El escándalo por el intercambio de mensajes del ex juez Sérgio Moro con fiscales para inculpar al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deshonra el sistema judicial brasileño y revela al ministro, cuya conducta es una mentira que necesita complicidad.
De manera exclusiva, el sitio digital The Intercept publicó el domingo una serie de reportajes, basados en conversaciones privadas, email y audios entre funcionarios públicos que participaron en la operación anticorrupción Lava Jato (en referencia al servicio de lavado de autos, primer sitio allanado en 2014 por los investigadores).
Las impactantes revelaciones confirmaron el papel político de la Lava Jato y Moro, así como la arbitrariedad de la indagación que condujo a prisión a Lula, quien desde el 7 de abril de 2018 cumple condena por supuestos actos de corrupción.
Tal publicación puso al desnudo como Moro, Ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, orientó, alertó y estimuló al procurador Deltan Dallagnol, al frente de Lava Jato, durante los procesos contra el ex dirigente obrero.
Por lo que muestran los trabajos periodísticos, Moro, Dallagnol y sus compinches actuaron de manera concertada para crear una farsa judicial y fraguar acusaciones con la finalidad política de impedir el casi seguro triunfo de Lula en las elecciones presidenciales que se realizaron en octubre pasado.
Los contenidos del equipo de periodistas, liderados por Gleen Greenwald, también responsable de los documentos publicados en 2013 de Edward Snowden, ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, muestran como la Lava Jato no resulta una acción jurídica, sino una operación política fuera de la ley.
Hace algunas semanas, The Intercept obtuvo las grabaciones a través de una fuente anónima. Los reportajes comienzan la serie con “Los mensajes secretos de la Lava Jato”.
El primero hizo públicas las motivaciones políticas que guiaron las acciones de la Lava Jato. El segundo revela cómo Moro instruyó a Dallagnol y sugiere cambios en las fases de la operación, proporcionando pistas y fuentes para la investigación, violando la neutralidad de magistrado.
Un tercer reportaje demuestra cómo la Lava Jato mintió en el Supremo Tribunal Federal sobre el caso de un apartamento triplex, en el litoral de Sao Paulo.
En esa causa se condenó al ex sindicalista por supuestamente recibir esa vivienda de una constructora a cambio de obtener contratos en la estatal empresa Petrobras.
The Intercept denuncia que las conversaciones entre Moro y Dallagnol demuestran que Moro “se ha entrometido en el trabajo del Ministerio Público –lo que está prohibido– y fue bien recibido, actuando de manera informal como un auxiliar de la acusación”.
Precisa el sitio que “la actuación coordinada entre el juez y el Ministerio Público por fuera de audiencias y autos (es decir, de las reuniones y documentos oficiales que componen un proceso) hiere el principio de imparcialidad previsto en la Constitución y en el Código de Ética de la Magistratura”.
Además de “desmentir la narrativa de los actores de la Lava Jato de que la operación trató a acusadores y acusados con igualdad”.
Moro y Dallagnol siempre fueron acusados de operar juntos en la Lava Jato, pero no había pruebas explícitas de esa actuación conjunta hasta ahora, remarca la página digital.
Al respecto, la defensa de Lula recuerda que en un comunicado formalizado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016 se demostró con innumerables pruebas que en la Lava Jato hubo una actuación combinada entre los fiscales y Moro con “el objetivo preestablecido y clara motivación política, de procesar, condenar y retirar la libertad de Lula”.
El abogado Cristiano Zanin denuncia que “la actuación ajustada de los fiscales y del exjuez de la causa, con objetivos políticos, sujetó a Lula y su familia a las más diversas arbitrariedades”.
Remarca que el restablecimiento de la libertad plena del ex Presidente es urgente, así como el reconocimiento cabal de que él no practicó ningún crimen y resulta víctima de lawfare, que es la manipulación de leyes y procedimientos jurídicos para fines de persecución política.
Por el momento, el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil anunció que investigará el intercambio de mensajes entre Moro y fiscales de la Lava Jato.
Mientras la Orden de Abogados de Brasil (OAB), que asegura “estar perpleja y preocupada”, recomendó que el ex juez y Dallagnol renuncien a sus cargos, mientras se investigan acciones ilegales que adoptaron para incriminar a Lula.
Para más leña al fuego, Greenwald comunicó que hay mucho más material a divulgar por The Intercept sobre la actuación ilegal de integrantes de la fuerza de tarea de la Lava Jato y Moro, quien parece empecinado en cubrirle el rostro a la mentira para que parezca verdad.
Por Osvaldo Cardosa Samón.
Brasilia, 11 de junio 2019
Crónica Digital / Prensa Latina.
BUENO SIGNIFICA QUE TAMBIEN BOLSONARO ES ILEGITIMO. COMO MADURO. AQUI NADIE SE SALVA Y DICEN SER UNOS MESIAS.
BUENO SIGNIFICA QUE TAMBIEN BOLSONARO ES ILEGITIMO. COMO DICE EL DE MADURO. AQUI NADIE SE SALVA Y DICEN SER UNOS MESIAS.