del Caribe en sus aspectos generales y múltiples”.

El Mandatario chileno exaltó la democracia occidental como modelo a replicar en todo el sistema interamericano, pero a continuación subrayó la necesidad de respetar el principio de “la no intervención, que tanto costara conquistar hasta convertirlo en norma de Derecho Internacional positivo”. Agregó que la defensa de la concepción liberal de la democracia no debía “vulnerar el principio de no intervención, que debe mantenerse de modo intangible” (2).

El aumento de las tensiones entre los Estados Unidos y Cuba no alteró la cordialidad de las relaciones de Chile con la Isla. En octubre de 1960, el Departamento de Estado anunció que “el Gobierno de Estados Unidos está poniendo en vigor medidas generales de control, a fin de prohibir las exportaciones norteamericanas a Cuba”. Sin embargo, las autoridades chilenas no consideraron que la beligerancia del país del norte debiera significar un cambio de la orientación de su política bilateral respecto a Cuba. Poco después de la comunicación del Departamento de Estado, el canciller Germán Vergara concurrió a una recepción en la embajada de la Isla en Santiago, con motivo de la celebración del primer aniversario del triunfo de la Revolución (3).

El Canciller era un hombre de ideas conservadoras y una larga trayectoria diplomática. Se desempeñó como Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Arturo Alessandri entre 1932 y 1938, padre de Jorge Alessandri; y luego fue Canciller en el Gobierno de Gabriel González Videla, radical anticomunista, en dos períodos (1947–1948, 1950–1952) y, finalmente asumió el mismo cargo de los inicios de la Administración de Jorge Alessandri, permaneciendo en el cargo hasta 1961.

El 3 de enero de 1961, el Gobierno de los Estados Unidos anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. A continuación, el 9 de marzo, el secretario de Estado, Dean Rusk, declaró que “nosotros creemos que el problema cubano es un problema hemisférico. Estamos en íntima consulta con nuestros amigos de América Latina para determinar junto con ellos los pasos y actitudes apropiadas”.

Luego de la fracasada invasión en Playa Girón, Washington profundizó sus presiones sobre los países de América Latina para forzarlos a adoptar medidas en contra de Cuba. El 4 de mayo, Rusk indicó que su Gobierno estaba sosteniendo “consultas intensivas con los Gobiernos americanos acerca de Cuba y otras cuestiones, acerca de problemas que surgen en el hemisferio como consecuencia de la penetración del bloque chino–soviético en Cuba”, y puntualizó que la situación de Isla “es, por supuesto, un problema hemisférico, tanto como es un problema cubano y un problema norteamericano”. El 29 de junio, agregó que “los miembros de la OEA reconocen ahora más que nunca que se trata de algo más que una cuestión bilateral entre Cuba y Estados Unidos; que se trata, de hecho, de un problema para el hemisferio (…) y que la OEA debe prestarle su más seria atención”.

A mediados de octubre de ese año, una semana después de la visita a Estados Unidos del Presidente de Perú, Manuel Prado, el país andino presentó una solicitud de convocatoria a una conferencia de ministros de la OEA para tratar “las amenazas extracontinentales al hemisferio provenientes de la Revolución Cubana”. El 4 de diciembre de 1961, el Consejo de la OEA aprobó la proposición por 14 votos a favor, dos en contra (México y Cuba) y cinco abstenciones, una de las cuales correspondió a Chile.

La persistente política de neutralidad de Alessandri le significó problemas al interior de sus propios partidarios. El periodista anticomunista Marcos Chamudes había sido designado director del diario “La Nación” a comienzos del período presidencial. En 1961, renunció a su cargo y abandonó el país, porque –según explicó– “el señor Alessandri se oponía a la ruptura de relaciones con Cuba” (4).

El 7 de enero, Dean Rusk declaró que Estados Unidos esperaba que en la conferencia de la OEA se abordara “la amenaza que el castrismo constituye para el hemisferio occidental” y se adoptaran “medidas para aislarlo, como parte de una protección básica dentro de las normas del sistema interamericano”.

