Por Víctor Osorio:EL GOBIERNO DEBIERA SUSCRIBIR EL TRATADO DE ESCAZU ANTES DE COP25

He leído que el ex Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier señaló la pertinencia de que el Gobierno de Sebastián Piñera suscriba el Tratado de Escazú antes de la COP25, recordando que fue iniciado durante la primera Administración de Piñera. Al respecto, sostuvo que el retiro de nuestro país de ese acuerdo “es absolutamente contradictorio” con el impulso que el Ejecutivo le ha dado a la realización del encuentro multilateral.

En entrevista con EMOL, indicó que “sería importante, si bien no es una condición, que Chile pudiera firmar Escazú antes de la realización de la COP25”, subrayando que “creo que Chile no haya firmado el Acuerdo de Escazú merece una explicación. Y hasta la fecha de hoy no tiene explicación, nadie de este Gobierno ha dado una siendo que se inició durante el primer gobierno del Presidente Piñera y lo continuó el gobierno de la Presidenta Bachelet”.

Comparto plenamente lo planteado por mi ex colega en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con quien impulsamos en forma coordinada iniciativas significativas en materia de sustentabilidad.

En efecto: no existe fundamentación clara que explique la razón por la que el Gobierno de Chile no suscribió el llamado Tratado de Escazú; parece contradictorio con una real voluntad de generar condiciones para la protección del medio ambiente, desafío clave para la humanidad y que necesariamente requiere de cooperación global y regional; no se explica que inicialmente Piñera, en su primera Administración impulsara el acuerdo y ahora cambiara de posición; y no es consistente con la realización de la COP25.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que es más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado firmado por 16 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y México. Es fruto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago de Chile adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese último hito comenzó un proceso de negociación entre los países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica.

Luego de cuatro años, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, y fue firmado por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El objetivo de este acuerdo es, conforme a su Artículo 1, “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Un hecho destacable es que los países se comprometen a garantizar el derecho del público de acceder a información ambiental que esté en su poder, facilitando el acceso de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. También deberán recolectar y poner a disposición del público la información ambiental relevante para sus funciones.​ Es digno de enfatizarse que también establece el derecho ciudadano para participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y que los Estados establecerán en su legislación nacional los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. Muy importante: garantiza la protección de las y los defensores del medio ambiente y la tierra.

LA COP25, que se celebrará en Chile, es una reunión global sobre materia ambiental de primera importancia a nivel global. Es la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas o 25ª Conferencia de las Partes y 15ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

Por cierto, no se alcanza a entender que en Santiago de Chile se realice una reunión cuyo fundamento central es la cooperación internacional para enfrentar los principales desafíos ambientales que enfrenta la humanidad, y al mismo tiempo el Gobierno de Chile persevere en no suscribir un pacto clave para enfrentar ese desafío a nivel de la región. Aún es tiempo para rectificar.

Por Víctor Osorio.

El autor fue Ministro de Bienes Nacionales.

Santiago, 10 de abril 2019

Crónica Digital.

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