La ex alcaldesa de la capital peruana, Susana Villarán, enfrenta hoy la posibilidad de ser encarcelada por posible corrupción, en medio de una polémica desatada por su confesión de que recibió aportes electorales indebidos.
La fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para ella, por cargos de cohecho, corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros, aunque su abogado señala que no quebró las normas de su actual situación de comparecencia restringida (una especie de libertad condicional).
Villarán, de anterior militancia en la izquierda y cuya elección apoyó en 2011 este sector, que también rechazó su revocación en 2013, promovida por sectores conservadores, dijo anoche en una televisora que siempre supo de los aportes a la campaña contra su cese, de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
El monto está por esclarecerse, pues originalmente solo se consideraban tres millones de dólares confesados por Odebrecht, pero nuevas delaciones empresariales indican que habrían sido 10 millones.
La confesión de Villarán divide opiniones, entre ellas la del exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, opina que el hecho de haber confesado su culpa determina que no debe ser sometida a prisión preventiva, que tiene como requisito la obstaculización del proceso por parte del investigado.
Sin embargo, hay también quienes, como la del político centroderechista Víctor Belaúnde, sostienen que la confesión de Villarán es tardía y solo es una argucia abogadil para impedir la prisión preventiva.
La exalcaldesa alegó que cometió un error al ‘permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña’ contra la revocación, pero aseguró con énfasis que no dio a cambio beneficios a las entidades donantes.
Pidió perdón por no haberlo dicho antes (es investigada desde hace dos años), además de afirmar que lo hizo para evitar que tomaran la alcaldía sectores políticos corruptos.
Negó enfáticamente sin embargo que como alcaldesa, a cambio de los aportes, hubiera concedido contratos o ventajas a las empresas brasileñas que financiaron su campaña.
“Yo no soy corrupta, quiero probar en un juicio en condiciones de imparcialidad que no se le ha entregado ninguna prebenda a ninguna de las empresas que aportaron”, sostuvo.
De otro lado, una encuesta de la empresa CPI difundida hoy evidenció que 90 por ciento de la población consultada respalda la labor de los fiscales anticorrupción, cuya severidad cuestionan sectores políticos ligados a los partidos afectados por sus pesquisas.
Según el sondeo, 78,2 por ciento están de acuerdo con la prisión domiciliaria aplicada al expresidente neoliberal Pedro Pablo Kuczynski y 75,2 por ciento con la prisión preventiva de 36 meses que desde hace más de medio año cumple la dirigente derechista Keiko Fujimori; en ambos casos por posible corrupción.
Además, 74,6 por ciento de los encuestados por CPI rechazan un proyecto de ley de la parlamentaria neoliberal Luciana León, para reducir el tiempo de la prisión preventiva y aumentar sus requisitos, además de someter a juicios a los jueces que la apliquen a quienes sean a la postre declarados inocentes.
Lima, 13 de mayo 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