Fue así como se llegó a la 8ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, Uruguay, entre el 22 y el 31 de enero de 1962. El primer día del encuentro, Rusk manifestó: “El primer paso importante es aislar a Castro en este hemisferio (…) En este momento estamos trabajando con los otros miembros de la OEA sobre la base de que la actitud amenazante de Cuba y la penetración de este hemisferio por el comunismo es más una amenaza directa e inmediata para el resto de ellos que para Estados Unidos”. El funcionario norteamericano declaró el 25 de enero: “Debemos hacer ahora efectiva la decisión de excluir al régimen de Castro de toda participación en los órganos y los cuerpos del sistema interamericano y ordenar al Consejo de la OEA que se determine cómo dar mejor y más rápido cumplimiento a esta decisión”.

Finalmente, se adoptó la decisión de expulsar a Cuba de la OEA, “por incompatibilidad con el Sistema Interamericano”, por 14 votos contra uno (Cuba) y seis abstenciones, una de las cuales fue nuevamente Chile.

Chile continuaba aferrado a la vieja tradición neutral de la diplomacia chilena, sobre todo considerando la paradoja de que la inmensa mayoría de los países que seguían a Estados Unidos en la búsqueda de la aplicación de sanciones a Cuba, en nombre de la defensa de la democracia, eran gobernados por dictaduras militares.

En octubre, el nuevo canciller Carlos Martínez Sotomayor, militante del Partido radical, aseveró que la posición chilena “está basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos” (5). Por lo tanto, dijo, Chile mantendría una postura “independiente” frente a las presiones de Estados Unidos, lo que implicaba no participar ni respaldar propuestas destinadas a sancionar a Cuba o a expulsarla de la OEA (6).

Poco antes de la reunión en Punta del Este, el 23 de diciembre de 1961, Jorge Alessandri incluso se envió una señal de abierto desafío a las pretensiones norteamericanas. Recibió al subsecretario de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Olivares, quien al término de la reunión declaró encontrarse satisfecho con la “hospitalidad” del Gobierno chileno. Luego, el Mandatario chileno explicitó su disconformidad con la propuesta de aplicar eventuales sanciones a Cuba (7).

Mientras se aproximaba la “Crisis de los Misiles”, Estados Unidos redoblaba sus esfuerzos para profundizar el cerco en contra de la Isla. De esa forma, logró que fuera convocada una Conferencia Informal de Cancilleres en Washington, que se verificó el 2 y 3 de octubre de 1962. Concluyó con una declaración en que se planteaban “recomendaciones”, como la suspensión del comercio con Cuba.

La postura chilena no tuvo variación. El canciller Martínez Sotomayor recalcó que medidas de esa naturaleza no eran obligatorias y que Chile no interrumpiría relaciones políticas y comerciales con la Isla, al igual que Brasil y México (8).

En cambio, el 3 de febrero de 1962, el Presidente John Kennedy, mediante la Resolución Nº 3447, decretó el embargo total del comercio entre Cuba y Estados Unidos, apelando a los acuerdos de la Reunión de Punta del Este.

En abril de ese año, los principios de la política exterior chilena nuevamente fueron puestos a prueba, frente a la cada vez más creciente presión norteamericana. El 24 de ese mes, el Consejo de la OEA aprobó el estatuto de la Comisión Especial de Seguridad, a partir de una recomendación de la reunión de Punta del Este. Esta tenía por propósito estudiar medidas destinadas a “combatir el comunismo”. El Estatuto fue aprobado por 13 votos a favor, uno en contra (Brasil) y seis abstenciones, entre las que estuvo Chile.

En julio siguiente, el Consejo de la OEA adoptó un informe del Comité Especial en el cual se solicitaba una coordinación de las actividades oficiales de los Gobiernos, internas y externas, en torno a la lucha contra el comunismo. Chile se abstuvo junto a Brasil, México, Haití y Venezuela, con 14 votos a favor. En la parte en la que se pedía que los Gobiernos implementaran las medidas allí sugeridas, Chile votó en contra, frente a 14 votos a favor y la abstención de Brasil, México, Haití y Venezuela.

Marcos Chamudes inició entonces una feroz campaña de ataques contra el Gobierno de Jorge Alessandri, a través de las páginas de su revista “PEC”, que recibía financiamiento de los Estados Unidos. El órgano oficial del Partido Comunista de Chile comentó: “Chamudes está furioso con el canciller Martínez Sotomayor. La actitud de Chile en la OEA, que fue decente y digna, le ha parecido el colmo de la audacia. No entiende cómo el Gobierno de Chile se atreve a desafiar los designios del Departamento de Estado” (9).

