Construcción de impunidad: beneficios para genocidas en Argentina

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Pasaron más de 40 años de la oscura dictadura cívico–militar que dejó miles de víctimas en una Argentina con heridas abiertas, las cuales se profundizan cuando la justicia brinda beneficios a responsables de tantos crímenes.

Tristeza, pero sobre todo mucha impotencia causa en un hijo cuyos padres fueron detenidos–desaparecidos y siguen clamando justicia, en una madre que perdió a sus hijos, en una abuela que aún espera que aparezca su nieto robado.

Duele aún más al escuchar de una sentencia o de una noticia sobre esos genocidas, acusados de delitos de lesa humanidad, que cumplen condenas en el sillón de sus casas o en prisión, pero con beneficios.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, difundido en diciembre pasado, el 57 por ciento de los represores recibió prisión domiciliaria. Mientras, 36 genocidas aún permanecen prófugos, 862 fueron condenados, 22 resultaron absueltos y los juicios por alguna megacausa por crímenes siguen avanzando con lentitud.

Según el informe del pasado año, desde 2006 hasta septiembre de 2018 la justicia dictó 209 sentencias, fueron detenidas unas mil personas, pero las apelaciones de los abogados defensores beneficiaron al menos a 640 de ellas, casi todos miembros de las fuerzas de seguridad que cumplen tranquilamente condena en su casa.

La rabia y el dolor vuelven a sentirse con una noticia que ha generado estupor entre varias voces de derechos humanos, el beneficio de salidas transitorias a Juan Carlos Fotea, uno de los responsables de la desaparición del gran periodista y escritor Rodolfo Walsh.

Mientras testimonios de sobrevivientes señalaron haber visto el cuerpo sin vida de Walsh el 25 de marzo de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura, y hasta hoy se desconoce el paradero de su cuerpo, Fotea gozará ahora de este privilegio.

No solo pesa sobre sus hombros la muerte del escritor de Operación Masacre, uno de los fundadores de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, también la de otras muchas víctimas, como las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

Fue responsable del sector de Operaciones del Batallón de Inteligencia 601, encabezado por Raúl Guglielminetti, encargado a su vez de tareas de contrainteligencia en América Latina. Fotea fue sentenciado en 2011, en una larga lista en la que recibieron cadenas perpetuas otros 10 militares, y algunos quedaron absueltos en el caso de Walsh.

Suboficial de Coordinación Federal de la policía, donde entre otras cosas se colaboraba con las Fuerzas Armadas en el entrenamiento de técnicas para torturar, era miembro del temible grupo de tareas 3.3.2, la unidad que funcionó dentro de la otrora ESMA.

La decisión reciente de la Cámara Federal de Casación Penal de incorporar al beneficio de salidas transitorias de la cárcel al genocida, generó gran estupor en varias personalidades, desde la hija de Walsh hasta diputados y nietos robados durante la dictadura militar, entre ellos el actual legislador Horacio Pietragalla.

Según trascendió, la Sala II de Casación anuló un fallo de primera instancia que había rechazado el beneficio para el exmiembro de la Policía Federal, acusado de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la desaparición forzada del autor de “¿Quién mató a Rosendo?”.

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma se inclinaron por enviar el fallo nuevamente al tribunal oral federal número cinco para que dicte una nueva sentencia, lo cual en los hechos significa que el represor está a un paso de acceder al régimen de salidas transitorias, reflejó el portal Tiempo Argentino.

Patricia Walsh tenía apenas 25 años cuando asesinaron a su padre, uno de los grandes del periodismo y la escritura en Argentina y Latinoamérica. Un año antes había perdido a su hermana María Victoria, quien se quitó la vida tras ser rodeada por los esbirros de la dictadura en un operativo militar.

Hoy, con más de seis décadas de vida, Patricia sigue en su batalla por conocer el paradero de su padre. Incansable luchadora por los derechos humanos, desde su labor como diputada nacional (2001-2005) trabajó por anular la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que permitía ‘impunidad’ a los torturadores.

