Una denominada Consulta Indígena promovida por el gobierno de Chile comienza hoy en medio de dudas sobre sus reales posibilidades de responder a las necesidades y demandas de los pueblos originarios.
La consulta se realizará en 131 localidades del país y se inicia este jueves en la región del Biobío, con un cronograma de cinco etapas que deberá culminar en diciembre próximo, dirigidas a recopilar información por el gobierno para presentar al Congreso una modificación de la legislación vigente sobre el tema indígena.
Ella recoge 11 temas sobre los que deberán pronunciarse representantes de nueve pueblos originarios y entre ellos uno de los más controvertidos es el referido a legalizar el arrendamiento o venta a privados de tierras pertenecientes a las comunidades.
Al respecto, el académico de la universidad de Santiago Fernando Pairicán, consideró absurda la iniciativa del Gobierno, porque implica en el fondo la pérdida de territorios de los pueblos originarios, cuando estos reclaman -en especial los mapuches- todo lo contrario, y en consecuencia, un empeoramiento de sus condiciones de vida.
Añadió que se pretende legitimar la usurpación de tierras a partir de la ley vigente desde 1993, que ha sido utilizada por personas con mayor poder económico para apoderarse de espacios territoriales.
El investigador alertó que, por ejemplo, las grandes empresas vitivinícolas buscan expandirse hacia el sur del país compulsadas por el cambio climático, y los territorios de los mapuches y otros pueblos aparecen en la mira por sus buenas condiciones para la agricultura.
En Chile unos dos millones 185 mil personas se declararon indígenas en el Censo de 2017, y entre ellas el 79 por ciento son mapuches, seguidos por la población aymara, que se concentra en la región norteña de Tarapacá.
La consulta ya ha despertado inconformidades en poblaciones indígenas, y previamente en Temuco, capital de la región de La Araucanía, más de mil personas marcharon en rechazo a esa iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera.
Los convocantes de la manifestación reiteraron su malestar por la poca información sobre la consulta, que resulta importante pues a partir de sus resultados se elaboraran propuestas para modificar las leyes vigentes.
Al respecto, comunidades indígenas y parlamentarios exigen un mínimo de participación popular para legitimar la consulta y en correspondencia con ello los representantes de las comunidades de dos comunas elegidas en esa región para ese proceso se negaron a colaborar.
Mario Curihuentro, representante de las comunidades, declaró a radio Biobío que los cambios a la ley deben surgir de las propias comunidades, las cuales temen que las modificaciones que prevé impulsar el gobierno vayan en contra de lo que se ha podido avanzar en materia de protección de las tierras indígenas.
Santiago de Chile, 23 de mayo 2019
Crónica Digital /PL
