COLOMBIA: EL GRAN DRAMA DE LA IMPARABLE VIOLENCIA POLÍTICA

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La violencia política en Colombia parece no tener fin, pese a la alarma expresada por figuras de diferentes sectores políticos, instituciones e instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas.

En las últimas horas fue asesinado el excomandante de las FARC-EP Wilson Saavedra, miembro de la dirección nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), quien jugó un papel preponderante en el inicio de los diálogos de paz.

Jorge Enrique Corredor, conocido como Wilson Saavedra en la guerrilla, murió en la tarde del 14 de mayo, baleado por desconocidos en el municipio de Tulúa, departamento Valle del Cauca.

El excomandante del Frente 21 de las disueltas FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) había dejado las armas en la zona veredal de Marquetalia, departamento de Tolima, tras la firma del Acuerdo de Paz.

Quien también perteneció al Comando Conjunto Central de las FARC-EP tenía 49 años y trabajaba en proyectos agrícolas del Valle del Cauca que tenían el reconocimiento de instancias de la ONU en Colombia.

Su asesinato generó indignación en los sectores defensores de la paz en Colombia y profunda consternación en sus compañeros del llamado partido de la rosa.

La congresista de la FARC Victoria Sandino se dirigió a la plenaria del Senado tras conocer del crimen: “Con infinita tristeza, hoy dejamos constancia del genocidio que se viene cometiendo en contra de los y las militantes de nuestro partido, exigimos respuestas del Gobierno, no podemos permitir más estos terribles sucesos”, dijo.

Coincidieron con Sandino otros legisladores y líderes de partidos de la oposición que compararon la escalada de asesinatos contra los excombatientes con el exterminio que sufrió la Unión Patriótica tres décadas atrás.

Con la muerte de Saavedra ya son 131 los exguerrilleros asesinados desde noviembre de 2016, cuando se firmó la paz en el teatro Colón de Bogotá.

Otro hecho también conmocionó a Colombia el 9 de mayo: el asesinato del cineasta Mauricio Lezama, cuando filmaba en el departamento de Arauca, región de la Orinoquía, un documental sobre las víctimas de la violencia en el país.

Lezama quedó tendido en la vía pública con varios impactos de bala, con su cámara fotográfica al lado y despojado de los sueños de vivir en un país mejor.

El homicidio del joven director de cine, promotor de derechos de la juventud, la cultura y la paz en Arauca generó el inmediato rechazo de Naciones Unidas y de numerosos sectores políticos en Colombia.

La senadora de la FARC Sandra Ramírez preguntó en su perfil de twitter: “¿Por qué persiguen y asesinan a quienes quieren contar el conflicto? ¿Qué ganan con matar a un artista?”.

Igual interrogante se ha suscitado en Colombia en múltiples ocasiones, un país que, según analistas, está enfermo de inseguridad y violencia.

Un informe del Centro de Investigación y Educación Popular reveló que en 2018 murieron 648 personas en Colombia como consecuencia de la violencia política.

El estudio señaló, además, que el pasado año se registraron mil 151 amenazas de muerte, 22 desapariciones, 66 torturados y 48 atentados.

En total más de dos mil 200 colombianos sufrieron algún tipo de atropello en materia de derechos humanos, de acuerdo con el documento publicado en Bogotá bajo el título “Violencia camuflada. La base social en riesgo”.

E incluso los casos pudieran ser muchos más, opinó Luis Guillermo Guerrero, director del Centro de Investigación y Educación Popular, quien dijo que los victimarios en más de la mitad de los casos son bandas paramilitares.

Otra conclusión del mencionado informe es que los perfiles que más han sufrido la violencia política en Colombia son los miembros de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de base que impulsan procesos comunitarios principalmente en barrios y zonas rurales.

Aseveración con la que coincidió Rupert Colville, vocero de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras alertar que los primeros cuatro meses de este año la situación parece agravarse con más de medio centenar de líderes sociales asesinados en ese período de tiempo.

“Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar”, expresó Colville.

El funcionario de la ONU denunció que “se ha notado que el peligro para los líderes ha aumentado al hilo de campañas de estigmatización en su contra, especialmente contra aquellos que viven en zonas rurales, caracterizadas por la carencia de servicios básicos, los altos niveles de pobreza y los cultivos ilegales”.