En este 2019, recibe la noticia que Fotea ahora tendrá el beneficio de salir en forma transitoria de la cárcel y su reacción no se hizo esperar.

Fotea se fugó a España de donde años más tarde se logró su extradición. Fue sentenciado en el Tercer Juicio de la ESMA a 25 años de cárcel, se había pedido una condena perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetrados. Ahora, le dan salidas transitorias. Esto, dijo, se llama “construcción de impunidad”.

“Dignifica un grado de libertad y es un genocida”, subraya Patricia a Prensa Latina y señala que hay pocas fotos en internet de estos temibles personajes.

“No es casual”, dice. El modo en que ingresan los fotógrafos a las salas del juicio para hacer su trabajo conspira en contra del ejercicio profesional. Ingresan de a grupos, se los apura, y se dispone a los acusados de un modo que están incluso mezclados con sus abogados defensores.

“Más allá de los muy señalados como (Jorge Tigre) Acosta, (Alfredo) Astiz y algunos más, el resto no tienen caras conocidas, se tapan el rostro o se ponen de costado cuando se los fotografía en la sala de los juicios, y estamos acostumbrados quienes somos querellantes, por las dificultades que advertimos a la hora de ponerle nombre a la foto de los genocidas”, indicó.

“Es parte también de la construcción de impunidad y de la denuncia que debemos hacer los trabajadores de prensa, con mucha dificultad para poder acceder a esos rostros, porque las caras de los genocidas, sobre todo si son liberados, deben ser publicadas más que nunca”, señala la también periodista y luchadora por los derechos humanos.

Cuenta Patricia que la presencia de los genocidas en la sala del juicio es mínima. Van al comienzo del juicio y luego al final, cuando se dicta la sentencia. El tercer juicio ESMA, señala, duró cinco años.

El cuarto, donde ella encabeza una de las querellas bajo el nombre de Justicia Ya, junto con el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, lleva dos años. Es ya de larga data la tendencia creciente a darles prisión domiciliaria y ahora salidas transitorias, subraya.

La hija de Walsh señala cómo hoy se agrava en los casos en los que se les morigeran las condenas al ser sentenciados. En el cuarto juicio ESMA, el Tribunal Oral Federal 5 le otorgó la libertad a uno de los nueve acusados, en este caso de apellido Ferrari, alias Pantera.

Eso motivó una protesta nuestra, de Justicia Ya, que llenamos la sala del público denunciando esa libertad. Es un genocida, debe estar preso. Es un peligro para la sociedad que se encuentre en libertad, denunció la psicóloga y política.

Patricia adelantó que recurrirán en queja ante la Suprema Corte por este caso. “La construcción de impunidad, como a cuenta gotas, es una operación que cuenta con una planificación previa y la venimos denunciando hace ya años”, remarcó.

El enojo por esta decisión también se siente en Horacio Pietragalla, legislador nacional y uno de los tantos nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Fotea, responsable de la desaparición de Rodolfo Walsh, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad, fue habilitado por casación a hacer salidas transitorias. Queremos una justicia que persiga a los genocidas, no que les otorgue beneficios”, escribió.

También sumó su voz de rechazo la parlamentaria Myriam Bregman y Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, quien calificó de gran impunidad los beneficios de salidas transitorias al responsable de tantas víctimas.

“Todos lo sentimos como un ataque a la memoria de nuestros padres. Fotea pertenecía al grupo 33.2 que en 1977 asesinó a mis viejos en Uruguay y me secuestraron a mí. Ya son muchos años peleando en contra de la impunidad”, señaló la activista por los derechos humanos.

Mientras los juicios orales contra acusados por crímenes de lesa humanidad siguen avanzando de a poco en el país, desde varios colectivos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo o los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio piden condena para los asesinos y no más impunidad y beneficios a los represores.

Por Maylín Vidal, Corresponsal Jefa de la Agencia Prensa Latina en Argentina.

Buenos Aires, 3 de julio 2019

Crónica Digital / Prensa Latina.

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