«En los 8 Proyectos de Ley presentados al Congreso para corregir el error cometido, el reemplazo de medidores y empalmes sigue siendo obligatorio, o se cobra al usuario el cambio y no se evitan cobros ilegales de energía eléctrica, esta moción corrige aquello”, manifestó el senador Alejandro Navarro, tras presentar iniciativa más completa en el marco de los medidores inteligentes (Boletín Nº 12.459-08, adjunto).
“Esta será la corrección del fraude a la ciudadanía”, prosiguió“. Reúne todos los elementos necesarios para hacer justicia en materia de medidores y empalmes, a saber, que el cambio sea absolutamente voluntario, que sea gratuito, que las empresas indemnicen a los usuarios por los medidores y empalmes inutilizados, garantía legal de que los medidores no harán cobros ilegales, y garantía de que no se vulnerará el derecho a la intimidad de los consumidores”.
Para el parlamentario “ya ha quedado probado de manera suficiente el robo legal, el enriquecimiento ilícito aprobado por el Congreso. Cada cual ha hecho su mea culpa, sea por no leer el proyecto, o por aprobarlo a sabiendas. Es preferible que el Congreso borre con el codo lo que escribió con la mano, pero ahora en beneficio de los ciudadanos, pues lo que se hizo fue un fraude, un acto vergonzoso, que enrojece y hace callar a parlamentarios de las más diferentes bancadas”.
Navarro afirma que “debemos corregir lo hecho, y es por ello que ya hay ocho proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados y el Senado. Queremos que nuestro proyecto sea el definitivo, y creemos que es el más avanzado, pues integra todos los elementos y no se queda sólo en que el cambio de medidor y empalme sean gratuitos”.
El senador por la Región del Biobío señaló que “en primer lugar el proyecto de ley ordena que el cambio de medidor y de empalme deben ser voluntarios para sus dueños, y se requiere de que la empresa pruebe que elconsentimiento del usuario debe ser expresado en términos irrefragables, apoyado por información fidedigna y por medios audiovisuales que garanticen su comprensión, pues de lo contrario, se les está robando y dañando su propiedad”.
“En segundo lugar, el cambio debe ser gratuito, pues si el consumidor acepta el cambio, los medidores y empalmes nuevos serán de propiedad de las concesionarias, y ellas lucrarán con esos nuevos equipos. Que el usuario pague por ellas, es un abuso, un enriquecimiento ilícito”, señaló.
El senador afirmó que “el tercer punto es que las empresas deben compensar o pagar a los usuarios por los medidores y empales inutilizados que sean de propiedad de los usuarios. Como a las empresas concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica les interesa el cambio de medidor y de empalme, y promueven sus nuevos equipos inteligentes como modelo de negocio, entonces son ellas quienes deben compensar a los usuarios por los equipos inutilizados que acepten cambiar”.
“Asimismo”, propone Navarro, “las empresas no podrán instalar equipos sin certificar, como lo están haciendo hoy de manera masiva. Sólo se ofrecerán a los consumidores equipos que garanticen la ausencia de futuros cobros desmedidos, ilegales e injustos, pues existen informes internacionales y reportes nacionales que manifiestan que los medidores inteligentes contabilizan frecuencias eléctricas no permitidas por el Reglamento General de Servicios Eléctricos”
Finalmente, el presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, argumenta que “se ha señalado que en Europa se ha aprovechado a los medidores inteligentes para espiar a las personas, o para vulnerar su intimidad, pues a través del consumo eléctrico se puede saber cuándo una persona llega a su casa, cuando prende el televisor, a qué hora se acuesta, etc. En el proyecto establecemos una sanción criminal de tres a cinco años por utilizar estos medidores como dispositivos de vigilancia, y no como dispositivos de cobro de energía eléctrica”.
Navarro señaló: “no estoy dispuesto a renunciar a ninguno de los elementos de este proyecto de ley, pues es la única manera de lograr justicia, la que el mismo Congreso le negó a los ciudadanos. Voluntariedad, gratuidad, indemnización al usuario, garantía de calidad y cobros justos, y no vulneración a la privacidad, son elementos imprescindibles”.
“Llamamos a los ciudadanos a resistirse al cambio de medidor, pues una vez que este sea cambiado, se activa el derecho de propiedad de la empresa y el cobro por boleta de los 80.000 pesos por un medidor ajeno, pues será de propiedad de la empresa, y que además no está certificado por lo que fácilmente puede hacer un cobro adulterado. El Congreso debe revertir esta reforma legal fraudulenta”, sentenció el senador.
Santiago de Chile, 13 de marzo 2019
Crónica Digital