Desde su anuncio, la reforma de la Previdencia, propuesta por el Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro, domina los debates en la sociedad brasileña por su gran impacto, principalmente en la clase obrera, la más perjudicada.
El proyecto de modificación en el sistema de jubilaciones y pensiones es una de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, que en febrero presentó la iniciativa al Congreso, con la que pretende ahorrar un billón de reales (cerca de 270 mil millones de dólares) en los próximos 10 años.
Pese a que en casi todos los sectores se comenta acerca de lo que perjudicaría su aprobación, en particular en las segmentos más pobres, resulta difícil asimilar las reales dificultades que enfrentarán los trabajadores si el texto de ley finalmente es aprobado por diputados y senadores.
Entre los principales puntos criticados en la reforma está la creación de un nuevo sistema de previsión basado en la capitalización, como en Chile, y el establecimiento de una edad mínima para jubilación de 65 años para hombres y 62 para mujeres (actual 60 y 55), al final de un período de transición de 12 calendarios.
Con ese tiempo mínimo, el trabajador tendría derecho al 60 por ciento del valor de la pensión integral.
Entendidos alertan que convertir este método en un programa de capitalización individual significa poner el futuro de las personas en manos del sistema financiero.
Su debate en el Congreso constituye la principal prueba de fuego de la administración del político de extrema derecha.
De no aprobarse, podría extinguirse la continuidad de Bolsonaro en el cargo, según analistas políticos.
A las claras, con la “nueva Previdencia” se requerirá un tiempo mínimo de 20 años de contribución (25 en el caso de servidores públicos) que permitirá al trabajador jubilarse solo recibiendo el 60 por ciento del valor del beneficio.
En esta lógica, para recibir el ciento por ciento del valor del beneficio, será necesario, en total, 40 años de contribución.
Bajo tal escenario, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, llamó a unirse a la lucha de los sindicatos contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), de la reforma de la Previdencia, que restringe el acceso y reduce los beneficios previsionales.
La PEC dificulta el acceso y reduce ese valor al establecer la obligatoriedad de la edad mínima, como propone el Gobierno, además de retirar de la Constitución el sistema de Seguridad Social brasileño.
De acuerdo con el dirigente obrero, Bolsonaro también quiere acabar con el pago de la multa del 40 por ciento del Fondo de Garantía del Tempo de Servicio (FGTS) a los trabajadores que se jubilan y continúan laborando en la misma empresa, entre otras perversidades.
Con la oferta de reforma, el Ejecutivo no está atacando solamente con el retiro, sino también con derechos sociales y previsionales garantizados por la Constitución como la ayuda por enfermedad, denunció Freitas.
Para Dão Real Pereira dos Santos, director de Relaciones Institucionales del Instituto Justicia Fiscal y miembro del colectivo Auditores Fiscales por la Democracia, “son tantos los argumentos contra la reforma de la Previdencia que es embarazoso comprender la insistencia que los medios de comunicación han dado a esta modificación”.
Los medios indican, de boca llena, que sin reformar la previsión el país se rompe. Cuando analizamos los principales argumentos percibimos que faltan algunas piezas en este rompecabezas, señaló el académico.
Precisó que los problemas alegados como motivos para la reforma o no existen o podrían resolverse de otra forma mucho menos traumática para los trabajadores. En ese sentido mencionó la cuestión del déficit de la previsión.
Insistió en que la suma de los beneficios pagados tiene que ser menor que la suma de las contribuciones de los empleados y de las empresas.
Es decir, apuntó, “los defensores de la reforma no consideran que la previsión pública es parte de lo que llamamos seguridad social y su financiamiento se da por varias fuentes, además de las cotizaciones previsionales”.
La Constitución Federal prevé diversas contribuciones sociales para financiar la seguridad, además de los propios presupuestos fiscales de los gobiernos.
Por lo anterior debe entenderse que “la seguridad social constituye un derecho, así como la salud, la educación, la asistencia, el acceso a la cultura, entre otros. Por otra parte, la previsión pública es la exacta concreción del principio de solidaridad”, reflexionó Pereira dos Santos.
Se trata, subrayó, de un gran pacto civilizatorio de solidaridad entre generaciones, en el que la sociedad financia las condiciones para que los jubilados o discapacitados puedan vivir sin tener que trabajar.
Por el momento, el secretario especial de Previsión y Trabajo del Ministerio de Economía, Rogério Marinho, aseguró que el Gobierno podría retirar de la iniciativa de reforma las nuevas reglas para la jubilación rural y los beneficios a ancianos de bajos recursos si la mayoría de los legisladores decide.
Por Osvaldo Cardosa Samón, Periodista de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina.
Brasilia, 3 de abril 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
