Una de las etapas más creativas y transformadoras de la historia de la educación chilena es la recogida en profundidad en el nuevo tomo de la “Historia social de la educación chilena”, obra monumental que ha coordinado el académico Benjamín Silva: 1920 a 1973, período en que el Estado Docente fue la política fiscal rectora del sistema educativo y que se asumió como el principal deber del Estado con sus ciudadanos, sobre todo con las y los más pobres.
El cuarto tomo de esta colección, publicada por Ediciones UTEM, recorre un extenso arco temporal, cuyo punto de partida se ubica en la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria de 1920 y la elección del Presidente Arturo Alessandri Palma, y que acaba con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Según señala Benjamín Silva, “el primer y transversal eje temático de todos estos años fue entender como un consenso social y político al Estado Docente, como la política pública fiscal eje del sistema educativo”. De esta forma, “se concibió que el principal deber del Estado era entregar un derecho a toda la ciudadanía, con atención preferencial a los más pobres, adquisición social expresada en un sistema educativo público, gratuito y sin fin de lucro”.
Silva añade que se reconoció un rol público a instituciones privadas, “a las cuales entregó una subvención para su funcionamiento, siempre y cuando fueran gratuitas, muchas de las cuales se dedicaron preponderantemente al trabajo con los más pobres”. Incluso, las universidades privadas y fiscales “tuvieron por parte del Estado un reconocido rol público, que se expresó en un claro y constitucionalmente declarado financiamiento estatal”.
Uno de los temas abordados es el desarrollo de las tres administraciones encabezadas por integrantes del Partido Radical, “que en esos tiempos representó una fuerza progresista laica con una gran presencia de reformismo social, gobernando por algunos lustros en coalición” con socialistas y comunistas. Esas administraciones, apunta Silva, “tendieron a consolidar el consenso social sobre el deber primordial del Estado por construir y sostener de forma preponderante (…) un sistema público, gratuito y, para conectar con el presente, ‘sin fin de lucro’ (…) De esta forma, esta política pública debería estar al servicio de los más pobres del país, como derecho adquirido por estos últimos en el ejercicio ciudadano y las luchas políticas, como una herramienta de cambio, movilidad social y democratización política”.
Otro tema relevante son las transformaciones en las universidades, que se desarrollaron entre 1967 y 1973; es decir, durante las administraciones de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, reformas iniciadas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que tuvieron como puntos icónicos la toma de la Casa Central de la Universidad Católica de Santiago, cuando se colgó el lienzo con la frase “El Mercurio miente”, y las elecciones de los rectores de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Santiago.
Silva agrega que, en general, las reformas universitarias “apuntaron a darle más valor a la investigación científica; crearon organizaciones centrales –como las vicerrectorías–, quitándole poder a los decanatos; tendieron a una mayor participación en los gobiernos de académicos, administrativos y estudiantes, además de sumar a los tres estamentos a una notable y creciente mayor apertura y búsqueda de respuestas a las problemáticas sociales (…) Implicaron un sustantivo aumento en el acceso al sistema universitario, como un correlato del alza de la cobertura en el ámbito primario y secundario en la década de 1960 y los primeros años de los setenta, cuando grupos más sustantivos de sectores medios y populares pudieron llegar a las aulas universitarias”.
Otro tema significativo fue una de las transformaciones basales del Gobierno de Eduardo Frei: la Reforma Educativa de 1965, la cual implicó “una transformación institucional en el sistema educativo, pasando del sistema primario de seis años de obligatoriedad de la enseñanza a un sistema básico de ocho años –implicando de forma más intensa el mundo rural–, además de reemplazar a las humanidades –de seis años– por la enseñanza media, de cuatro o cinco, dependiendo de si se tomaba la opción científico–humanista o la técnico–profesional (…). Sumado a ello se llevó adelante una fuerte ampliación de la cobertura en enseñanza básica, pasando del 69% de la población en edad escolar en 1964, al 93% en 1970”.
Además, “se construyeron muchas escuelas básicas y liceos públicos, se fortalecieron las existentes y se aumentó la subvención a escuelas privadas gratuitas (…), fortaleciendo así los procesos de alfabetización (…) y se aumentó sustantivamente el presupuesto del Ministerio de Educación”.
Para cerrar el período, un hito educacional fueron las transformaciones y continuidades impulsadas por el Gobierno de la Unidad Popular. Benjamín Silva consigna que, “para dicha administración, el sistema educativo fue una evidente prioridad, ya que aumentó sustantivamente la cobertura en enseñanza media, logrando retener dentro del sistema educativo a la mayor parte de los estudiantes que se habían sumado al sistema con la Reforma de 1965, superando así una de las graves problemáticas del sistema escolar previo, como fueron la poca continuidad y la deserción escolar con pocos años de presencia y escolarización (…) Además, a la UP le tocó implementar los nuevos planes y programas educativos para educación básica y media de la reforma del gobierno de Eduardo Frei, dando así continuidad a los cambios curriculares y metodológicos diseñados en la administración previa (…) Junto a ello la gestión de Allende en educación continuó, como su antecesor, con el aumento del presupuesto del Ministerio de Educación (…) a lo que se sumó el reconocimiento de un rol determinante, dentro de las políticas públicas educativas, a las organizaciones docentes y de estudiantes”.
Finalmente, señala Silva, “se desarrolló una nueva propuesta de reforma educativa, la cual recogió una larga historia de solicitudes docentes de unificación del sistema de educación”, proyecto conocido como Escuela Nacional Unificada o ENU, el cual contó con la fuerte oposición de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, así como de los medios de comunicación afines a estas últimas ideas. Finalmente, el proyecto ENU fue retirado del Congreso, en medio de la crisis final del gobierno allendista, la cual derivó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Un aporte novedoso al estudio de ese proceso es uno de los trabajos incluidos en el tomo: “Salvador Allende, educación y formación de multitudes”, obra del reconocido historiador Patricio Quiroga Zamora.
La Historia social de la educación chilena es una “obra en construcción”, cuyo horizonte son nueve entregas. La iniciativa emergió del Centro Educación y Cultura Americana (CECA), del cual Benjamín Silva es coordinador, y a lo largo de estos años se ha articulado a partir del esfuerzo individual y colectivo de un conjunto de historiadores, pedagogos y otros profesionales de las ciencias sociales.
Fuente: Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana).
Imagen: Revista de Educación.
Santiago, 19 de abril 2019.
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