El Ministro de Salud, Emilio Santelices, deberá concurrir el próximo lunes 15 de abril a la comisión investigadora de adopciones irregulares de la Cámara de Diputados, para exponer sobre los procedimientos y protocolos establecidos en los hospitales públicos relacionados con la existencia de fichas clínicas que habrían sido adulteradas de cientos de madres que denuncian haber sufrido la sustracción de sus hijos recién nacidos.
La comisión, que preside el jefe de la bancada PC-Independiente, Boris Barrera, también citó a los directores de los hospitales San Borja Arriarán, Guillermo Grant Benavente de Concepción y Hospital Regional de Talca.
Esta es la segunda vez que es citado el ministro Santelices. La primera se excusó por problemas de agenda y envió a un equipo de asesores que no respondieron a los requerimientos de los legisladores, quienes esperaban respuestas sobre la información que están entregando los recintos hospitalarios a quienes buscan a sus seres queridos.
Desde que comenzó la investigación, el lunes 4 de marzo, la comisión ha recibido numerosos testimonios de madres que buscan a sus hijos. Es el caso de María del Carmen Orellana Neira, quien denunció que en febrero de 1981 dio a luz a su hijo en el Hospital San Borja Arriarán pero nunca lo vio porque fue dado por muerto. La existencia de documentos oficiales contradictorios, revelarían que el hijo de María Orellana habría sido sustraído y dado en adopción.
Otros relatos dan cuenta de la existencia de redes que involucrarían a funcionarios de organismos públicos, hospitales, registro civil, policías y jueces en las adopciones irregulares, incluso en el tráfico de menores hacia el exterior, como lo demuestra la existencia de cientos de niños y niñas que fueron adoptados en Suecia o Cerdeña, Italia, testimonios que también se podrán conocer el próximo lunes.
Por otro lado, la comisión podría citar en las próximas semanas, al juez Mario Carroza, para conocer la investigación que instruye sobre unos 2 mil casos de adopciones irregulares o robo de bebés.
Si bien la comisión investigadora se constituyó a solicitud de personas que buscan sus orígenes a partir del año 2014, los antecedentes revelan que muchos casos se registraron en el período de la dictadura, lo que daría cuenta de violaciones a los derechos humanos y por tanto, serán los tribunales de justicia los encargados de sancionar los delitos.
Santiago de Chile, 12 de abril 2019
Crónica Digital