Colville dijo que los defensores de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, población Lgbti y garantes de los derechos de las mujeres, son las principales víctimas de estos actos violentos.

Una semana antes a la advertencia de Colville más de 20 líderes afrocolombianos, entre ellos Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman (el Nobel del Medio Ambiente) fueron atacados con granadas en el norte del departamento del Cauca.

“¿Estamos condenados a morir nosotros aquí?”, le reclamó la Nobel del Medio Ambiente al presidente del país, Iván Duque, a quien también le cuestionaron que no asistiera a una reunión con las comunidades afrocolombianas en el Cauca.

Luego del atentado a Márquez y a sus compañeros el mandatario colombiano anunció la creación de un cuerpo de jueces para acelerar la judicialización de los implicados en crímenes contra líderes sociales.

El jefe de Estado aseguró que no habrá impunidad frente a los responsables de intimidar al liderazgo social.

“Queremos anunciarle al país que se va a crear un cuerpo de jueces para la rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales”, aseveró Duque desde la Casa de Nariño (sede de la presidencia).

En opinión del Presidente de Colombia, las amenazas y asesinatos de líderes sociales tienen lugar sobre todo en regiones con una alta presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal. Sin embargo, más de tres mil participantes en un llamado Refugio Humanitario a principios de mayo en Bogotá opinaron que aunque en diferentes momentos el Ejecutivo ha diseñado estrategias para garantizar la protección de los líderes sociales, estas herramientas no han sido implementadas de manera adecuada.

Advirtieron, asimismo, de la elevada impunidad en que se mantienen los crímenes y de la ausencia del Estado en grandes zonas del país, donde señalan ha resurgido el paramilitarismo y donde actúan las bandas del narcotráfico.

También Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó tras el atentado a la Nobel del Medio Ambiente que el Estado debe enviar mensajes efectivos para proteger a los defensores de los derechos humanos.

“Urgimos que se respete la libertad de defender los derechos humanos y a participar en las decisiones políticas y económicas del país, sin temor a recibir señalamientos públicos, amenazas y ataques contra sus vidas”, indicó la ONU.

La ONU advirtió que muchos de estos casos también se relacionan con algunos defensores sociales del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC-EP.

Consideró el máximo organismo internacional que el preocupante cuadro en relación con el liderazgo social y con los exguerrilleros se da en un marco de denuncias en torno a falencias en la implementación de actividades como la restitución de la tierra, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca.

También el movimiento Defendamos la Paz exigió al Gobierno Nacional garantizar la seguridad e integridad física de los excombatientes de la FARC y de los líderes comunitarios en Colombia.

Defendamos la Paz nació en febrero pasado para impulsar el cumplimiento del Acuerdo negociado en La Habana entre el Estado y las entonces FARC-EP, convertidas en septiembre del 2017 en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Integran ese movimiento exmiembros de las mesas de diálogo, académicos, líderes políticos de diferentes sectores, reconocidos intelectuales y defensores de los derechos humanos.

“Lo que está pasando en Colombia es un crimen contra la paz, a la vez que se profundiza la crisis humanitaria en regiones históricamente desatendidas por el Estado”, indicó el citado bloque ciudadano.

En un reciente editorial el semanario Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano, alertó que la sociedad está siendo revictimizada por intereses mezquinos del gran capital, de los terratenientes, de las transnacionales y sus estructuras paramilitares. Subrayó Voz que en Colombia sectores de extrema derecha y el empresariado local no han renunciado a la utilización del paramilitarismo para beneficiar sus intereses particulares.

Sobre la imparable violencia política en Colombia declaró el arzobispo de la ciudad de Cali y vehemente defensor de la paz, monseñor Darío de Jesús Monsalve: “Colombia es una nación herida, una nación que todavía tiene mucho riesgo de crueldad”.

Y las noticias del día a día parecen darle la razón a Monsalve: Una líder universitaria amenazada de muerte, un cineasta asesinado, un exguerrillero torturado y vejado, un excomandante baleado y un bebé cuyos padres aspiraban a vivir en un país mejor que no podrá conocer.

Por Tania Peña, Corresponsal jefa de la Agencia Prensa Latina en Colombia.

Bogotá, 15 de mayo 2019

Crónica Digital / Prensa Latina.

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