Las presiones del país del norte contra Chile comenzaron a ser cada vez más intensas. Arturo Olavarría Bravo comentó que Estados Unidos había postergado el suministro de la ayuda financiera comprometida a Chile a través de la Alianza por el Progreso. La razón era inequívoca: “Nuestra actitud neutralista en el conflicto de aquel país con la Cuba de Fidel Castro”. Agregaba que el cambio de postura de Argentina, pasándose al lado de los que condenaban a la Isla, significó que “casi en el acto, Estados Unidos ayudó financieramente al país vecino enviando un verdadero aluvión de dólares”. Concluyó: “Si Chile, al igual que las naciones latinoamericanas satélites de Estados Unidos, hubiera votado favorablemente la expulsión de Cuba de la OEA, su ayuda financiera no se habría dejado esperar” (10).

La coyuntura que Estados Unidos esperaba se produjo por fin el 1 de noviembre de 1963, cuando el Gobierno de Venezuela denunció haber descubierto un cargamento de armas en el Estado de Falcón. Inmediatamente culparon a Cuba y solicitaron en diciembre de ese año una investigación en el seno de la OEA. A raíz de una solicitud de ese país, el Consejo convocó a una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, en Washington, a realizarse entre el 21 y el 27 de julio de 1964.

A finales de abril de ese año, Estados Unidos había logrado modificar la correlación de fuerzas al interior de la OEA. Un golpe de Estado en Brasil, resultante de la intervención de la CIA, derrocó al Gobierno de Joao Goulart. La emergente dictadura militar instalada en el país más poderoso de América Latina rompió relaciones con Cuba en mayo y se incorporó entusiastamente al bloque de países que solicitaban la imposición de sanciones a la Isla.

En Chile, mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido asumido por Julio Philippi, un abogado que era cuñado y discípulo del historiador Jaime Eyzaguirre, un hombre determinante en la formación intelectual, hispanista y corporativista, de toda una generación del mundo conservador en Chile, incluyendo al joven Jaime Guzmán, que poco después formaría el Movimiento Gremialista que originó a la UDI. Sin embargo, Philippi defendió en forma invariable la política chilena en esta materia: no intervención y respeto a la autodeterminación.

Por esos días se desarrollaba la campaña electoral para definir la sucesión presidencial, polarizada entre el socialista Salvador Allende y el democristiano Eduardo Frei. Este último había logrado el respaldo de la derecha y parte importante de su propaganda –producida y financiada por la CIA– apuntaba a mostrar el candidato de izquierda como la amenaza de transformar el país en otra Cuba. Ni siquiera esa coyuntura influyó en que el Gobierno de Alessandri modificara su postura.

La Conferencia de Washington se inauguró con la presentación de anteproyectos referidos a la interrupción obligatoria de todo tráfico marítimo con Cuba y la suspensión de relaciones diplomáticas de parte de los países latinoamericanos, a la posibilidad de que el continente pudiera actuar “automática y colectivamente” contra Cuba, y una exhortación a otras naciones, especialmente de Europa Occidental, de que no comerciaran con la Isla. Unos pocos días antes, el Presidente Lyndon B. Johnson declaró: “Nuestra tarea principal debe ser aislar a Cuba del sistema interamericano”.

La Conferencia adoptó el 25 de julio una resolución que disponía la adopción de sanciones en forma obligatoria para los países miembros. En su parte resolutiva acordó por 15 votos afirmativos, con la negativa de México y Uruguay, y la abstención de Chile y Bolivia, que los presuntos actos de Cuba en Venezuela constituyeron una “agresión”. Por 16 votos a favor y tres en contra (Chile, México y Bolivia) se condenó a la Isla. Por la ruptura de las relaciones diplomáticas, 14 votos afirmativos, cuatro negativos (Chile, México, Bolivia y Uruguay) y una abstención. El mismo esquema se produjo respecto de la suspensión del intercambio comercial. Por 15 votos afirmativos y cuatro abstenciones (Chile, México, Bolivia y Uruguay) se aprobó la amenaza de una acción “automática y colectiva”. Un resultado similar se produjo respecto de la exhortación a los Estados no americanos a no comerciar con Cuba. Por último, Chile se abstuvo en una declaración en la que se llamaba al pueblo cubano a “liberarse de la tiranía comunista”.

A pesar de las resoluciones de la OEA, el canciller Julio Philippi, citando al venezolano Andrés Bello como apóstol de la doctrina de la no intervención, afirmó que “Chile puede continuar las relaciones con Cuba” (11).

