Fuertes sanciones contra delitos medioambientales son contempladas en un proyecto presentado por un grupo de expertos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y que será legislado próximamente.
Entre las sanciones figuran cadena perpetua, multas de hasta 971,9 millones de pesos chilenos (más de un millón 400 mil dólares) y sanción a ejecutivos de primera línea y a funcionarios públicos.
La propuesta, según reportó el diario La Tercera, reúne mociones presentadas por senadores y también algunos puntos que presentó el Gobierno en un proyecto sobre delitos ambientales en enero último.
No obstante, la actual propuesta resulta más radical que la presentada por el ejecutivo.
Como era de suponer, la actual iniciativa no ha sido bien acogida en los gremios empresariales, según los cuales podría desincentivar las inversiones productivas, por lo que se prevén agudos debates en el Congreso.
Según Ricardo Aritzia, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, deberían
primar sanciones «racionales y lo suficientemente fuertes, orientadas al aprendizaje empresarial, pero evitando que no se desarrollen determinados proyectos por medidas excesivas».
Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente, Diego Hernández, dijo que están a la espera de ver cómo avanzará el proceso legislativo, pues el proyecto significará un costo adicional para las empresas.
En tanto, el gerente de Asuntos Regulatorios de Generadoras de Chile, Jaime Espínola, señaló que «si se logra un debate serio y desvinculado de situaciones coyunturales, es probable que se obtenga como resultado una legislación que no termine afectando las inversiones».
Los promotores de la iniciativa señalan por su parte que las medidas persiguen poner coto a los delitos contra el medio ambiente en una nación como Chile, donde se han dado en los últimos años situaciones de deterioro ambiental con muy serias consecuencias para las personas y la naturaleza con costos irreparables.
Santiago de Chile, 23 de abril 2019
Crónica Digital /PL