ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE BIENES NACIONALES DENUNCIA GRAVES IRREGULARIDADES

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La Asociación Nacional Unitaria de Funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales (ANFUBIENES) formuló graves denuncias en contra de las actuales autoridades de la Secretaría de Estado, específicamente la Subsecretaria Alejandra Bravo, en lo que se refiere a la supuesta apertura del acceso a una playa en la Región de O’Higgins y al manejo de los procesos de regularización.

Alejandra Bravo Hidalgo es Secretaria Ejecutiva con mención en Inglés de la Universidad UNIACC y, según su curriculum oficial, es además Bachiller en Comunicación Social de la misma entidad académica privada. Luego de desertar de la Democracia Cristiana junto al sector que lideraba Adolfo Zaldívar, se integró al Partido Regionalista Independiente, colectividad de la que llegó a ser presidenta y vocera de Chile Vamos. Luego que Piñera lo nombró Subsecretaria, su pareja, Eduardo Salas, era el timonel del partido.

EL CASO DE LA PLAYA

El documento de ANFUBIENES, al que tuvo acceso Crónica Digital, se refiere al recurso de protección “interpuesto contra el Ministerio de Bienes Nacionales y el Presidente Sebastián Piñera ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, referido al ingreso de autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales a un fundo para acceder a una playa en la comuna de Pichilemu, Región de O’Higgins”.

Al respecto, la entidad gremial lamentó y rechazó que el Ministerio “se vea expuesto a través de la prensa a este tipo de situaciones y resulte cuestionado judicialmente, como consecuencia de una acción mediática de la Subsecretaria, señora Alejandra Bravo, quien ejerciendo como Ministra Subrogante, rompiera con la fuerza pública los candados de una propiedad con el objetivo de notificar la aplicación de una multa a un privado, en el contexto de la campaña ministerial ‘Que no te falte playa’, que lidera el Ministro de Bienes Nacionales”.

“Este episodio inédito y su judicialización parecieran ser el corolario de una gestión errática y contradictoria de la actual Subsecretaria, a la que ahora se adiciona una exposición pública innecesaria del Ministerio”, señala el documento.

En efecto, los propietarios del Fundo Mónaco de Centinela, en Pichilemu, enfrentaron el ingreso de la Subsecretaria el gobernador de Cardenal Caro Carlos Ortega, y el seremi de Bienes Nacionales Christian Villegas, los que con la ayuda de Carabineros rompieron cadenas y candados ante cámaras de televisión. El objetivo era entregar al dueño del fundo la primera notificación de multa por limitar el acceso a la playa.

Elisa Jaramillo, dueña del sitio 8 del predio y por donde ingresaron las autoridades, junto a su hermano Marcos Jaramillo, dueño del sitio 10, por donde accedieron a la playa, interpusieron un recurso de protección contra el Estado de Chile y el Presidente Sebastián Piñera ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. El recurso, que además identifica a las autoridades presentes, indica que el ingreso ocurrió por una vía que no se encontraba destinada a esos efectos. “Ingresaron, rompiendo el primer candado, por puerta de Los Patos, Hijuela o Lote 8, la que no corresponde a la entrada a la vía de acceso fijada por Resolución N° 5 de 2 de julio de 1984”, señala.

Además, el documento señala que “las actuaciones arbitrarias e ilegales realizadas por representantes y órganos del Estado de Chile” privaron y amenazaron el ejercicio de sus derechos: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra, entre otros.

El abogado de los hermanos, Daniel Campos, informó que pidieron al tribunal que se solicite un informe respecto a las reglas que rigen en la materia en el parque Tantauco, en Chiloé, administrado por Fundación Futuro de Piñera… Por cierto que es pertinente preguntarse si las actuales autoridades de Bienes Nacionales concurrirían alegremente a romper los candados de los gigantescos predios ligados al patrimonio privado del hoy inquilino de La Moneda.

LA REGULARIZACION

Por otro lado, el documento de ANFUBIENES informa que “la Subsecretaria Bravo ha comprometido regularizar 58 mil títulos de dominio –cifra que resulta de un cálculo a lo menos cuestionable– mediante el Programa Chile Propietario, para lo cual ha definido criterios más laxos en la aplicación del DL 2695, difundidos internamente mediante instrucciones coercitivas; así como una serie de medidas en materias de personal, tales como despidos, cambio y reasignación de funciones e incremento de la dotación en la División de Constitución de Propiedad Raíz, enfocado exclusivamente a este programa”.

Añade que “a esto se suma, la reapertura y nuevo análisis centralizado de casos que ya habían sido previamente rechazados en las Secretarías Regionales Ministeriales, una práctica que obstruye procesos de descentralización tan necesarios para el desarrollo del país y de nuestro Ministerio y que merma la capacidad y calidad de respuesta a las demandas ciudadanas”.

En esta misma línea, denuncia, “se ha instruido a las Secretarías Regionales a suscribir convenios con municipalidades, las cuales deberán disponer de personal de las áreas jurídica y topográfica, ya sea municipal o externo, como estudiantes universitarios en este último caso, a fin de efectuar levantamientos de mensura e informes jurídicos, en abierta contradicción con el DL 2.695, que faculta para ejercer esta labor a profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales y a las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Contratistas”.

Indica que la aplicación del llamado “Plan Chile Propietario” puede implicar, incluso, sanciones administrativas para los funcionarios del Ministerio y está en contradicción con la campaña impulsada inicialmente por el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (UDI), denominada “No más loteos irregulares”, cuyo objetivo era denunciar las subdivisiones ilegales de terreno.

En este contexto, las relaciones entre la Subsecretaria y los representantes gremiales “se encuentran rotas”, pues “no existe posibilidad de diálogo efectivo y hemos debido incluso acudir a la Contraloría General de la República para la tramitación de procesos de carácter administrativo, como son los sumarios por acoso laboral”. Más aún, “existe una precaria política de gestión y desarrollo de personas, pese a las normas vigentes que regulan estos procesos en los servicios públicos, tanto así que más del 90% de las nuevas contrataciones ingresó sin proceso de selección alguno, existiendo asimismo cargos no concursados en el tercer nivel jerárquico”.

Natalia González, presidenta de ANFUBIENES, en declaraciones a Radio Nuevo Mundo, “llamó a las autoridades a actuar de manera seria, considerando que la exposición del Ministerio de Bienes Nacionales ante la opinión pública desembocó en un recurso de protección contra la propia cartera”. Además, “indicó que la Subsecretaria Alejandra Bravo no promueve el dialogo con los trabajadores del servicio, pese a ser quien debe velar por la implementación de políticas de gestión de personas”.

Por Iván Gutiérrez Lozano, periodista.

Fotografía: Portal de Radio Nuevo Mundo.

Santiago, 28 de marzo 2019

Crónica Digital.

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