Entre julio y agosto de ese año se produjo una fuerte tensión limítrofe con Argentina a raíz de una zona en disputa en el extremo sur, en Palena. Desde la izquierda se analizó que se trataba de una maniobra de los Estados Unidos, actuando a través de la nación trasandina, con el propósito de forzar a Chile a romper relaciones con Cuba, puesto que la situación mostraba al país la necesidad de no desafiar una resolución de carácter mandatoria, pues podría quedar excluido de un marco de equilibrio en el sistema interamericano para la resolución de las complejas relaciones fronterizas del país (12).

De esa forma, Alessandri se vio obligado a romper los vínculos diplomáticos con Cuba el 11 de agosto de 1964. Sólo entonces Argentina se avino a un acuerdo negociado con Chile.

En el comunicado oficial del Gobierno chileno se informa que la decisión se adoptó bajo el mandato de la resolución de la OEA, pero recordando que se tomó “con el voto negativo de Chile”. Además, para que no quedaran dudas, Alessandri dio a conocer una declaración que señalaba: “En uso de las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado, procederé a dar cumplimiento a los acuerdos relacionados con Cuba adoptados en la Novena Reunión de Cancilleres Americanos, recientemente celebrada en Washington. Como es del conocimiento público, durante todo mi Gobierno he mantenido en lo concerniente a las relaciones con Cuba una política bien clara y definida, no siempre comprendida por algunos sectores de la opinión nacional. El Gobierno de Chile ha defendido con firmeza esa política, una vez más, en la reciente Reunión de Washington, oponiéndose a las sanciones con acopio de argumentos, por estimarlas inconvenientes e inadecuadas, pero resultó vencido” (13).

Apenas el 25 por ciento de la población estuvo de acuerdo con la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, conforme a una encuesta divulgada entonces por “El Mercurio” (14). El ya citado Arturo Olavarría afirmó que la decisión fue recibida por “la mayoría con pena o indignación”. Indicó: “Esta iniciativa pareció a la mayoría de los chilenos que no era sino fruto de la presión ejercida por Estados Unidos sobre el Gobierno de Chile”. Concluyó: “En realidad, nuestro pueblo lamentó la medida” (15). Olavarría Bravo tenía sus orígenes en el radicalismo, había sido presidente de la Acción Chilena Anticomunista (ACHA) y en el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez fue también Ministro de Relaciones Exteriores.

Alessandri falleció en 1986. Todos sus Cancilleres también ya han partido de este mundo. Quizás se sorprenderían que su sector ya no comparte un ápice de la doctrina de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que tanto defendieron a la largo de su Gobierno. Y más se sorprenderían si llegaran a saber que sectores que tienen su origen en la izquierda o el progresismo también han dejado de defender esos principios.

Por Víctor Osorio
El autor es Periodista y fue Ministro de Estado.

NOTAS

1. Un trabajo riguroso y sistemático sobre el tema, en el que nos hemos apoyado en forma significativa, aunque no exclusiva, pertenece a Joaquín Fernandois: “Chile y la ‘Cuestión Cubana’, 1959-1964” (“Estudios Históricos” N° 5, Santiago, s/f).

2. “El Mercurio”, 12 de agosto de 1959.

3. “Ercilla” Nº 1338, enero de 1961.

4. Marcos Chamudes: “Chile: Una Advertencia Americana”, Santiago, 1972.

5. “La Nación”, 16 de octubre de 1961.

6. “La Nación”, 1 de noviembre de 1961.

7. “La Unión”, 11 de enero de 1962.

8. “La Nación”, 5 y 7 de octubre de 1962.

9. “El Siglo”, 18 de julio de 1963.

10. Arturo Olavarría Bravo: “Chile entre dos Alessandri”, Tomo III, Editorial Nascimiento, Santiago, 1965.

11. “La Nación”, 26 de julio de 1964.

12. “El Mercurio”, 27 de julio de 1964.

13. “La Nación”, 12 de agosto de 1964.

14. “El Mercurio”, 12 de agosto de 1964.

15. Arturo Olavarría Bravo: “Chile entre dos Alessandri”, Tomo IV, Editorial Nascimiento, Santiago, 1965.

Fotografía: Perfil de Jorge Alessandri en Wikipedia.

Santiago de Chile, 27 de enero 2019
Crónica Digital 

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