Con las obras de infraestructura prácticamente paradas en todo Brasil, el Gobierno de Jair Bolsonaro puede agravar aún más hoy la crisis en la construcción civil, sector en el que miles de trabajadores fueron despedidos, denuncian organizaciones sindicales.
En una nota de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se alerta que ‘si no se hacen los traspasos atrasados en el total de 450 millones de reales (más de 116 millones de dólares) para las constructoras que actúan en el programa Mi Casa Mi Vida (MCMV), los empresarios del sector comunicaron que despedirán hasta 50 mil obreros en los próximos 10 días’.
De acuerdo con el texto, el desfase en el cronograma de transferencias al MCMV comenzó a finales del año pasado y a principios de este la caja de las empresas llegó al límite.
El presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores en las Industrias de la Construcción y de la Madera afiliados a la CUT (Conticom), Claudio da Silva Gomes, explicó que el dinero estancado por el Gobierno procede del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS)), un recurso privado de los trabajadores con gestión compartida.
‘Y una parte del recurso está destinada a la financiación de obras de vivienda, como es el caso del programa MCMV, responsable del 52 por ciento de las obras en marcha en el país’, explica Da Silva Gomes.
Recalcó que ‘el Gobierno congeló la entrega desde el año pasado bajo la alegación de que hará una revisión de los contratos hechos por la anterior administración’.
Para el dirigente obrero, la medida es grave y puede comprometer la oferta de vivienda en el país y el sector de la construcción civil, fragilizado por la paralización de obras por el Gobierno, la congelación de financiaciones por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y de prácticamente el final del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
‘Es claro que si hay la hipótesis de errores en contratos, hay que corregir. Lo que no se puede es comprometer y sacrificar toda la cadena de la construcción civil, además de poner en riesgo un programa tan importante que garantiza viviendas para muchos trabajadores’, señaló Da Silva Gomes.
Insistió en que ‘si hay la paralización de las obras Mi Casa Mi Vida, la reanudación de la construcción saldrá mucho más cara’.
Una obra no es igual a una máquina que usted para y después retoma. Una obra detenida se deteriora rápidamente. Hay casos en que se pierde todo, necesita deshacer y empezar de nuevo. Y aun cuando se puede recuperar, eso genera un costo, detalló.
El programa habitacional Mi Casa Mi Vida forma parte de la lucha histórica de los movimientos sociales y es fruto del diálogo entre los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y entidades representativas de la lucha por un domicilio, como Unión Nacional por Vivienda Popular (UNMP), Central de Movimientos Populares CMP), Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda (MNLM) y Confederación Nacional de las Asociaciones de Vecinos (Conam).
Desde que se creó el programa, millones de viviendas se construyeron para albergar a millones de familias que no tenían un hogar. De 2009 a 2014, durante las gestiones del PT, fueron 6,8 millones de beneficiarios y un millón 700 mil de viviendas entregadas -más 1,7 en construcción- en más de cinco mil 288 municipios.
Tras asumir el Gobierno de Michel Temer en 2016, luego de deponerse a la presidenta constitucional Dilma Rousseff mediante un golpe parlamentario-judicial, disminuyeron las inversiones en el programa y ahora Bolsonaro puede acabar definitivamente con Mi Casa Mi Vida, advierte la CUT.
Brasilia, 3 de abril 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
