INSEGURIDAD Y DESIGUALDAD

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Esta semana, los alcaldes de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel y Renca decidimos conformar una asociación de municipios por la seguridad, como una respuesta al abandono del que han sido objeto los vecinos y vecinas del poniente de Santiago, en materia de seguridad pública.

El año pasado, las cuatro comunas registraron un aumento promedio –respecto del 2017- de 39% en los delitos de robos con violencia o intimidación, mientras que el conjunto de delitos de mayor connotación social subió 18%. Al otro lado de la misma ciudad, Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea, anotaron una baja promedio de 27% en los delitos de robo con violencia o intimidación y de 11% en los delitos de mayor connotación social.

La primera explicación que surge frente a esta realidad es que las Municipalidades del sector oriente cuentan con más recursos para prevenir el delito. Aquello es absolutamente cierto, y por eso resulta escandaloso que, además, esta desigualdad se refuerce con una inequitativa distribución de los recursos humanos y logísticos de las policías por parte del Gobierno, que ha favorecido a las comunas más ricas Santiago en detrimento del resto del país.

Cerro Navia, Lo Prado y Renca son tres de las comunas de la Región Metropolitana con la dotación más baja de Carabineros en relación a sus habitantes. En promedio, apenas un Carabinero por cada 1.100 habitantes. Por su parte, Pudahuel tiene uno de los cuadrantes más extensos del país sin cobertura policial.

En febrero de este año, la propia subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, conoció estos datos de la Prefectura Occidente, y fue testigo de cómo uno de los cuadrantes de Renca, tenía sólo dos carabineros en la calle para “proteger” a una población de 50 mil habitantes.

En este contexto, resulta inexplicable que en 2018 dos comisarías de Las Condes recibieran 21 vehículos policiales (11 automóviles y 10 bicicletas), mientras que las dos unidades de Pudahuel -que tienen tres veces más delitos de robos violentos o con intimidación- recibieran apenas cuatro durante el mismo período.

Al no hacerse cargo de estas dramáticas inequidades, el Gobierno ha consolidado un modelo donde las comunas con mayor cantidad de delitos graves tienen la menor dotación de Carabineros y recursos de todo Santiago, poniendo en entredicho que su promesa de Tiempos Mejores sea realmente para todos.

El problema más preocupante en nuestros barrios es el avance sostenido del microtráfico y del narcotráfico. Pero para Pudahuel y Lo Prado sólo existe un equipo de cuatro personas para el programa “Microtráfico Cero” de la PDI, es decir, sólo dos detectives por comuna. Y lo que es peor, durante el año pasado, Carabineros no pudo ejecutar el 75% de su presupuesto del “Plan contra el Narcotráfico”, porque el Ministerio del Interior -en un acto de verdadera indolencia- no transfirió los recursos sino hasta cuatro días antes de terminar el año.

Las cuatro comunas que concurrimos a formar esta nueva asociación por la seguridad, exigimos al Gobierno que ponga fin a la improvisación y adopte medidas efectivas no sólo para el control delictual, a través de una distribución racional de los equipos policiales en el territorio, sino que también apoye a los Municipios en acciones de prevención situacional, psicosocial y comunitaria. 

Las vecinas y vecinos del sector poniente de Santiago merecen un trato igual al de otros barrios de la ciudad y el Gobierno no puede exacerbar las odiosas diferencias existentes, eludiendo su responsabilidad en materia de seguridad y orden público con todos los habitantes del país, sin importar donde vivan.

Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado
Johnny Carrasco, alcalde Pudahuel
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia
Claudio Castro, alcalde de Renca


Santiago de Chile, 29 de marzo 2019
Crónica Digital

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