Cumplidos tres años del golpe contra la ex Presidenta Dilma Rousseff, Brasil se ve frente a una crisis financiera y económica grave y un horizonte devastador para el futuro del país. Con la democracia en riesgo y ataques a la libertad de expresión y opinión, bajo el gobierno de destrucción de Jair Bolsonaro, está comprobado que sacar a Dilma no hizo mejorar al país. La aprobación de la enmienda constitucional 95, el cruel techo de los gastos públicos y la reforma laboral fueron las salidas alegadas para que volviera el crecimiento. Lo que se ve, sin embargo, es Brasil yendo cuesta abajo, el regreso del hambre, la economía paralizada en vías de una nueva recesión y el Estado de Derecho mutilado.
Dilma fue apartada en un proceso fraudulento de impeachment, orquestado en connivencia con la elite brasileña disgustada con los cambios sociales ocurridos en los últimos años. En su último discurso, en su salida de la Presidencia, el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado abrió el proceso de impeachment y Dilma fue apartada, ella vaticinó: estaban en juego las conquistas de los últimos 13 años. En los gobiernos del PT, de Lula y Dilma, hubo avances inalcanzables hasta entonces: reducción de la pobreza, ampliación de la clase media, red de protección para niños y niñas, jóvenes en las universidades y escuelas técnicas, valorización del salario mínimo, médicos atendiendo a la población, el sueño de la casa propia para seis millones de personas, el descubrimiento del pre-sal. “Lo que está en juego es el futuro del País, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más”, dijo.
El proyecto de desmantelamiento, con los ataques a los derechos fundamentales previstos en la Constitución y el impedimento de que Lula compitiera en las elecciones de 2018, con su condena y encarcelamiento sin pruebas, se puso en práctica. El gobierno ilegítimo de Michel Temer congeló el gasto público por 20 años y acabó con la CLT, el conjunto de leyes laborales de Getúlio Vargas. Vinieron además la venta espuria del patrimonio estratégico brasileño y ensayos de privatización amplia en el sector petrolífero y eléctrico, riquezas naturales del país imprescindibles para cualquier nación, en una afrenta sin precedentes a la soberanía nacional.
Bolsonaro apoyó la reforma laboral de Temer, que prometía modernización en las relaciones de trabajo y generación de dos millones de nuevos empleos, y hoy el resultado son 13 millones de desempleados y mitad de la fuerza de trabajo del país en la informalidad o buscando empleo. Ese fiasco desastroso, además de quitarles derechos a los trabajadores, llevó al aumento de la informalidad y a la llamada “pejotización” (obligar a los trabajadores a convertirse en prestadores de servicios que facturan a las empresas como personas jurídicas), que hicieron caer la recaudación de la Previsión Social en función de la informalidad en el mercado de trabajo.
Tras una elección basada en mentiras y sin debate de ideas entre los candidatos, Bolsonaro da continuidad al golpe y destruye conquistas democráticas del pueblo brasileño. Su gobierno actúa a favor del Estado mínimo, bajo un manto ideológico retrógrado y atrasado para encubrir descalabros, demostrando su incapacidad de retomar el camino del crecimiento económico y de la reducción de la desigualdad. El estímulo al odio y a la violencia, sumado a la persecución política contra quienes piensan diferente, muestra también el comportamiento enfermizo de Bolsonaro y cuáles son sus prioridades.
Él promovió asimismo un corte criminal en el programa Bolsa Familia; terminó con el programa Más Médicos, echando a los profesionales cubanos, que son referencia internacional cuando se trata de salud; asfixió el programa Mi Casa Mi Vida y viene promoviendo el desguace de la salud pública. Bolsonaro acabó también con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), principal órgano responsable de elaborar políticas de combate al hambre.
Bolsonaro ahora condiciona el crecimiento de la economía al trompazo asestado contra la jubilación del trabajador. No es solo la oposición la que critica la reforma previsional. Expertos señalan que el proyecto de enmienda constitucional va a perjudicar a los ancianos más pobres, los trabajadores rurales y las mujeres. Más que eso, tal propuesta acaba con la Seguridad Social como está previsto en la Constitución, que permitió crear una red de protección y bienestar social. Si no bastara eso, el ministro de Economía, Paulo Guedes, quiere desobligar al gobierno de invertir en salud y educación.
La tasa de desempleo en Brasil está en 12,7%; son 13,4 millones de brasileños buscando empleo, 28,5 millones de personas en situación de subempleo y 4,8 millones en desaliento total, o sea, desistieron de buscar trabajo. Con la economía estancada y la falta de confianza en un presidente sin proyecto de nación y un gobierno de destrucción nacional, la industria brasileña puso freno a sus actividades. La rueda de la economía está parada y todas las proyecciones, en apenas cinco meses de gobierno, vislumbran que viviremos un año perdido más.
Como si no fuera suficiente, el gobierno decidió cortar recursos fundamentales, poniendo en riesgo el funcionamiento del servicio público, sobre todo en las áreas de derechos humanos, cultura, educación y medio ambiente. El corte del 30% en el costeo e inversión de las universidades brasileñas, que deja a la educación pública con lo mínimo de lo mínimo y compromete la investigación y la ciencia, representa el fin de los tiempos.
Estamos ante un desmantelamiento del Estado nunca antes visto en el país. La fuerza de los estudiantes y docentes es un símbolo de la resistencia y lucha contra este gobierno nefasto. La oposición está solidaria. Estaremos juntos en este 15 de mayo para pelear contra el retroceso en la educación brasileña y los desmanes cometidos por Bolsonaro.
Por Gleisi Hoffmann. La autora es diputada federal de Brasil y presidenta nacional del Partido de los Trabajadores.
Brasilia, 25 de mayo 2019
Crónica Digital.
