LA AMENAZA DEL GOBIERNO A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE PUERTO MONTT

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El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward (UDI), informó que las organizaciones de Derechos Humanos de Puerto Montt podrían perder el edificio de Egaña 60, que en el pasado estuvo destinado a cuartel de la PDI y que en el Gobierno de Michelle Bachelet fue destinado a la construcción de un sitio de memoria. La razón esgrimida por la actual autoridad: existirían retrasos en la construcción. Según Radio Bío Bío, Ward dijo que “están a la espera de un informe de la Seremi, para ver qué sucederá con el espacio”.

Las declaraciones de Ward provocaron rechazo en los organismos de derechos humanos a cargo del proyecto de Centro Cultural y de Memoria, el que fue comprometido en 2014, para lo cual en 2016 se entregó en concesión de largo plazo por 30 años el ex recinto de la policía civil, que durante la dictadura fue el principal lugar de prisión política y tortura de la actual capital de la Región de los Lagos.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Alfredo Árgel, criticó las declaraciones de Ward, pues a su juicio muestran un desconocimiento de la materia. Asimismo, el diputado Alejandro Bernales señaló que los dichos del ministro “demuestran que las autoridades regionales no han trabajado para concretar el espacio”. De hecho, los organismos de derechos humanos han manifestado que aún siguen a la espera de que Obras Públicas entregue la resolución final para el inicio de las obras, añadiendo que ven “falta de voluntad política para avanzar en la edificación, que debió iniciar el año pasado”.

La destinación del inmueble a sitio de memoria fue una de las primeras medidas que adoptó el entonces Ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio, el 11 de mayo de 2014, hace cinco años atrás. Según la edición correspondiente del diario “El Llanquihue”, este anuncio fue formulado en una reunión con las organizaciones de derechos humanos de la zona, en el mismo recinto. Habían transcurrido largos años desde que las organizaciones de derechos humanos habían solicitado a las autoridades el ex edificio de PDI.

En la reunión, Osorio les indicó que el inmueble fiscal “será un espacio que se pondrá a disposición de la comunidad, para establecer un sitio de rescate de la memoria histórica”, lo que según el diario de la Región de Los Lagos fueron palabras “que generaron muestras de mucha emoción en los asistentes, en su mayoría ex presos políticos y torturados en el período de régimen militar”.

El 2009 la Policía de Investigaciones había entregado el edificio al Estado y el año siguiente fue transferido al GORE. Sin embargo, esa transferencia no se consolidó hasta que el 2013 se destinó el inmueble al Servicio de Impuestos Internos (SII), destinación derogada en mayo de 2014, en el contexto del anuncio formulado por Osorio.

A partir de aquella decisión del Ministro de Bienes Nacionales, se estableció una mesa de trabajo conjunta de la Intendencia Regional de Los Lagos, Bienes Nacionales, el Consejo de la Cultura, la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas, la Corporación de Derechos Humanos Sur Vivo y la Corporación de Derechos Humanos COFADDEP. Como resultado del trabajo realizado entre 2014 y 2016, al año siguiente se entregó en concesión de uso gratuito de treinta años el ex cuartel de la PDI de Puerto Montt a la Corporación de Derechos Humanos Egaña 60 integrada por sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura.

Según la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, “la idea era habilitar el edificio de cuatro pisos como un sitio y museo de la memoria de la Región de Los Lagos, pero la falta de recursos y de voluntad de las autoridades del actual Gobierno ha impedido concretar el proyecto, manteniendo el recinto en una situación de abandono y ahora bajo la amenaza del actual ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, de anular la concesión y dar otro destino al ex cuartel”.

Indica que el ex cuartel de la PDI ubicado en la calle Egaña 60 fue el principal recinto de tortura entre 1973 y 1975. “Sus numerosas víctimas declaran haber sido confinadas en calabozos las mujeres y los hombres en un subterráneo, denominado ‘la patilla’, en condiciones insalubres, carentes de alimentos y agua, y haber sido  objeto de golpes, colgamientos, chorros de agua a presión, descargas eléctricas simulacros de fusilamiento y abusos sexuales”.

Por Iván Gutiérrez Lozano, Periodista.

Santiago, 13 de mayo 2019

Crónica Digital.

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