Las autoridades de Chile pusieron en práctica un plan para arreciar los controles sobre los extranjeros que se encuentran en el país con el objetivo de detectar inmigrantes en situación irregular y proceder a su expulsión.
Según informó el Ministerio del Interior, este programa se llevará a cabo en por lo menos 13 ciudades del país, y se prevé que la Policía de Investigaciones (PDI) efectúe unas 85 mil fiscalizaciones durante este 2019.
Los controles se realizarán en todas las urbes desde Rancagua, en la central Región de O´Higgins, hacia el norte, lo que incluye a las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Arica-Parinacota y Metropolitana, que comprende a esta capital.
También se incluyen las ciudades de Coyhaique y Punta Arenas, en el extremo sur.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que esa medida se tomó debido al aumento en la cantidad de inmigrantes en el país, que pasó de 462 mil en 2014 a alrededor de un millón 251 mil al cierre de 2018, lo que consideró como «un problema que tiene repercusiones sociales y humanitarias».
Añadió que por esa causa se fiscalizará que los extranjeros y migrantes estén con su situación regularizada y cumpliendo con la ley en lo relativo a tener la documentación en orden e incorporados a actividades laborales.
Dijo además que el gobierno busca abrir posibilidades a los inmigrantes que vienen a aportar al país, a colaborar, a cumplir con las leyes y cuyo ingreso y permanencia se hace de acuerdo con las regulaciones establecidas», pero cerrará las puertas a los que vienen con antecedentes penales, a cometer delitos y a formar organizaciones delictivas.
Desde el pasado año el gobierno emprendió un proceso de regularización extraordinario que se prevé concluir el próximo 22 de julio y quienes antes de esa fecha no lo hayan hecho quedarán como irregulares y tendrán que enfrentar los procesos de expulsión, advirtió el titular.
Hasta ahora pasaron ese proceso unos 150 mil extranjeros pero las autoridades calculan que faltan por hacerlo más de 80 mil, mientras otros muchos que lo iniciaron no lo concluyeron, por lo cual, según el Ministerio del Interior, «existe la duda razonable de que por algún motivo no desean que su presencia en el país sea conocida por el Estado».
Según datos oficiales, en 2018 fue rechazado el ingreso a Chile de 13 mil 742 extranjeros, la cifra más elevada de los últimos cinco años ya que en 2013 casi 16 mil no fueron admitidos en frontera.
De ellos, el 67 por ciento fueron rechazados por no poder acreditar su estancia como turistas, condición que implica no tener propósitos de inmigrar, residir o realizar actividades remuneradas.
Solo 940 personas presentaban orden de expulsión vigente, restricción en el ingreso al país o antecedentes penales.
Entre las medidas aplicadas por el gobierno para restringir la entrada de extranjeros se eliminó la visa de trabajo que se obtenía mediante un contrato laboral, y el cambio de visado en el país, por lo cual los extranjeros tendrán que retornar a su lugar de origen para hacerlo.
Organizaciones de derechos humanos y defensoras de los derechos de los emigrantes así como especialistas han advertido que endurecer la política migratoria puede tener resultados contraproducentes pues podría disparar el aumento de los ingresos por la vía irregular al país.
Santiago de Chile, 5 de mayo 2019
Crónica Digital /PL
